Congreso hidalguense, el derecho a ser golpeado

– El primer viso de esta actitud provocadora y hostil en contra de la prensa, se dio el viernes 15 de diciembre, cuando el coronel del Ejército Mexicano con licencia, que hace las funciones de portero del Congreso, Arturo Morales Morales, impidió la realización de las actividades de la prensa, cuando los periodistas buscaban datos y gráficas de una nueva represión contra manifestantes de Tizayuca.

Por: César Peña Sánchez / Desde Abajo

cesarpesa@hotmail.com

Pachuca, Hgo. México. La equivocada decisión tomada por los legisladores locales de endurecer las acciones contra quienes ingresaran al recinto local, ha derivado en los excesos que tuvieron su culminación en la agresión al periodista Martín Flores Hernández, en la sesión del pasado miércoles 19 de diciembre, lo que habla muy mal de este poder, luego de que ni siquiera ha podido estar a la altura de las expectativas del pueblo hidalguense.

Resulta ser un misterio cómo es que tanto al presidente de la Junta de Coordinación Legislativa, José Antonio Rojo García de Alba, como a los coordinadores parlamentarios de los partidos PRD, PAN, PT y Verde Ecologista, no les resulte suficiente la agresión también sufrida por varias alumnas de la telesecundaria de San Bartolo Tutotepec, acción que incluso consideraron como una exageración por parte de los paterfamilias y estudiantes.

El primer viso de esta actitud provocadora y hostil en contra de la prensa, se dio el viernes 15 de diciembre, cuando el coronel del Ejército Mexicano con licencia, que hace las funciones de portero del Congreso, Arturo Morales Morales, impidió la realización de las actividades de la prensa, cuando los periodistas buscaban datos y gráficas de una nueva represión contra manifestantes de Tizayuca.

Con lujo de violencia, este personaje la emprendió a empellones y palabras altisonantes en contra del comunicador Martín Flores.

Mientras el mundo de la “legalidad» existía desde antes una Ley de Prensa, a través de la protección a periodistas, y supuestamente se consolida con la Ley de Transparencia, las agresiones de este tipo se dan al amparo de los propios diputados, que ahora no pueden y no quieren detener al monstruo que han creado.

Ya no valen las disculpas de un ajeno José Antonio Rojo con su discurso insulso de: «yo no vi», para deslindarse de esta actitud represora e intolerante, que pone por los suelos a los legisladores locales, quienes siguen siendo un poder separado del pueblo, cuyas necesidades prefieren ignorar, por pacíficas que éstas sean.

Traicionando el nombre de “representantes populares», el legislativo han erigido una barrera que impide al pueblo -agraviado siempre en sus derechos-, protestar por la falta de respuestas, y por las omisiones. Socarronamente, en vez de sensibilizarse, se les echa la fuerza pública en una casa del pueblo, en donde ahora se tiene que protestar en silencio, como si así fuera la violencia estructural del Estado.

Avalar la violencia oficial sólo deja en claro que se han impuesto los intereses de una misma y estúpida clase política, que no deja lugar para disentir, y para la cual el garrote es el único camino que existe, por absurdo y grotesco que parezca.

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