Ante las afirmaciones del Congreso local sobre que “se tomaron en cuenta» a las organizaciones sociales para la elaboración de la Ley de Transparencia para Hidalgo, el presidente de la ACADERH, Pablo Vargas, desmiente el hecho y denuncia un desfase de la iniciativa.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
 Foto: Congreso del estado |
Pachuca, Hgo. México.- Luego de que el Congreso del Estado aprobara ayer por unanimidad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo, bajo la declaratoria de que en su elaboración se incluyeron a las organizaciones civiles, el presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH), doctor Pablo Vargas, salió al paso al desmentir lo afirmado por el diputado Julio Menchaca Salazar, presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Cámara. |
En entrevista, Vargas precisó que los diputados locales “apenas» se apostaron a escuchar y recibir las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en torno a la Ley de Transparencia, lo que dista de la real atención sobre la cual se ufanan los legisladores.
Y es que durante su intervención en la presentación de la Ley, Menchaca Salazar aseguró que las propuestas existentes al interior del Congreso presentadas por sus antecesores, así como la que hizo llegar el titular el ex gobernador Manuel Angel Núñez Soto en el 2004, “no fueron desechadas», sino al contrario, -afirmó-, “fueron tomadas en cuenta surgiendo así un documento rector enriquecido a través de 17 foros regionales y uno estatal, en donde participaron miles de ciudadanos hidalguenses a través de organizaciones civiles, públicas y privadas, colegios de profesionistas, quienes aportaron diversas propuestas».
Empero, el también integrantes de la Unión de Organizaciones de las Sociedad Civil de Hidalgo (UNIDOSC-H), enfatizó que dicha consulta a las asociaciones civiles independientes nunca existió:
“No es cierto. En el Congreso apenas hubo una atención para escuchar y recibir nuestras propuestas, pero en realidad no participamos en la formulación de la Ley. Por otra parte, no hubo ninguna consulta a las asociaciones civiles de manera pública, que no fuera el Consejo (Consultivo Ciudadano)».
En los 18 foros que se organizaron, solamente participaron sectores integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, un órgano dependiente del financiamiento del gobierno del estado, dirigido por el priísta Mario Viornery, sobre lo cual el académico opina: “La injerencia del Consejo Consultivo Ciudadano es buena en la medida que no venga como línea. Sabemos los alcances que tiene y no es representativo de toda la sociedad civil, (porque) tiene un carácter de interlocutor de los asuntos meramente internos».
Ante ello, Vargas señala que la Ley de Transparencia no serviría de nada si no cuenta con la inclusión de las propuestas de las organizaciones sociales independientes -100 en todo el estado, según el Diplomado de Profesionalización de OSC, impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)-, lo cual, de entrada, censura las posiciones de los tres poderes del Estado que afirman que la iniciativa es “de vanguardia».
“En primer lugar, aún cuando hubo 18 foros de consulta supuestamente abiertos, no pasaría nada si la Ley está bien, si realmente contempla mecanismos de avanzada, progresistas, propositivos hacia la transparencia; porque si la ley no viene con las propuestas de la sociedad civil, entonces sí es lamentable, porque quiere decir que no hubo una consulta a fondo, con posiciones críticas, ni propositivas. En eso se estaría marcando una exclusión de las asociaciones y de sus ideas y propuestas», dijo el académico.
Tarde
Para Pablo Vargas, existe divergencia en cuanto a la aprobación de la ley, dado que, si bien es cierto que luego de cuatro años de que la ciudadanía insistió, por fin existe una Ley de Transparencia para Hidalgo, la entidad se convierte en la penúltima en contar con una ley de este tipo, en tiempos en los que las discusiones sobre la materia giran en torno a la “constitucionalización» de la norma, lo que evidencia un desfase en los tiempos de la legislación hidalguense con respecto a las de otros estados.
Es decir, que mientras en Hidalgo, los tres poderes del estado por fin se atrevieron a aprobar la Ley de Transparencia y en tanto llega el año 2008, fecha en la cual tomará vigor, cinco estados de la República y el Distrito Federal ya discuten elevar el derecho a la información a la Constitución Política de México, para que se garantice un mínimo aceptable del ejercicio de este derecho, así como la posibilidad de crear un fondo de aportaciones que otorgue mayor autonomía financiera a los órganos garantes.
Ante ese escenario, el investigador prevé que la Ley de Transparencia para el estado termine por caducar ante los avances que en el derecho a la información se está teniendo a nivel nacional: “Ojalá que cuando la ley se ponga en función no sea ya anacrónica, cuando está a punto de constitucionalizarse el derecho a la información; o sea, hay que cuidar mucho eso. Tardó mucho en salir la ley. Ya salió, pero ahora va a tardar mucho en aplicarse y ojalá que cuando empiece no quede rebasada».
“De vanguardia…»
Según explicaron los diputados locales el lunes pasado, durante la presentación de la Ley de Transparencia, ésta es “de vanguardia a nivel nacional», dijo Julio Menchaca.
El legislador afirmó que la creación del Instituto de Acceso a la Información Gubernamental de Hidalgo será declarado como un “ente autónomo», “con personalidad jurídica y patrimonio propios, conformado por cinco consejeros, mismos que durarán en su encargo seis años, con opción a una reelección». Al respecto, ha trascendido que dicho organismo caerá en manos del Consejo Consultivo Ciudadano.
De igual forma, Menchaca dijo que la Ley de Transparencia entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, estableciéndose en los artículos transitorios los plazos para que la organización de todo el sistema de información y la obligación gubernamental de darla a conocer sea a partir del mes de junio de 2008, “tiempos que no obedecen solamente para alargarlos, sino es con al finalidad de contar con un sistema organizativo similar a la de países considerados como avanzados en la materia y en donde estos procesos han durado más de cinco años», recalcó el diputado.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuenta con ocho títulos, 118 artículos y cinco transitorios. Durante la sesión en la que esta ley fue aprobada subieron a la tribuna diputados de todas las fracciones legislativas representadas en el Congreso hidalguense, en todos los casos los argumentos fueron en favor de la iniciativa.
