Columna: Sobre la Mesa

En materia ambiental, Hidalgo sin protección

. La contaminación del aire, suelo y agua en Hidalgo va en crecimiento sin que exista la más mínima voluntad por afrontarla, detenerla y muchos menos revertirla. Apenas en 2004 publicaron la primera Ley para la Protección al Ambiente en la entidad, pero es letra muerta frente al ecocidio que se registra en la región de Tula, la depredación de los bosques en el Parque Nacional el Chico, la desprotección total de la Barranca del Meztitlán y la construcción de un exclusivo Club de Golf en Mineral del Monte.

Por Elsa Angeles / Desde Abajo

La contaminación del aire, suelo y agua en Hidalgo va en crecimiento sin que exista la más mínima voluntad por afrontarla, detenerla y muchos menos revertirla. Apenas en 2004 publicaron la primera Ley para la Protección al Ambiente en la entidad, pero es letra muerta frente al ecocidio que se registra en la región de Tula, la depredación de los bosques en el Parque Nacional el Chico, la desprotección total de la Barranca del Meztitlán y la construcción de un exclusivo Club de Golf en Mineral del Monte.

Para constatar la inmovilidad del gobierno estatal en materia ambiental, basta con revisar asuntos cotidianos como el destino final de la basura en cada uno de los municipios o la actividad sin control de industrias tan peligrosas como una planta de asfalto.

Basta conocer lo que sucede en el pequeño municipio de Zapotlán, vecino de la capital y muy cercano al Estado de México y el Distrito Federal, para entender la dimensión del problema.

Junto a sus campos de cultivo, desde hace más de diez años se encuentra en total abandono una planta de asfalto, cuyo propietario es la Secretaría de Obras del gobierno estatal. Un regalo de la empresa constructora Tribasa, que en ese lugar explotó una mina para extraer materiales que ocupó en la construcción de la autopista Pachuca-México.

Con total irresponsabilidad, el gobierno aceptó las instalaciones, las ocupó para el proceso de asfaltado y luego la abandonó, sin ninguna acción de recuperación del entorno natural. Pero lo más grave es que, desde entonces, la planta la ocupa para depositar desechos de las pipas, chapopote vertido al suelo sin ninguna medida de protección para evitar su filtración a los mantos acuíferos. Después de tantos años, el material ha formado una especie de jagüey, con un diámetro aproximado a los 20 metros.

La Secretaría de Obras también ocupa el lugar para el almacenaje de chatarra como llantas viejas, tambos con líquidos o sustancias que ninguna etiqueta descifra. Además está en tierras ejidales, pero el gobierno no paga ningún derecho por el mismo, ni cuenta con permisos oficiales para su existencia.

A un lado, la empresa Construcciones y Asfaltos de Hidalgo, S.A. de C.V. (CONASA) tiene tres años con una planta de asfalto en activo, sin contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal porque le han exigido presente un informe del impacto ambiental. Nunca han respondido a la exigencia y continúan trabajando sin que ninguna autoridad los moleste.

Para redondear el paisaje para los pobladores de Zapotlán, desde hace varios años, una barranca, a un lado de las plantas de asfalto, la utilizan como lugar para depositar la basura. También sin ningún control.

Todos estos residuos se filtran por el suelo y existe un alto riesgo de contaminación hacia los mantos acuíferos, en un municipio donde su fuente de agua son 28 pozos. Además, de ser vecinos, justo de campos de cultivo de los ejidatarios.

Los pobladores perciben el daño de estas tres actividades, ubicadas en el kilómetro 68 de la carretera Pachuca-México, muy cerca de la cabecera municipal de Zapotlán, pero a su demanda porque las autoridades supervisen la zona y determinen acciones para frenar la contaminación de la región, como respuesta recibieron visitas fugaces de funcionarios, promesas y nula atención a su problema.

La titular de Obras, Paula Hernández Olmos se comprometió a revisar el asunto de la planta de asfalto abandonada y su pronta reubicación; las autoridades municipales hasta firmaron un acuerdo para el pago de una renta mensual por el uso de tierras ejidales para el tiradero de basura y control del mismo. Nada han cumplido.

Por su parte, un inspector del Consejo Estatal de Ecología, recorrió el lugar y por informe sólo señaló que efectivamente la planta de asfalto del gobierno estatal está sin funcionar. Eso fue todo. Tan es así, que el propio director del organismo, Roberto Reyes Monzalvo, desconoce la situación legal y el tipo de contaminantes que generan las tres actividades en Zapotlán.

De nada sirvió hacer una ley y crear un organismo responsable del sector, si no cuentan con autonomía, presupuesto, recursos humanos y materiales, capacitación y conocimientos, para hacer realidad una política pública de protección al medio ambiente. (Desde Abajo)

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