. A propósito de la aparición de presuntas agrupaciones paramilitares, camuflajeadas como grupos guerrilleros hidalguenses, el Centro de Documentación de los Movimientos Armados en América Latina publico hace un año un minucioso artículo sobre la situación de la guerrilla en Hidalgo, mismo que a continuación reproducimos textualmente.
Por: Jorge Lofredo / CEDEMA
Con la aparición de un escrito firmado por el Comando Popular Clandestino (CPC) en Hidalgo y la declaración de “Alerta militar» por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR), las versiones sobre la presencia de actividad guerrillera en Hidalgo y en otros puntos de México se van consolidando paulatinamente. Sin embargo, tanto la aparición del CPC como el alerta conforman una situación que no es semejante a la que tiene lugar durante los últimos meses en el estado de Guerrero, debido al enfrentamiento intestino entre las organizaciones político militares, sino que guarda características diferenciales. En su declaración beligerante, el EPR caracterizo la aparición del CPC como otra faceta de la “guerra contrainsurgente», esta vez a través de la manipulación de siglas que se presentan como revolucionarias pero que resultan “grupos paramilitares».
Antecedentes difusos
Nada se ha sabido sobre el CPC hasta la aparición de su escrito (8 de diciembre) “en las inmediaciones del mercado municipal de Huejutla», según consta en la nota periodística de Ricardo Montoya (Unomásuno Hidalgo, 9 de diciembre), con la excepción de dos reportes: uno de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva y otro de la Secretaría de Seguridad Pública, que ubican una denominación idéntica en el Distrito Federal. Una circunstancia similar ocurrió con la reciente aparición del Comando Revolucionario de los Trabajadores “México Bárbaro», responsable de la detonación de explosivos en sucursales bancarias, y el Comando México Bárbaro, que en el 2003 reivindicó el secuestro del ex diputado Fernando Castro Suárez. En ambos casos, no hay indicios ni pruebas concluyentes que confirmen que se trata del mismo grupo. El CPC se presenta como un producto “del desmoronamiento de la cúpula eperrista en los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca y parte de Guerrero» aunque el EPR lo niega rotundamente, cuando señalan que “es completamente falso que se hayan dado en nuestro estado en fechas pasadas o recientes desmembramientos en las bases, militancia o dirección».
“El autodenominado Comando Popular Clandestino (CPC) –continúa el EPR– es un grupo paramilitar local que ya en ocasiones anteriores mediante otros membretes ha intentado de la misma manera sucia y burda crear cobertura a sus criminales planes: asesinar luchadores sociales que militan en organizaciones progresistas». Esta visión se confirma con las declaraciones de Ramiro Díaz Baltasar, dirigente del FDOMEZ (organización que el CPC involucró en su escrito), quien en una entrevista reproducida en el periódico Milenio (16 de diciembre) y firmada por Lydiette Carrión, aseveró que el CPC “es un grupo paramilitar con larga presencia en la región, y que en los últimos tiempos ha resurgido. Entre 1987 y 1989 se hacía llamar Frente Armado de Ajusticiamiento para la Liberación Campesina; posteriormente, en 2000, se autonombró Frente Indígena Reivindicador Zapatista [FIRZ]».
El 19 de marzo de 2001, el entonces gobernador Miguel Angel Núñez Soto respondía sobre la aparición de escritos rubricados por el FIRZ que “no conocemos ninguna organización y […] una, dos o tres personas pueden hacer este tipo de panfletos». En ese mismo lugar se le inquirió por la presencia de grupos paramilitares, a lo que el gobernador contestó: “Yo no los conozco, no los hemos visto». También en el año 2003 se había denunciado la presencia de encapuchados en las huastecas hidalguense y veracruzana, donde se conoció otro comunicado del FIRZ que acusaba a los miembros del FDOMEZ de “delincuentes y asesinos», además de otro informe oficial (“Carpeta Azul, Clave DDPVM:055, que sería un reporte elaborado en 1995 por la Dirección General de Gobernación del Estado de Hidalgo») que aseguraba la existencia de guerrilla en la entidad, según dio a conocer la periodista Rosa Rojas, de La Jornada el 21 de julio de 2003.
“Grupo paramilitar local»
No existen razones para equiparar los panfletos del CPC con la coyuntura divisionista de los grupos guerrilleros. Aunque el Comité Estatal y la Comandancia Militar de Zona del EPR señalan que “su principal objetivo es crear el ambiente favorable para iniciar una serie de asesinatos de carácter político contra luchadores sociales en la huasteca hidalguense, queriendo reeditar en forma y contenido lo que grupos paramilitares están haciendo en Guerrero y Oaxaca», ambas circunstancias no pueden ser igualadas. Lo que sucede en Guerrero es una disputa anterior, producto de las divisiones ocurridas en el seno del EPR (que han sido reconocidas por los propios eperristas) desde hace al menos ocho años y que ahora se han vuelto a recrudecer. En cambio, la irrupción del CPC sucede en una entidad que no se encuentra en el epicentro de la actividad guerrillera ni es la geografía de la dinámica de las divisiones conocidas; más aún, en esta ocasión no puede entenderse que se trate de una disputa dado que el CPC (y este es un dato de relevancia) no ha respondido ni a las acusaciones ni al “Alerta militar» del EPR, que cobra una mayor dimensión en importancia pues no son frecuentes estas declaratorias.
Aunque las huastecas son un espacio conflictivo, tampoco puede confirmarse o negar datos acerca de la existencia de otros grupos guerrilleros en el lugar y, sumado a ello, el EPR no ha registrado en el pasado una intensa actividad en el lugar. En sentido contrario, un recuento de los escritos producidos por el grupo muestra una reactivación de la actividad insurgente eperrista. El Manifiesto al Pueblo Hidalguense fue conocido en octubre de 1996, sin embargo, nueve años después se dieron a conocer dos comunicados, en el mes de noviembre, a los que ahora se les suma la declaratoria de “Alerta».
Si en estos últimos tiempos la actividad de propaganda y reparto de comunicados ha quedado reducida al espacio virtual, el CPC rompió con esa lógica y su escrito fue repartido cerca del mercado municipal, aun con los riesgos de seguridad que ello implica, sobremanera cuando se definen como un “nuevo grupo armado en la región». Al respecto, también resulta muy llamativa que en otras partes del texto se caractericen como “grupo armado». Dicen textualmente en dos párrafos: “los invitamos […] a que formen parte de este nuevo grupo armado» y a continuación remarcan que “el CPC hace por primera ocasión su aparición en la Huasteca hidalguense. Este grupo armado surge después del desmoronamiento de la cúpula eperrista». “Grupo armado» es una definición que identifica los medios utilizados por la sigla, no así su condición y, también, es una expresión de quien, ajeno a la agrupación, distingue su característica como factor de relevancia por sobre otras. Quien es parte integrante generalmente recurre a denominarse revolucionario o insurgente.
La versión oficial
Las distintas instancias del gobierno estatal niegan la presencia y actividad de grupos armados y guerrilleros. El punto máximo se alcanzó con una carta de aclaración enviada al periódico Monitor (18 de diciembre), signada por la Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, Martha Gutiérrez Manrique, donde expresamente señala: “En Hidalgo no existe evidencia de grupos armados, llámense guerrillas o paramilitares». La esquela se suma a las distintas declaraciones expresadas por el gobernador, diputados y senadores priístas en el mismo sentido.
Estas expresiones desechan las afirmaciones y denuncias sobre la existencia de grupos armados al menos desde 1987 como así también la presencia de “encapuchados». Sin embargo, aunque el gobierno de Hidalgo no es el único que recurre a la estrategia de negar la existencia de grupos armados, debe entenderse que al no reconocer su existencia ni las causas que producen su emergencia también desestiman las razones de los brotes de inconformidad y el rezago social, particularmente presente en las Huastecas.
Sobre esta cuestión, el propio CPC en su escrito comienza señalando que “en meses pasados el señor gobernador Miguel Angel Osorio Chong negó rotundamente la existencia de grupos armados en la Huasteca hidalguense, pero hoy aquí estamos presentes»; mientras que en los comunicados del EPR, esta respuesta está presente implícitamente en sus tres recientes escritos. Cabe recordar que la primera versión oficial sobre el EPR ofrecida por las instancias federales, resaltaban que se trataba de “una grotesca pantomima».
Sobre el CPC, tanto su silencio como alguna nueva actividad a futuro ofrecerán mayores certezas sobre su existencia y objetivos, y no sólo en Hidalgo sino también en Veracruz y San Luis Potosí, tal como afirman en su escrito. (En estas últimas entidades no hubo una dinámica similar a la ocurrida en Hidalgo, lo que reduce el área de influencia e interés del CPC a un solo estado.) En tanto se destaca un reacomodo del EPR, no tan sólo en el estado, que rompe con la delimitación histórica de sus espacios de acción (Oaxaca y Guerrero). Jalisco, Michoacán, Puebla, Chihuahua, el valle de México y Veracruz son algunos de los otros lugares donde los eperristas empiezan a confirmar su presencia. Hidalgo, en este desplazamiento geográfico observado, no parece constituir una excepción.
