Opinión: Las iniciativas sobre aborto: más allá de la jerarquía católica.

. Más allá de cualquier posición dogmática y/o moral, no podemos cerrar los ojos ante un problema de salud pública y de justicia social como lo es el aborto. Las mujeres tenemos la capacidad suficiente para elaborar nuestros propios juicios y a partir de ellos decidir. Esta decisión evidentemente no es nada fácil, pero como se ha visto a lo largo de muchos años de penalización, con ley o sin ley, y a pesar de las amenazas de la jerarquía católica, las mujeres siguen abortando en la clandestinidad, exponiéndose a morir o a vivir toda su vida con secuelas.

Por Otilia G. Sánchez Castillo / Desde Abajo

Existen dos iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para incorporar nuevas causales para la despenalización del aborto, las cuales han reabierto una polémica no resuelta desde hace mucho tiempo atrás.

Estas iniciativas fueron presentadas en noviembre pasado, una el 23 de noviembre por el Grupo Parlamentario del PRI, para modificar el Código Penal y la Ley de Salud para despenalizar el aborto y otra el 28 de noviembre por la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata para modificar el Código Penal.

Por la forma en que se ha manejado la información, pareciera que es una sola o que ambas presentan propuestas similares, sin embargo existen entre ellas diferencias importantes:

• La iniciativa de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata propone la despenalización del aborto voluntario cuando este se realice durante las primeras doce semanas de gestación y, se conmute la penalización por trabajo a la comunidad de 100 a 300 días, cuando el aborto voluntario se realice después de la décima segunda semana de gestación;

• La iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI propone la despenalización y legalización al aborto voluntario, dejando exclusivamente la penalización sólo “al que por medio de engaños o amenazas hicieren abortar a una mujer», con la agravante cuando “mediare la violencia física, es decir, cuando el aborto se realice en contra de la voluntad de la mujer. Así mismo, esta iniciativa propone reformas a la Ley de Salud, en términos de la obligación del gobierno de velar “por el derecho a la procreación consciente y responsable, reconociendo el valor social de la maternidad, la paternidad responsable y la tutela de la vida humana…»; reconoce el derecho de toda mujer “a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez», bastando sólo, para ejercer este derecho, “el que la mujer alegue ante el médico las condiciones que han sobrevivido a la concepción, situación de penuria económica, sociales o familiares, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso»; para estos casos establece que el médico debe informar a la mujer las diversas opciones que, además del aborto, existen, de tal forma que la decisión sea responsable, libre e informada; en caso de mujeres menores de edad, el médico tratante deberá recabar el consentimiento de la menor y de su padre, madre o tutor; en el caso de que los profesionales se nieguen a realizar un aborto, serán suspendidos de su actividad de uno a tres años, de acuerdo a los motivos que lo hayan orillado a tomar esa decisión.

Ambas propuestas coinciden en el plazo de las primeras doce semanas de gestación, para practicar un aborto, “ya que este ha sido aceptado por el mayor número de médicos de que no se pondrá en peligro la vida de la mujer».

Desde mi punto de vista, la iniciativa priísta es mucho más avanzada, ya que considera el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y la obligación del estado de velar por el respeto pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Lo único en que no estoy de acuerdo con esta iniciativa es en que se considere la sanción al personal médico que se niegue a realizar un aborto. Así como no se debe obligar a ninguna mujer a abortar, considero que tampoco se debe obligar a ninguna persona a practicar un aborto.

Más allá de cualquier posición dogmática y/o moral, no podemos cerrar los ojos ante un problema de salud pública y de justicia social como lo es el aborto. Las mujeres tenemos la capacidad suficiente para elaborar nuestros propios juicios y a partir de ellos decidir. Esta decisión evidentemente no es nada fácil, pero como se ha visto a lo largo de muchos años de penalización, con ley o sin ley, y a pesar de las amenazas de la jerarquía católica, las mujeres siguen abortando en la clandestinidad, exponiéndose a morir o a vivir toda su vida con secuelas.

Lo ideal sería que ninguna mujer se viera en la necesidad de decidir si aborta o no. Sin embargo, mientras persistan las causas que obligan a las mujeres a tomar esa decisión, es urgente que existan las condiciones legales e institucionales que permitan la interrupción del embarazo en condiciones dignas y de calidad en los servicios de salud, así como campañas educativas, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que permitan evitar los embarazos no deseados o no planeados.

“Educación sexual para decidir»
“Anticonceptivos para no abortar»
“Aborto legal para no morir»

 

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