Sentencia Laboral: Obra maestra de la infamia

– La sentencia de la JLCA es una obra maestra de la infamia y de la impudicia. No es reflejo del siglo XXI sino del siglo XIX, propio del porfiriato y de los cartones de José Guadalupe Posada en donde el político, el juez y el poderoso despojan impunemente al trabajador. Logra bajo argumentos endebles y carentes de toda legalidad convertir al culpable en inocente, al que cometió faltas graves en perdonado, al agresor en agredido, al violador en “blanca paloma».

Por: Dr. Pablo Vargas González / Desde Abajo

Antecedentes

El 3 de Enero de 2006, siendo Coordinador del Cuerpo Académico de Ciencia Política y Administración Pública, sufrí un acto de desalojo de mi oficina en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución de educación superior pública, en que cuatro funcionarios de la universidad se presentaron en mi cubículo a las 10:30 horas, pidiéndole de manera verbal desocuparlo por instrucciones de Adolfo Pontigo Loyola, director del ICSHU, sin que hubiera ninguna justificación y sin que presentaran ninguna notificación por escrito. Todo ello se dio con lujo de violencia puesto que hasta a la policía enviaron para el lanzamiento.

Lo anterior tuvo como antecedente que el 26 de octubre de 2005, fue destituido de manera irregular como coordinador del ÿrea de Ciencia Política, cuando estaba en un congreso académico, fuera de la ciudad de Pachuca, y tampoco sin que se me avisara por escrito, por lo que tuve que regresar repentinamente. Ese mismo día, entregué una carta dirigida al Dr. Luis Gil Borja, Rector de la UAEH, máximo cargo en la institución en que mencionaba el inicio, semanas atrás, de una campaña de acoso y de calumnias en mi contra por parte del director del ICSHU, con acusaciones: de que era “comunista», “perredista», y que hacía “proselitismo político», mismas que fueron vertidas en reuniones públicas y con académicos.

El cinco de enero de 2006 a las 20 30 hrs. me entrevisté con el Rector Luis Gil Borja para preguntarle cual era mi situación jurídica y académica y me contestó “que el no sabía nada», y agregó que “no permitiré ningún atropello», sin embargo como máxima autoridad universitaria no hizo nada para resolver un asunto de su plena competencia, generado a sus espaldas por una autoridad menor en la estructura universitaria y sin tener facultad para “despedir» al personal.

En varias semanas posteriores al 3 de enero, no hubo ninguna respuesta de las autoridades universitarias. El rector Luis Gil Borja no accedió a varias solicitudes de audiencia, para saber del caso y de mi situación laboral, todas las autoridades universitarias se cerraron al diálogo y a la negociación dentro de las normas de la universidad. Por el contrario se continuó con el despido de dos académicos más en el ICSHU: Tania Meza Escorza en Ciencias de la Comunicación y Tonatiuh Herrera en la licenciatura de sociología.

El 1° de Febrero de 2006 la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CEDH) emitió dos sugerencias: la primera que la UAEH haga “una exhaustiva investigación de los hechos sucedidos al, con el objeto de que no se le continúen violando sus garantías individuales y derechos humanos, otorgándole nuevamente los derechos laborales con que contaba antes de esta controversia». Y segunda, “Con el objeto de que estos lamentables hechos no se repitan en la comunidad universitaria, realizar las gestiones que sean necesarias para que los universitarios cuenten, dentro de esa institución, con un Ombudsman Universitario defensor de los derechos universitarios, que se encargue de orientar y resolver las violaciones que en un futuro pudiesen cometerse al interior de nuestra máxima casa de estudios».

No se atendieron estas sugerencias ni tampoco las del Consejo Nacional para erradicar la Discriminación en México (CONAPRED) las autoridades se las pasado, olímpicamente, por el arco del triunfo, escudándose en la “Autonomía universitaria» lo que ha permitido que no se sancionen trasgresiones a las garantías constitucionales de estudiantes y profesores. Y no existe ninguna autoridad que pueda intervenir ante este tipo de anomalías conocidas dentro de la comunidad universitaria.

1.- EL JUICIO LABORAL

Al no haber ninguna respuesta institucional y ante la negativa de las autoridades para solucionar el conflicto, el 28 de febrero de 2006, interpuse una demanda en contra de las autoridades de la UAEH involucradas: Luis Gil Borja, Juan Manuel Camacho ÿngeles y Adolfo Pontigo Loyola, bajo el expediente número 4/2006 radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado (JLCA). A partir de entonces se abrieron las etapas del juicio laboral. Y desde la “conciliación» el juicio estuvo plagado de amenazas, “chicanadas», y presiones por parte de los abogados de la UAEH tanto al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a mi persona.

Cabe agregar que el primer representante de la UAEH fue el Lic. José López Daniel, quién es abogado personal de Gerardo Sosa Castelán, como muestra de una clara injerencia en el caso, puesto que el abogado no labora en la UAEH. Después fue sustituido por los abogados Francisco Fonseca y Fidel Hernández quienes en todo tiempo actuaron de manera agresiva y prepotente.

Las principales anomalías y parcialidad fueron las siguientes:

— En la etapa de presentación de pruebas, los abogados negaron sistemáticamente los hechos imputados, declarando que “todos» los hechos eran falsos (audiencia 11/05/06).

— Los abogados de la UAEH en su respuesta a mi demanda “fundamentaron» tres vías del caso: 1) Renuncia 2) despido justificado y 3) rescisión laboral, ninguna de ellas fuertemente sustentadas. Es decir no tenían ningún “móvil» definido. Esto la facilitó la actuación parcial de la (JLCA).

— “Los abogados de la UAEH presentaron dos documentos alterados y fraudulentos de mi “renuncia», y a pesar de haber demostrado la falsedad de esta prueba a través de una investigación pericial de mi parte, la Junta de Conciliación y Arbitraje la consideró como válida.

— En las pruebas testimoniales, la Junta de Conciliación y Arbitraje (audiencia 12/06/06), mientras desechó mis testigos, en el caso de la UAEH, por primera vez fueron constreñidos a declarar altos funcionarios, exceptuando a Luis Gil Borja. Sin embargo los testigos: Adolfo Pontigo (director del ICSHU), Juan Manuel Camacho ÿngeles Director general Jurídico), Mario Salinas Díaz (secretario Administrativo), Luis Osorio Castro (director de Inventarios) no solo se condujeron con falsedades sino también expusieron evidentes contradicciones, que constan en la crónica de las audiencias (15 agosto de 2006).

— Inclusive presentaron a un funcionario que no estuvo en el despido del 3 de enero de 2006, David ÿvila Cortés, pero que inclusive firma el documento falso en que “acepto mi renuncia».

2.- LA SENTENCIA:

Después de incurrir en prácticas dilatorias, el presidente de la Junta de conciliación y Arbitraje, Lic. Andrés Navarrete, cito al pleno el 8 de junio de 2007 compuesto por él como representante del gobierno, la Lic. Lidia Hernández como representante del sindicato académico (SPAUAEH), y un representante de la UAEH, donde fueron “jueces y parte» y dictaron la sentencia donde:

a) Absuelve a las autoridades de la UAEH a reinstalarme en mi puesto como académico universitario con una antigüedad de 23 años, debido a que no “pude demostrar» el despido injustificado, y en cambio la UAEH si «mostró» sus pruebas.

b) Absuelve a las autoridades de la UAEH a pagarme todas las prestaciones médicas, del seguro social (IMSS), del SAR, los salarios caídos, y la aportación de jubilación.

c) Únicamente condena a la UAEH a pagar $ 29 251 pesos por concepto de prima vacacional y dos días de salario. Cuando los abogados me habían ofrecido las cantidades de $ 700 mil y luego $ 500 mil cuando preveían que sus argumentos no eran contundentes.

Toda esta sentencia se basó en un documento falso y alterado, producto de un delito de orden penal que la JLCA consideró como válido. Es un documento donde digo “Que ya estoy cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas, que es todo lo que tengo que manifestar», un párrafo que agregaron las autoridades de la UAEH a una acta de entrega recepción de mi oficina de la que me sacaron con lujo de intimidación y violencia verbal.

3.- RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

1) Desde la primera reunión de “conciliación» (26/04/06) planté el conflicto de intereses que tenía el propio presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lic. Andrés Navarrete, para conocer el caso puesto que era profesor en el ICSHU, mismo instituto donde se produjo el despido, por lo que era empleado de las autoridades universitarias. Hizo caso omiso de ello, y actuó desde el principio con evidente parcialidad, tanto él como otros funcionarios y empleados de la Junta.

2) De 43 pruebas que ofrecí presentar fueron desechadas 24 de ellas bajo argumentos rebuscados y que comprobaban el despido injustificado, tales como documentos, fotos y testigos que me favorecían. Y las que pruebas que dejaron fueron desestimadas, por ejemplo no valieron los nombramientos originales para mostrar la relación laboral con la UAEH.

3) En cambio hubo favoritismo y abierta parcialidad para las actuaciones de los abogados de la UAEH, quienes en todo tiempo tuvieron una actitud agresiva y amenazante, inclusive de faltas de respeto para mí y mis abogados. Lo más grave fue aceptar un documento alterado, en el cual se basó el laudo.

4) El laudo asumió en su totalidad todas las oposiciones de los abogados de la UAEH, y no examinó ni valoró en lo mínimo las pruebas presentadas por mi parte.

5) El pleno de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje compuesto por el represente del gobierno, de la UAEH y el del sindicato, que votó en contra mía. De tal suerte que el laudo me coloca en un acto de indefensión, puesto que configura un acto ignominioso ya que no tuve oportunidad de defensa.

4.- PAPEL DEL SPAUAEH

Desde el 3 de enero de 2006 Ramiro Mendoza Cano, Secretario del SPAUAEH ofreció su apoyo en el caso. En la realidad no intervino en ningún aspecto, no realizó ninguna gestión, y finalmente votó en mi contra respaldando la sentencia. Es de conocimiento público la actuación del SPAUAH como “sindicato blanco» de carácter pro patronal, y de nulo apoyo a los intereses de los trabajadores. El SPAUAEH es una estructura interna que sirve a los intereses políticos de Gerardo Sosa Castelán.

5.- POSICIONAMIENTO

1) La sentencia de la JLCA es una obra maestra de la infamia y de la impudicia. No es reflejo del siglo XXI sino del siglo XIX, propio del porfiriato y de los cartones de José Guadalupe Posada en donde el político, el juez y el poderoso despojan impunemente al trabajador. Logra bajo argumentos endebles y carentes de toda legalidad convertir al culpable en inocente, al que cometió faltas graves en perdonado, al agresor en agredido, al violador en “blanca paloma».

2) El laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje se aleja del principio laboral de realizar las actuaciones siempre “favorables al trabajador» por el contrario con toda impudicia desechó y descartó las pruebas que mostraban los ilícitos, y en cambio aceptó pruebas carentes de legalidad, falseadas y fraudulentas donde basó su sentencia.

3) El laudo, que consta de 29 hojas, e incluye jurisprudencia, no solo no aplica la Ley Federal del Trabajo y el Articulo 123 Constitucional sino que se aleja de su esencia y espíritu de ser un garante de los derechos laborales. No solo no hubo justicia laboral me despoja de mis derechos laborales y de mi patrimonio profesional, como son el empleo y las prestaciones básicas contempladas en la ley.

4) la justicia laboral en Hidalgo es una quimera. Los trabajadores se encuentran indefensos ante autoridades laborales carentes de sentido de justicia y honorabilidad. No habrá justicia laboral si se actúa en contra de los trabajadores, en beneficio de los patrones, y siguiendo líneas políticas que favorecen a quiénes tienen el poder económico y político. Ante todo esto el recurso de la ley es fallido y frustrante para los trabajadores, puesto que aun prevalece la impunidad y las decisiones alejadas de toda legalidad.

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