El caso de Pablo Vargas, en manos de la Justicia Federal

Este miércoles 4 de julio, el doctor Pablo Vargas González inició el procedimiento de juicio de amparo contra la sentencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), cuyo laudo favoreció a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el caso del despido injustificado del académico contra dicha institución. El investigador fue separado de su cargo en esta Universidad el 3 de enero de 2006, acusado de “comunista”.

Por: Tania Meza Escorza / Desde Abajo

Pachuca, Hgo. México. El juicio de amparo correspondiente al expediente 04/2006, contiene un alegato contra la sentencia de la JLCA porque esta instancia estatal no consideró las pruebas que el doctor Vargas presentó y, por el contrario, aceptó y ponderó en demasía las pruebas aportadas por la UAEH.

Con el arranque de este procedimiento legal, se está solicitando a la justicia federal el reconsiderar los aspectos que fueron parte del despido injustificado, así como el desechar el documento adulterado y fraudulento que presentó la UAEH, en donde Vargas González supuestamente renuncia a su plaza y a su trabajo como profesor universitario.

El procedimiento legal es el siguiente:

  1. Pablo Vargas presenta la solicitud de Juicio de Amparo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta lo remita al Tribunal Colegiado de Distrito (instancia federal), lo cual ocurrió este día.
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  3. Hay que esperar a que este tribunal acepte la Demanda de Amparo, lo cual demorará aproximadamente de dos a tres meses.
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  5. En caso de aceptación, el laudo emitido por la JLCA, que resultó en contra del doctor Vargas, será suspendido y el expediente radicado en la Junta Local se llevará para su análisis al Tribunal Colegiado del Juzgado de Distrito.
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  7. Aproximadamente ocho meses después de la posible aceptación, el Tribunal Colegiado emitirá una sentencia, ya sea en favor o en contra del académico.
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Al respecto, el doctor Pablo Vargas González aseguró: “Mi solicitud de amparo está plenamente justificada, se sustenta en el derecho y en las pruebas que nosotros presentamos en la JLCA y que no fueron atendidas ni sustanciadas adecuadamente por las autoridades locales.

“Espero que la Justicia Federal no se mueva por presiones políticas ni económicas, para que atienda este caso de acuerdo a lo que es justo, de acuerdo a las normas laborales y a la Constitución. Por ello, tengo plena confianza en que el resultado final sea favorable a mi caso”, concluyó.

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