Ricardo Juárez Palacios, funcionario de negro historial que autorizó confinadora en Zimapán

. Quien autorizó la construcción del confinamiento tóxico en Zimapán fue un ex funcionario de nombre Ricardo Juárez Palacios, quien, como consecuencia de su paso por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha enfrentado un total de 19 acusaciones y demandas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) de parte de organizaciones y científicos ambientalistas por haber entregado autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con “presuntas irregularidades, en favor del sector empresarial y en detrimento del medio ambiente”, en varias regiones del país.

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Pachuca.- Los permisos otorgados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del confinamiento en Zimapán estuvieron a cargo del ex director de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de esa dependencia, Ricardo Juárez Palacios, reveló el movimiento cívico Todos Somos Zimapán, lo que demuestra el vicio de origen del basurero tóxico, señalan, pues éste es un funcionario que desde el año 2001 a la fecha, ha enfrentado un total de 19 acusaciones y demandas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) de parte de organizaciones y científicos ambientalistas por haber entregado autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con “presuntas irregularidades, en favor del sector empresarial y en detrimento del medio ambiente”, de las cuales sólo seis investigaciones siguen su curso y el resto fue desestimado y archivado.

Todos Somos Zimapán destacó la información entregada el 2 de febrero de este año por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y publicada en el periódico La Jornada el pasado lunes 16 de abril, donde la SFP informa sobre «las acciones legales iniciadas, en proceso o terminadas», donde, de acuerdo al expediente OIC/07/2003 se contiene la documentación relativa a la investigación de quejas presentadas ante la SFP y desahogadas por el órgano interno de control de la Semarnat, «por presuntas irregularidades administrativas en contra de servidores públicos, dentro de los cuales se incluye al funcionario mencionado».

Los presuntos delitos ambientales perpetrados por Juárez Palacios fueron abordados por los diputados federales Sergio Augusto López Ramírez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Aleida Alavez Ruiz del PRD el pasado jueves 17 en el Congreso de la Unión, al mismo tiempo que el caso Zimapán llegaba al recinto por segunda vez durante la comparecencia del titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, ante dicha soberanía.

Allí, los legisladores cuestionaron al secretario sobre por qué la Semarnat no emprendió acciones en contra del ex director de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios, quien, aseguraron, otorgó autorizaciones de construcción que perjudicaron al medio ambiente.

Exigieron que los funcionarios de la Semarnat visiten los lugares con consecuencias ecológicas derivadas de los permisos que otorgó Juárez Palacios.

Entre las quejas por el otorgamiento de tales permisos destacan la autorización de la terminal de gas natural licuado de la empresa Chevron Texaco cerca de las islas Coronado, el cual fue finalmente cancelado este año por la propia empresa. Otra fue hecha el 17 de mayo de 2001, bajo el argumento de que «con abuso de cargo y de manera prepotente (el funcionario) ha condicionado la entrega de una concesión para la venta de artesanías y artículos de olaya en las isla de la Roqueta en Acapulco, Guerrero, a cambio de una determinada cantidad de dinero».

El IFAI da cuenta de que el 12 de febrero de 2004 se inicio una queja por el permiso ambiental para un delfinario en el club recreativo de Playa Palancar en Cozumel, Quintana Roo, sobre el cual hubo pronunciamientos de legisladores que pedían la suspensión de la obra, pero el 17 de noviembre el órgano interno de control de la Semarnat determinó que no se desprendía ninguna irregularidad, publicó La Jornada, en una nota de Angélica Enciso

Además, se presentan los casos de la autorización del proyecto Mar de Cortés, antes Escalera Náutica, que «aparentemente afecta y causa daño al medio ambiente en el alto golfo de California y al ecosistema», la SFP informó que aún esta en proceso y se requirió información a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a delegaciones de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

También está en proceso la queja sobre la autorización de la MIA del proyecto Costa Cancún, el cual fue autorizado el 23 de febrero de 2004, y preveía la destrucción de 377 hectáreas de manglar, destinadas a la conservación de la vida silvestre, las cuales sólo podrían utilizarse para actividades turísticas con «altas restricciones ecológicas», lo cual se ignoró y además se violaron diversas disposiciones oficiales como la norma oficial mexicana 022 relativa a la protección de los humedales costeros en zona de manglar y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Corredor Cancún-Tulum.

Sin resolución aún está la queja por la autorización a la empresa Ciclo Ambiental para operar un incinerador de residuos peligrosos en el municipio Baca, Yucatán; este caso se presentó el 21 de julio de 2006; en la misma situación está el permiso para la renovación de la Unidad de Manejo Ambiental en la isla de la Roqueta, Acapulco, denominada Eco Park.

También hay quejas desestimadas por la SFP porque trató de formar un «complot en contra de la estabilidad del titular de la dependencia; por tratos despóticos y autoritarios hacia el personal, y por autorizar «en partes los proyectos de las MIA y no en su totalidad».

Negra trayectoria

En la trayectoria de Ricardo Juárez Palacios como funcionario del Dgira en la Semarnart destacan las acusaciones en su contra de los grupos ambientalistas Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Grupo Ecologista del Mayab (Gema) de Quintana Roo por desacato a una orden superior para frenar obras y exigir permisos ambientales al hotel Mayan Palace Cancún. Además, dijeron, el funcionario falseó información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para proteger a esa empresa, destaca el rotativo nacional el 24 de mayo del 2006, en lo que fue uno de los últimos grandes escándalos contra el funcionario.

Además, el 16 de marzo de este año enfrentó acusaciones por haber autorizado “de manera ilegal” la construcción de dos proyectos turísticos en el estado de Jalisco; el primero de ellos, un campo de golf con hotel en la zona conocida como Tambora y un puerto privado para yates en Marina Careyes II, que constituyen n más de 6 mil 800 hectáreas de selva seca en dicha entidad, los cuales afectarán gravemente a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, según Claudia Schurch, de la empresa estadunidense Fleishman México, dedicada a temas de salud y biotecnología.

Ante todo lo anterior, la construcción de un confinamiento tóxico en Zimapán forma parte de una de las muchas autorizaciones que realizó Juárez Palacios.

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