Megáfono Global: México – Minimiza Gobernación lucha social en mensaje al EPR

México D.F., 10 de diciembre de 2007 (Cencos).- Para la Secretaría de Gobernación (SG) la guerra sucia contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es ?un invento? del grupo opositor, minimizando la desaparición de dos ciudadanos mexicanos, actos que denuncian diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

El EPR en su último comunicado del 3 de diciembre, en el que el grupo armado anuncia el último comunicado del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) señala que ?ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular?

En un texto del 7 de diciembre pasado que responde al último comunicado eperrista, la SG envía un mensaje desafortunado a los luchadores sociales.

En el documento del 7 de diciembre descalifica las acciones que emprenden luchadores sociales al afirmar que algunas organizaciones ?consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan las leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos? y agrega ?desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes es represión?.

De forma simplista, sostiene que ?sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado ?criminaliza? a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia?.

Diversas organizaciones como AMARC, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos ?Fray Francisco de Vitoria?, Centro de Derechos Humanos ?Miguel Agustín Pro Juárez?, Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación entre otros, han manifestado su preocupación ante la creciente criminalización de los movimientos sociales que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón en el marco del programa de seguridad nacional en el que se preparan reformas al Código Penal para ilegalizar la protesta social.

En la práctica, el gobierno federal está imponiendo la militarización del país, como la Iniciativa Mérida que contempla miles de millones de dólares para seguridad, el control de fronteras, el espionaje a la ciudadanía detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada.

Hostigamiento y desaparición a defensores de derechos humanos y luchadores sociales como los ataque e intimidación a integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejercito en agosto; del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas en octubre; de la red Todos los derechos para todas y todos, en Guerrero en noviembre, así como a Libertad de Información-México Asociación Civil (LIMAC) en Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, perpetrado en su domicilio ubicado en Tijuana en noviembre, entre otros muchos más.

Todo lo anterior en el marco de reformas jurídicas para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y sus derivados, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales, como lo advierte el colectivo Frente Nacional contra la Represión y en Defensa de los Derechos Humanos, que nace ante las condiciones de incertidumbre similares a las de las décadas de 1960–70 del siglo pasado.

Asimismo la SG reduce –en su mensaje al EPR– las demandas sociales al estado de derecho al que esta obligado a atender, olvidando el origen de las demandas ciudadanas como en el caso de los mismos eperristas desaparecidos que la secretaría a cargo de Francisco Ramírez Acuña dice estar investigando desde el 11 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa y el Ejecutivo instruyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a colaborar para esclarecer el paradero de los dos eperristas.

El texto de la SG dice que ?México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley?, sin embargo la represión en Oaxaca, en San Salvador Atenco, el caso paradigmático de los hermanos Cereso, el intento de imposición de megaproyectos como la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, la expulsión de campesinos indígenas tzeltzales de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano en Chiapas, son una muestra de la falta de voluntad política para el diálogo del gobierno panista de Felipe Calderón.

El Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles que entró en vigor en marzo de 1976, al que México se adhirió y lo ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a cumplir y vigilar, establece en su artículo 9:

1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta

2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

En el artículo 18 estipula:

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Artículo 21:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Cencos lamenta el tono que ha tomado la Secretaría de Gobernación y las señales que envía a las organizaciones sociales del país que, aunque no se justifica la vía armada para resolver conflictos, tampoco se justifican las descalificaciones a priori que hace de la lucha social y ciudadana a favor de la participación, condición básica en un estado democrático.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

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