Plan alimentario, despensa electoral

. Al término de las elecciones y una vez que el PRI obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso hidalguense, la utilización del Plan Alimentario como detonante para la coacción y compra del voto a favor del Priato, es el principal argumento de quienes hoy reclaman la elección de Estado del pasado domingo. Con el inicio d dicho plan el 12 de diciembre del 2007, una vez más, el régimen político existente en Hidalgo asegura tres años más, de los 77 que ya lleva en el poder.

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Pachuca.- El 12 de septiembre del 2007 –a unos días de arrancar el proceso electoral al Congreso del Estado-, el gobernador Miguel Osorio anunció el “programa alimentario de la administración estatal”, con el propósito de entregar despensas con valor de 105 pesos a un promedio de 100 mil familias en todo el Estado, girando instrucciones a las Secretarías de Desarrollo Social, Regional y el DIF de “barrer” la entidad para levantar el padrón de quienes de beneficiarían con él.

Dicho Plan, fue promovido arbitrariamente y a pesar de la Ley de Desarrollo Social que en 2006 aprobó el Congreso de Hidalgo, en la cual se precisa que se deben levantar padrones de beneficiarios de programas como el “Alimentario” en conjunción con los Ayuntamientos, sucedió lo contrario: En casos como los municipios de Jacala y Huejutla –donde gobierna el PRD-, éstos registros de quienes recibirían las despensas, fueron levantados unilateralmente a través de las Coordinaciones Regionales, dependientes de la Secretaría de Gobierno.

Ya algunos inconformes con esta acción, y a sabiendas que el Plan alimentario y los registros de beneficiaros serían utilizados para las campañas del PRI al Congreso, cuestionaban: ¿Quiénes son los que están levantando estas listas? ¿Serán estas las listas que se elaboran para este programa alimentario las que guardan a los electores de las próximas elecciones de febrero? ¿Quiénes hacen estas listas? ¿Quiénes conforman estas listas?

E insistían: “Sería muy penoso que ya teniendo una ley que sanciona el sesgo del desarrollo social en beneficio de un partido (…) se utilice a los que más lo necesitan (el programa) para que el partido en el poder siga ganando. Me parece que sería desastroso; no lo podemos tolerar. Estamos en vías de una elección y por eso este tema me parece muy importante porque coincide con que las listas que se están adoptando a espaldas de los ayuntamientos, sean dirigidas a personas que van a ser beneficiadas con una despensa a cambio de su voto”.

Al final, nada cambió. Los ayuntamientos nunca tuvieron conocimiento de la elaboración de estas listas o padrones de beneficiarios. La Secretaría de Desarrollo Social jamás informó al Congreso estatal sobre la integración del registro de los que serían los receptores del programa alimentario, definido por el Ejecutivo estatal.

Hoy, al término de las elecciones y una vez que el PRI obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso, la utilización del Plan Alimentario como detonante para la coacción y compra del voto a favor del Priato, es el principal argumento de quienes hoy reclaman la elección de Estado del pasado domingo.

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