Asesinan al abogado que luchaba contra el confinamiento en Jilotizingo; alerta en el sur de Hidalgo

Luego de haber ganado el 14 de febrero el Peritaje en el que se avaló que las tierras en disputa le pertenecían a los campesinos del pueblo de San Luis Ayucan desde antes de 1941 ante el Juzgado I de Barrientos, donde se llevó a cabo el procedimiento de la Denuncia de Despojo de tierras para hacer el relleno sanitario sobre el manto freático Cuauhtitlán-Pachuca, aproximadamente a las 20:00 horas del 12 de marzo pasado, cuando el Lic. Fernando Mayén Sánchez fue asesinado cuando regresaba a su casa en Rincón Verde por la carretera Chamapa-Lechería manejando un Volkswagen. Desde hacía varios meses Fernando Mayén ya le había comunicado a los integrantes del Comité Técnico Cuidadano de Jilotzingo que vía su celular, era amenazado de muerte.

Por Desde Abajo

El pasado miércoles 12 de marzo el Lic. Fernando Mayén Sánchez, representante legal de la defensa de los ejidatarios por la tenencia de las tierras de San Luis Ayucan, Jilotzingo, Estado de México, donde se pretende hacer el relleno sanitario sobre el manto freático Cuauhtitlán-Pachuca –que afectará al sur y centro del estado de Hidalgo-, fue asesinado.

En un comunicado oficial, el Centro Mexicano Ambiental (Cemda) informó que luego de haber ganado el 14 de febrero el Peritaje en el que se avaló que las tierras en disputa le pertenecían a los campesinos del pueblo de San Luis Ayucan desde antes de 1941 ante el Juzgado I de Barrientos, donde se llevó a cabo el procedimiento de la Denuncia de Despojo. Aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el Lic. Mayén regresaba a su casa en Rincón Verde por la carretera Chamapa-Lechería manejando un Volkswagen, fue asesinado con dos proyectiles de arma de fuego que le dieron muerte. Haciéndolo perder el control, el coche se estrelló contra el bordo de la carretera. Desde hacía varios meses Fernando Mayén ya le había comunicado a los integrantes del Comité Técnico Cuidadano de Jilotzingo que vía su celular, era amenazado de muerte.

Fernando Mayén fue un hombre que actuó conforme a derecho y defendió los intereses del pueblo de San Luis Ayucan, que por el contrario las autoridades estatales y la empresa a cargo del proyecto del relleno sanitario no sólo no lo hicieron, sino que violaron la legislación mexicana, comentó Rubén Mayen González, presidente del Consejo Técnico de Ciudadanos de Jilotzingo.

A través de su Director de Normatividad, Carlos Sánchez, la SMAEM emitió la autorización del proyecto violando la NOM-083-SEMARNAT que prohíbe la creación de rellenos sanitarios en zonas de recarga de acuíferos y cerca de aeropuertos; y con una serie de anomalías adicionales como autorizar que el control de los residuos fuera realizado por la misma CONFINAM mediante una bitácora en la que se llevaría el control con una supervisión semestral. La SMAEM no dio ninguna garantía a la comunidad sobre el tipo de residuos se depositarían.

A la vez la empresa CONFINAM desacató la orden de la Juez Yolanda Islas Hernández del Juzgado III de Distrito del Estado de México, que desde Julio del 2007 otorgó la suspensión definitiva de obras en tanto que se resolviera el juicio por la tenencia de la tierra. La empresa siguió trabajando para habilitar el lugar e incluso tiró en repetidas ocasiones basura.

En conferencias de prensa, el 18 de diciembre del 2007, Fernando Mayén comentó a los medios que era lamentable que en las autorizaciones otorgadas a favor del relleno sanitario, ninguno de los tres niveles de gobierno garantizara proteger el medio ambiente y la salud de los más de medio millón de personas que serían afectadas en los municipios del Estado de México y en los conurbados del Valle de México por el relleno sanitario de CONFINAM S.A. de C.V. Y argumentó que era muy importante que la población supiera de la magnitud del proyecto y las afectaciones que éste conllevaría, puesto que el proyecto es ilegal y el empresario Mauricio Gómez Báez no había actuado conforme a la ley.

Este asesinato es sumamente grave, demuestra la impunidad con la que han actuado las autoridades, siendo que existe una suspensión definitiva al proyecto del relleno sanitario y CONFINAM desacató la orden del juez. Las autoridades lejos haber escuchado los reclamos de los ejidatarios, han apoyado insistentemente el proyecto de relleno sanitario. Es por eso que hacemos responsables a las autoridades municipales y estatales por este asesinato y por cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir los ejidatarios y miembros del Comité, que simplemente han llevado a cabo la defensa de sus derechos civiles y ecológicos, denunció Josefina Mena Abraham, presidenta del Grupo de Tecnología Alternativa.

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