Hidalgo, segundo estado donde más se criminaliza la protesta social

De acuerdo al informe de la Red Todos los Derechos para Todos, Hidalgo es uno de los dos estados (el primero es Oaxaca) donde la criminalización de la protesta social sucede cuando el ejercicio del poder por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal “es aún de corte autoritario, no se consolida ni cultural ni institucionalmente el diálogo y la negociación como base de los mecanismos para resolver los conflictos que se dan entre los actores sociales y los gubernamentales. Y destaca dos conflictos sustanciales: El ecocidio ocurrido en la comunidad boscosa de Zacacautla, Acaxochitlán y el conflicto por la instalación del confinamiento tóxico en Zimapán.

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Pachuca.- El 18 de febrero de este año, la Red Todos los Derechos para Todos (red TDT) documentó los casos más significativos de criminalización y represión de la protesta social por parte del Estado en el país, en el que Hidalgo figura como una de las dos primeras entidades donde se utiliza el “autoritarismo” como mecanismo para destensar conflictos.


Policias reprimen manifestación contra campo de golf en Pachuca. (Foto: Cortesía)

 

En su informe denominado “Sistematización de casos de criminalización de la protesta social”, la Red TDT, conformada por las más importantes organizaciones de protección y defensa de los derechos humanos en México como los Servicios para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro o la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señala que Hidalgo se ha convirtió en el segundo estado donde más se reprime la inconformidad pública, junto con el Estado de México, apenas por debajo de Oaxaca; tres entidades gobernadas por priístas.

Básicamente, la Red TDT documenta el conflicto por la instalación del confinamiento tóxico en Zimapán como el principal detonante de la intolerancia gubernamental hacia las protestas multitudinarias de la población del lugar en contra del proyecto, lo que ha derivado en diversos actos de represión política y policiaca; el más representativo, ocurrido el 2 de diciembre del 2007, cuando cientos de granaderos disolvieron una manifestación, de la que resultaron 47 detenidos, entre ancianos y menores de edad.

Según esta organización, la criminalización de la protesta como la que ocurre en Hidalgo, sucede cuando el ejercicio del poder por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal “es aún de corte autoritario, no se consolida ni cultural ni institucionalmente el diálogo y la negociación como base de los mecanismos para resolver los conflictos que se dan entre los actores sociales y los gubernamentales”.

Además, persiste “la ausencia de garantías institucionales (marcos legales, valores y prácticas democráticas, canales de solución de conflictos respetuosos de los derechos humanos) para la exigencia de los derechos son una clara muestra de que la transición democrática en México ha quedado encajonada en los procesos de competencia electoral”.

Tal cual ocurre en Zimapán, el informe destaca como la represión y criminalización de la protesta social en el país, ocurre, en la mayoría de los casos, por una disputa por los recursos naturales. Y precisa que en México, en 41 de los 60 casos documentados sobre esto, “hay una disputa por algún recurso natural”

Zimapán y Zacacuala

Hidalgo es uno de los 16 estados donde se practica el autoritarismo y la judicialización como mecanismos para la resolución de conflictos sociales. En el caso propio de la entidad, la Red TDT se detiene a analizar dos: el ecocidio ocurrido en Zacacautla, Acaxochitlán y la represión en Zimapán.

En el primero de ellos, la Red TDT lamenta el papel negligente que jugó el gobierno del estado ante el asesinato de dos defensores de la zona boscosa de ese lugar, perpetrado por Margarita y Pedro Canales Templos, para invadir 53 hectáreas de bosque, talando y quemando árboles de manera ilegal, según la acusación de los vecinos

Sobre el conflicto en Zimapán, la organización acusa al Gobierno federal, estatal y municipal de operar junto con la industria española Befesa –dueña del confinamiento-, de “imponer el proyecto”, valiéndose “de la manipulación y/o ocultamiento de información”

Estos actores “buscan romper el tejido social, cooptar a algunos opositores cuando no intimidarlos, y en el extremo de la situación utilizan la violencia. Otra modalidad es la de aprobar el proyecto y empezarlo a realizar sin consultarlo con los afectados”.

El informe de la Red TDT para Zimapán, como la falta de información y consulta a los indígenas y campesinos afectados “es una de las estrategias que el gobierno y/o las empresas aplican para poder expropiar, adquirir o explotar los recursos naturales de aquellos. Los proyectos económicos en ocasiones no solo están ubicados en las zonas indígenas y rurales, sino también en las urbanas y en ocasiones afectan a estas tres zonas”.

De manera textual, el informe dicta: “El confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, es un ejemplo de este tipo de casos, en el cual los afectados son principalmente campesinos, pero también los residentes de zonas urbanas y comunidades circunvecinas al confinamiento. La empresa BEFESA es la encargada de operar este proyecto, con el apoyo del gobierno del estado de Hidalgo y de la presidencia municipal.

“El proyecto implica una disputa por el agua y tierra, principalmente y afecta el medio ambiente sano. Al igual que los dos casos anteriores, no hubo consulta a los afectados. La finalidad de la mayoría de los proyectos es expropiar los bienes sociales para beneficios privados.

“Son proyectos que se han impuesto principalmente desde las esferas gubernamentales y que no han respetado el derecho a la consulta e información de los directamente afectados, además han violado o representa una amenaza al derecho a un medio ambiente sano, al agua, la salud, al trabajo y la libertad, principalmente”.

Destaca como esta lógica “contraria a los derechos humanos” permite apreciar la naturaleza de estos proyectos, un desarrollo económico que excluye a las comunidades, colonias y/o pueblos de los beneficios de esas actividades.

Para la Red TDT, acciones represivas ante conflictos descritos ene l informe y que están representados hoy por hoy por el caso Zimapán, hacen plantear la hipótesis de que después de que en la década de los 80`s y 90´s se trasladaron bienes de la nación en manos del Estado como Telmex o Ferronales a la iniciativa privada, hoy lo que se busca es “mercantilizar los bienes comunales mediante un proceso de modernización vertical y excluyente impulsado por las cúpulas empresariales y políticas del país”; es decir, que hay un nuevo proceso de expropiación de los bienes comunales y sociales.

Como en Zimapán, “la mayoría de los proyectos económicos un actor importante es el gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), los cuales juegan un papel importante, ya sea como uno de los principales impulsores o bien como un promotor de proyectos impulsados por la iniciativa privada. En ese sentido, las organizaciones que están interesadas en el desarrollo social incluyente y respetuoso de los derechos humanos y no solamente en el desarrollo económico, están en desventaja frente a las instancias gubernamentales y a las empresas, con quienes entra en disputa por la realización o no del proyecto o la modalidad del proyecto”.

Además del gobierno, las empresas son actores que impulsan el proyecto, pero siempre teniendo como aliados a una institución gubernamental o algún ex funcionario público de alto nivel, precisan.

Hidalgo: represión como política

Hidalgo es uno de los principales estados en el país donde el Gobierno en turno ha dedicado sus esfuerzos políticos policiacos y parapoliciacos a reprimir y criminalizar la protesta social. De hecho es la segunda entidad en la cual se puede documentar que existe una intención constante del Ejecutivo a sancionar judicialmente a quienes defienden los derechos humanos.

Según lo explica la Red TDT, la política de represión y criminalización de la protesta social implica acciones represivas policiacas que nunca son investigadas y sancionadas. Al mismo tiempo se busca hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos.

“La criminalización de la protesta social es la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Lo anterior significa el traslado del conflicto social a la arena judicial, encarcelando y sometiendo a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones”, señala.

Y añade: “Cuando un gobierno responde a una acción de protesta social (marcha, mitin, plantón, bloqueo de carretera, entre otras) con una cerrazón al diálogo, represión policial, militarización, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, la equiparación de los luchadores sociales con delincuentes, el agravamiento de las acusaciones y la ilegalización de la protesta social estamos en presencia de la aplicación de una política de represión contraria a los derechos humanos y propia de un gobierno de corte autoritario”.

La Red TDT informa que los casos que se reunieron y que documentan la resolución de los problemas por la vía autoritaria y la judicialización fueron 28, pertenecientes a 16 entidades federativas y pueden ser encontrados en el sitio http://oaxacalibre.org/

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