. Nuevamente las elecciones del 9 de noviembre van en el mismo tenor; despilfarro de dinero sucio de parte de los partidos que no es auditado, una oposición cómplice y parasitaria y una autoridad electoral algo menos que putrefacta sin el menor asomo de credibilidad y decencia.
Por César Peña Sánchez / Desde Abajo
La turbulenta y oscura relación que mantuvieron el PRI y la autoridad electoral de Hidalgo, el IEE, en la pasada elección, llevó a ambas entidades a problemas de insolvencia que no pudieron ocultar sus genios financieros y cuyas deudas, además de que han superado el marco legal, siendo objeto de sanciones, han puesto en jaque sus capacidades y estados financieros.
Con la insana Reforma Electoral emprendida a nivel nacional, que pretendía evitar el gasto discrecional de los partidos en publicidad, llevó a un escenario que avizoraba la presencia de dinero debajo del agua producto de las ambiciones políticas y del desmesurado interés por no sobrepasar los gastos de campaña.
Producto de esto es que ahora el PRI adeuda desde la pasada elección de febrero, varios millones de pesos a dueños de los medios de comunicación locales que lo apoyaron y que por supuesto no entregaron factura alguna. De esto no hay constancia, salvo miles de espots, espacios y noticias no auditadas por el IEE.
A cambio de esta irregularidad que ha puesto contra la pared al Revolucionario Institucional que no tiene de donde echar mano para pagar ese dinero cuya promesa ha sido pospuesta para octubre, el árbitro electoral incurrió en una contratación fraudulenta de unidades de transporte público para el desplazamiento de papelería y funcionarios electorales el día de la elección.
Violando la normatividad, el IEE entregó corporativistamente esta responsabilidad a la Federación Única de Trabajadores del Volante (FUTV) que dirige David Rufo Navarrete, desde donde se despachó unidades fuera de cada Distrito Electoral cuyos dueños exigían su dinero que debía ser liquidado desde el mismo día de la elección.
Uno de los personajes claves del jineteo de cerca de millón y medio de pesos, así como del desconocimiento de la normatividad fue el propio secretario general, Francisco Ortega Sánchez, un viejo camaleón perredista, quien no tuvo empacho en decir que jamás hubo irregularidades cuando el dinero fue entregado en la primera quincena de junio a los transportistas.
Aunque esta trama de suciedad al interior del IEE puede alcanzar al propio presidente Daniel Rolando Jiménez Rojo debido a que sólo ellos no se enteraron que las camionetas con los paquetes electorales fueron despachadas y llegaron hasta las propias instalaciones de la FUTV, el acto es en sí deplorable.
Nuevamente las elecciones del 9 de noviembre van en el mismo tenor; despilfarro de dinero sucio de parte de los partidos que no es auditado, una oposición cómplice y parasitaria y una autoridad electoral algo menos que putrefacta sin el menor asomo de credibilidad y decencia.
Esta es la democracia libre a la que llaman en cada elección y a la que convocan el sistema de partidos y los gobiernos derechistas que no respetan ni siquiera la democracia electoral y ni que decir de la social o la política y con la que quieren hacernos creer que “todos participamos”.
Falso, nada más alejado de la realidad porque no todos avalamos ni participamos en esta corrupción moral que ni siquiera merece la menor atención de parte de la otra autoridad; la investigadora, que no sabe ni quiere saber este tipo de situaciones.
