Se investigará y documentará latente corrupción en sentencia judicial contra Alfredo Rivera

. Perla Gómez Gallardo, abogada de Rivera Flores, detalló las 57 “irregularidades, incongruencias y faltas de fundamentación y motivación” en el cuerpo de la sentencia judicial, entre las que destaca el rechazo de absolutamente todas las pruebas presentadas por la defensa, lo que significa un hecho más que irregular, sospechoso

Por Desde Abajo

Pachuca, Hgo., México.- Se investigará y documentará el latente acto de corrupción en los que han incurrido los magistrados de la 8va sala del Poder Judicial del Distrito Federal, quienes han sentenciado de manera ilegal a Alfredo Rivera Flores por supuesto “daño moral” en perjuicio del diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, personaje que demandó al escritor y periodista por sacar a la luz más de 20 años de crímenes cometidos por éste en su trayectoria como cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a través del libro “La Sosa Nostra. Gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”

Lo anterior fue declarado por el célebre periodista Miguel Ángel Granados Chapa –también demandado por prologar la obra-, en conferencia de prensa dictada en esta ciudad, en la que se informó del fallo obtenido por la 8va sala del Poder Judicial del DF en contra de Rivera Flores, instancia en la que recayó la apelación interpuesta por la defensa de los periodistas luego de la sentencia a favor de Sosa Castelán, perpetrada por el juez 29 de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas, en la que se juzga al autor de “La Sosa Nostra” por daño moral, en un juicio que ha tardado 4 año plagado de incongruencias y frivolidades.

Perla Gómez Gallardo, abogada de Rivera Flores, detalló las 57 “irregularidades, incongruencias y faltas de fundamentación y motivación” en el cuerpo de la sentencia judicial, entre las que destaca el rechazo de absolutamente todas las pruebas presentadas por la defensa, lo que significa un hecho más que irregular, sospechoso. Esto dado que los magistrados Humberto Navarro Mayoral, Manlio Castillo Colmenares y la ponente Marta Albarrán Montaño ratificaron sin aceptar apelaciones “la aberrante” sentencia que favorece a Sosa Castelán, en un acto que “se separa de la simple actuación del derecho, por lo que nos encargaremos de reunir las pruebas y demostrar el acto de corrupción en el que seguramente incurrieron los magistrados”, sentenció Granados Chapa.
“Bajo éste precedente en México está prohibido evidenciar el desempeño de figuras públicas, como es le caso del diputado federal Gerardo Sosa Castelán, artífice del ataque a la libertad de expresión, en perjuicio del derecho fundamental a saber”, declaró Gómez Gallardo.

Por eso, “ante la ignominiosa sentencia” de la Octava Sala del Poder Judicial del DF, la cual “afrenta la ley y al sentido común”, la defensa de Rivera Flores presentará un amparo ante la Justicia Federal para “poner un alto al artero ataque a la libertad de expresión. Se agotarán todas las instancias nacionales y de persistir la decisión de violentar el derecho a saber y coartar la libertad de expresión, el caso se llevará contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vía internacional”, señaló la abogada.

El juez 29 de lo Civil en el Distrito Federal, Miguel Ángel Robles Villegas, condenó al autor del libro “La Sosa Nostra, gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”, al determinar que la obra que a través de testimonios y recuentos hemerográficos documenta la historia de la Universidad de Hidalgo “es ilícita y por ello causó un daño moral a Gerardo Sosa Castelán”.

El Juez Robles Ville condenó a Rivera al pago por daño moral, la cantidad aun no se determina. Por otra parte, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien hizo el prólogo del volumen fue absuelto; a pesar de ello, el también escritor argumentó que se lesiona su derecho de expresión, por lo que apelará el fallo.

La sentencia de 23 páginas tiene más de veinte observaciones en contra que van desde el citar mal el nombre de los codemandados, del libro y los párrafos que según le causan daño moral al Diputado Federal Sosa hasta la ilegalidad de condenar con tesis aisladas por encima de la ley y Jurisprudencias del Poder Judicial Federal y la desestimación de la prueba pericial en psicología a la que fueron sometidos vulnerándoseles su dignidad por actuar de buena fe.

Gómez Gallardo señaló que el Juez dejó de atender el 80 por ciento de los argumentos hechos valer por los codemandados Miguel Ángel Granados Chapa como prologuista y el autor del libro entre ellos el derecho a la Libertad de Expresión, el derecho social a saber y la legalidad del ejercicio de documentar casos de interés público.

Bajo este escenario, acorde a la sentencia del Poder Judicial del DF, será ilícita toda obra que dé cuenta de la actuación de figuras públicas que realizan actividades de interés público, con lo cual, desde la autoridad se ataca la libertad de expresión que consagra nuestra Carta Magna y más aun se vulnera el derecho al escrutinio de las autoridades que hacen uso de recursos públicos con lo cual se debilita el derecho democrático a saber, apuntaron el autor y prologuista del libro.

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