[NUEVO LEÓN] La aplicación selectiva de la Ley

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), organización de la sociedad civil sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, por este conducto manifestamos nuestra inconformidad por: a) la selectiva y discriminatoria respuesta de las autoridades gubernamentales a la obstrucción de la vía pública realizada por policías municipales de San Nicolás de los Garza y Escobedo; y b) los ilegales “métodos de investigación” aplicados por la policía federal y/o el ejército en contra de algunos elementos de policía municipal en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, con la complacencia de las autoridades estatales.

Aunque no estamos de acuerdo con el delito de “obstrucción de la vía pública”, nos parece sumamente grave la aplicación selectiva de la ley, al no sujetar a proceso a todos los policías que bloquearon importantes avenidas del municipio de San Nicolás de los Garza, puesto que dicha conducta actualmente sí constituye un delito. Es evidente que las autoridades estatales y municipales sí aplican todo el peso de la ley a hechos o situaciones de esa índole realizados por ciudadanos, más no a los efectuados por servidores públicos, siendo que éstos son los más obligados a acatar la ley y a no utilizar sus uniformes, insignias y armas en interés propio, así como a no poner en riesgo la seguridad de la comunidad.

En cuanto a los operativos federales llevados a cabo por militares, reiteramos que son inconstitucionales por violentar las disposiciones del artículo 14, conforme al cual las investigaciones de los hechos delictuosos debe realizarlas el Ministerio Público antes de privar de la libertad a los presuntos responsables y no después de ello. Además, al realizar las investigaciones debe de abstenerse de infligir tortura o malos tratos a los presuntos involucrados. De nada sirve que la actual administración pública haya formalmente adoptado el Protocolo de Estambul , si en los hechos no lo aplica, permite y tolera la práctica de la tortura e incluso autoriza que un servidor público que fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como presunto responsable de actos de tortura continúe desempeñando funciones públicas como custodio de menores de edad privados de la libertad .

Y por si no fueran suficientes abusos la detención arbitraria y la tortura, ahora los elementos policíacos afectados están siendo amenazados de no volver a ocupar sus puestos sino hasta que hayan aprobado “pruebas de confianza”, ¿Acaso no basta con ser inocente de un delito y por ello recuperar la libertad? ¿Qué no dice la ley que la relación de trabajo se suspende por la detención del trabajador y se reanuda al recuperar éste la libertad por absolución?

También es sabido que hay ciudadanos que han sufrido abusos y delitos a manos de policías y a pesar de que esos ciudadanos afectados los señalan y reconocen como los responsables de un ilícito, continúan en libertad y el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y de Servidores Públicos no ejerce acción penal contra ellos.

La contundente realidad nos dice que las autoridades estatales y municipales se alían con las autoridades federales para violentar los derechos fundamentales de los policías y se alía con éstos para violentar los de los ciudadanos.

¿Hasta cuándo las autoridades municipales, estatales y federales seguirán aplicando (manipulando) selectivamente la Ley sólo en beneficio de sus intereses propios?

Nuevamente exigimos a las autoridades competentes se apeguen a criterios de legalidad y justicia, sancionando las acciones contrarias a la ley, independientemente del rol de los presuntos responsables a fin de que avancemos en el camino democrático, respetando el Estado de Derecho.

¡No a la impunidad, sí a la legalidad!
¡Juzgados sí, torturados jamás!

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

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