Acusan penalmente a mujer por practicarse un aborto, tras dos años de persecución

. Una ama de casa de 24 años, fue detenida en el municipio de Tepeji del Rio, Hidalgo y presentada ante un juez, acusada penalmente de interrumpir su embarazo, luego de dos años de pesquisas. A continuación el análisis del caso por el Dr. Pablo Vargas González, presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh):

Por Pablo Vargas González / Desde Abajo

El miércoles 5 de agosto pasado, el diario Plaza Juárez, en su sección regional publicó la nota “Tras las rejas por provocarse un aborto”, que informa de una mujer, ama de casa, joven de 24 años que fue detenida por parte de efectivos de la Coordinación de Investigación adscritos al Grupo Tepeji, que durante dos años la estuvieron persiguiendo hasta su captura. El supuesto crimen que cometió fue, aparentemente, haberse producido un aborto en 2007.

Fue detenida y debido a que en el Código penal del estado de Hidalgo el aborto es un delito, se encuentra a disposición de un juez para que la sentencie a varios años de cárcel. Araceli Sofía Ramírez Pérez está ubicada en una condición de vulnerabilidad extrema, aparte de ser estigmatizada se le están transgrediendo sus derechos fundamentales.

La información a todas luces es insuficiente. Se dice que en 2007 ingresó a distintos hospitales del IMSS en Tula y luego en Tepeji. Luego de ser dada de alta la mujer se retiró del nosocomio sin que tuviera problema alguno pero posteriormente la ahora víctima cambió de domicilio con el ánimo de enfrenta problemas con las autoridades. Supongo que en el expediente se encuentra una investigación a fondo para que el Ministerio Público de aquella región haya emitido una orden de aprensión. Esto pensando de buena fe, en el mejor de los supuestos.

A los vacíos en la legislación local para que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente, se encuentran las deficiencias con que las autoridades de salud y de justicia Agentes del MP y jueces) operan para tratar estos casos.

Habría que preguntarse si la agencia del MP y las clínicas del IMSS siguieron algún protocolo para canalizar a la paciente. Este es el tema de fondo, en estos casos. Puesto que se parte de que en estas instancias se desconoce el mecanismo de tratamiento para el caso de aborto ¿le abrieron un expediente? Los médicos y enfermeras le dieron la atención adecuada antes de prejuzgar si era moral o no la circunstancia que la llevó a urgencias medicas?

A esto habría que agregar que en 2007 se aprobó la “Ley General de Acceso a una Vida Libre sin Violencia”, que constituyó un gran paso para frenar no solo la violencia de género sino además iniciar un proceso para eliminar la discriminación, desigualdad y exclusión contra las mujeres en México.

Así mismo la protegen normas y tratados internacionales: como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Conferencia de Viena, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing.

Así, atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, seguridad y, por ende, el derecho de elección de las mujeres. Por lo que se habría de revisar por parte de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo su detención y dejarla en libertad para que tenga derecho a la defensa. Es pertinente reabrir el expediente e investigar cuales fueron las condiciones en que se produjo este aborto, sin prejuzgar condición de ninguna índole, y sobre todo adecuándose a la nueva legislación que protege a las mujeres.

No es posible que como ya está sucediendo en otras entidades federativas se criminalice a la mujer por ejercer sus derechos reproductivos. En Hidalgo debemos de alertar que no se deje un precedente negativo; y convocar a las autoridades que se garantice en todo momento los derechos de las mujeres y instrumentos internacionales de derechos humanos. Quiero recordar que en el artículo 4º constitucional 2º párrafo, señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos”.

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