[CHIAPAS] Alerto por agresiones a defensores de los Derechos Humanos

. Tenemos información de fuentes fidedignas que el propio Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, ha denostado y criminalizado el trabajo de este Centro, incluso personalizándola en nuestro Director Diego Cadenas Gordillo; este discurso del Gobernador coincide con los señalamientos que han hecho algunos medios de comunicación[15] afines a su proyecto político, tal como se establece en el Plan de Campaña Chiapas 94 cuyo objetivo, según se describe, es que el Gobierno del Estado junto con otras autoridades debe aplicar censura y control sobre los medios de difusión masiva.

Por Centro Frayba

Ante los hechos violentos[1] que pusieron en riesgo la integridad física de uno de nuestros compañeros defensores, el Centro de Derechos Humanos manifiesta que la reciente acción, perpetrada por integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)[2], forma parte de la estrategia contrainsurgente[3] implementada por el gobierno estatal y federal en su intento por neutralizar a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que acompañan a quienes defienden y reivindican distintos derechos en Chiapas.

En ese sentido el ataque a nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca perpetrado por integrantes de la OPDDIC, en el Ejido Jotolá municipio de Chilón, es prueba de la impunidad con que los grupos civiles armados de corte paramilitar continúan actuando en Chiapas en complicidad con grupos policiacos y militares en donde elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) horas antes se reunieron con los agresores, y por la cercanía en que se encuentra un puesto de revisión militar.

Aunado a distintas denuncias y advertencias de riesgo expresadas públicamente, la acción de agentes estatales y la omisión de autoridades competentes pone de manifiesto la complicidad del gobierno estatal[4] de Juan Sabines Guerrero y el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa por favorecer los planes contrainsurgentes en el estado.

Subrayando el contexto de contrainsurgencia recordamos que durante el año 2009 se ha expresado que:

• El pasado 26 de febrero la Junta de Buen Gobierno de los Altos denunció[5] la complicidad existente entre grupos paramilitares y el ejército mexicano quién realizó constantes sobrevuelos y patrullajes militares en comunidades zapatistas.

• El 27 de febrero este Centro de Derechos Humanos denunció[6] riesgo de posibles operativos policiacos y militares en contubernio con distintos funcionarios del gobierno estatal.

• El 19 de abril, mediante Acción Urgente[7], este Centro denunció la complicidad de integrantes de la OPDDIC con policías estatales para ejecutar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios de Agua Azul, adherentes a la Otra Campaña.

• El 16 y 19 de junio este Centro denunció[8] actos de persecución y hostigamiento en contra de sus integrantes, de estos hechos se señaló a agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) quienes a bordo de distintos vehículos sin placas realizan tareas de vigilancia y persecución.

• El 22 de junio este Centro se pronunció[9] por la manipulación de información por parte del gobierno estatal en su afán de mediatizar los conflictos sociales, contribuyendo a polarizar el clima de tensión en distintas zonas de Chiapas.

• El 22 de julio este Centro advirtió[10] el riesgo existente en la comunidad de Mitzitón debido a la presencia de civiles armados quienes amenazaron a los ejidatarios, adherentes a la Otra Campaña, para que desistieran de sus acciones de protesta en defensa de su territorio; de estos hechos se señaló a Esdras Alonso González, coordinador del grupo «Ejército de Dios»[11], quien el 7 de agosto inició demanda penal en contra del Director de este Centro.

• El 28 de agosto, mediante Acción Urgente[12], se recapituló y actualizaron distintos actos de vigilancia, persecución, hostigamiento y descalificación a los integrantes de este Centro y la labor que realiza con distintas comunidades y organizaciones de Chiapas, desde entonces se advirtió el riesgo hacia la integridad personal y psicológica del equipo Frayba y la obstrucción de su trabajo.

• El 2 de septiembre un periódico de circulación estatal publicó una nota de prensa[13] en donde se señaló a este Centro como «responsable» de un enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Santo Tomás, municipio de Ocosingo; un día después la fuente citada, organización ARIC – Unión de Uniones, desmintió la versión de los hechos que ponen en riesgo la integridad de los integrantes de este Centro.

• De abril a Septiembre el periódico Péndulo de Chiapas, mediante distintas columnas y notas de prensa, ha publicado[14] información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos, sin fundamento ni fuente sustentada ha tratado temas estigmatizando la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades.

Los hechos documentados durante este año son tan solo algunos eventos que han ido configurando el escenario de contrainsurgencia en Chiapas, contexto en el que este Centro desarrolla su trabajo de defensa de derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos advierte que la nula actuación por parte del gobierno estatal y federal para investigar, desmantelar y desarmar a grupos civiles armados de corte paramilitar, es de manera deliberada en el marco de la estrategia de contrainsurgencia confrontando a actores en resistencia y agudizando aún más la situación de Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Tenemos información de fuentes fidedignas que el propio Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, ha denostado y criminalizado el trabajo de este Centro, incluso personalizándola en nuestro Director Diego Cadenas Gordillo; este discurso del Gobernador coincide con los señalamientos que han hecho algunos medios de comunicación[15] afines a su proyecto político, tal como se establece en el Plan de Campaña Chiapas 94 cuyo objetivo, según se describe, es que el Gobierno del Estado junto con otras autoridades debe aplicar censura y control sobre los medios de difusión masiva.

Asimismo las palabras vertidas por el Secretario General de Gobierno, Noé Castañón León[16], a sabiendas que existe un ambiente de hostilidad en contra del Centro, hace declaraciones confusas[17] y señalamientos públicos[18] que contribuyen a agudizar las condiciones de hostigamiento y estigmatización en contra de los integrantes de este Centro.

Ante los graves hechos, este Centro de Derechos Humanos exige:

1.- El cese a la guerra de baja intensidad implementada en Chiapas.

a) Salida del Ejército del territorio indígena.

b) El desmantelamiento de los grupos paramilitares, que actúan bajo el cobijo del gobierno mexicano federal y estatal en las Zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas.

c) El alto a la censura, control e instrumentalización de los medios de comunicación para denostar el trabajo de los defensores de derechos humanos y criminalizar de la protesta social.

2.- Detención inmediata de los autores materiales e intelectuales de la agresión perpetrada en el Ejido Jotolá, hacia los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y Jotolá adherentes a la Otra Campaña y en contra de nuestro compañero Ricardo Lagunes Gasca.

3.- Que cesen las acciones de polarización y estigmatización, operadas por funcionarios del gobierno estatal, hacia el trabajo de defensa de derechos humanos que realizan los integrantes de este Centro.

4.- Se garanticen las condiciones básicas en la entidad y en el país, para hacer cumplir el respeto y ejercicio de los derechos humanos conforme a la Declaración de las Naciones Unidas Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos, y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.

De lo contrario, este Centro responsabiliza al gobierno estatal y federal:

Por cualquier acto de persecución, intimidación, hostigamiento y agresión en contra de quienes realizan labores de promoción y defensa de derechos humanos en comunidades y organizaciones en el estado de Chiapas.

Por cualquier acto que atente contra la integridad personal y la vida de cualquiera de los y las integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C, así como del patrimonio de nuestra institución.

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