[MÉXICO] Demanda Tribunal Internacional de Libertad Sindical la reapertura de LyFC y reinstalación de trabajadores del SME

. Esta es la Declaración del Tribunal Internacional de Libertad Sindical del mes de octubre, leído públicamente por Ana Colchero y el Informe Preliminar del Jurado, luego de las dos primeras sesiones públicas

Este Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado desde la sociedad civil mexicana e internacional, se ha constituido con base al llamado que numerosas organizaciones sociales y civiles tanto internacionales como de México han hecho bajo la denuncia o presunción de sistemáticas violaciones a los preceptos básicos de la libertad sindical establecidos en convenios internacionales aceptados por México y en la Constitución y las leyes de este país. Partimos de que, en cualquier país del mundo, estas libertades son básicas e imprescindibles para medir el grado de democracia existente.

El Tribunal no pretende reemplazar a los tribunales e instancias legales nacionales e internacionales relacionadas con esta materia, sino coadyuvar a que éstas se apeguen y procedan con oportunidad con base a la normatividad internacional en la impartición de justicia en México, sobre todo cuando existen denuncias fundadas de que en los marcos nacionales se falta al respeto o se vulnera de plano a las normas básicas de la libertad sindical por parte de las empresas y de la mayoría de las autoridades laborales.

Reunidos en Audiencia Pública los días 26 y 27 de octubre del 2009 en la Ciudad de México, las y los integrantes de este jurado internacional hemos escuchado la acusación general sobre la vulneración sistemática de la libertad sindical en México por parte de un grupo de destacados abogados y expertos, así como los testimonios de deiciseis organizaciones de trabajadores. Hasta abril del 2010 –cuando se volverá a reunir y sostendrá nueva audiencia pública en la Ciudad de México antes de emitir su resolución final– este Tribunal estará recibiendo más quejas o denuncias y pruebas de las organizaciones de trabajadores mexicanos y, desde luego, podrá recibir o escuchar los elementos de defensa que autoridades laborales o empresas deseen interponer, mismas que, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, han sido notificadas o lo serán en el curso de este proceso.

No obstante el carácter preliminar del trabajo realizado hasta ahora, y que por separado estaremos difundiendo un informe más amplio de las sesiones sostenidas, con los elementos y testimonios obtenidos y escuchados hasta ahora, las y los integrantes de este Tribunal podemos declarar que nos encontramos preocupados, sorprendidos y hasta escandalizados por la gravedad de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están ocurriendo en México, y podemos ya afirmar lo siguiente:

• Observamos graves, sistemáticas y sostenidas violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como en la Constitución mexicana y las leyes del trabajo de este país

• Más aún, vemos con gran preocupación que se vulneran también derechos civiles y humanos y garantías constitucionales junto con la violación de la libertad sindical

• Constatamos una grave ruptura de la legalidad en numerosos órdenes

• Observamos una institucionalización de la violencia contra todo movimiento de trabajadores que pretenda organizarse de manera autónoma o defienda esta autonomía frente a las empresas o el estado, e incluso la criminalización e la protesta y las dirigencias sociales

• Observamos restricciones y cohersión evidentes de la libertad de expresión, y el abuso de algunos de los grandes medios de comunicación en la tergiversación de los hechos reales, de la verdad

En particular, no necesitamos esperar para expresar nuestra más profunda preocupación y condena a los gravísimas violaciones a los derechos humanos, laborales y sindicales de más de 44 mil trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, cometidas con violencia por fuerzas policiacas y militares, además de una brutal campaña de algunos de los medios de comunicación contra el sindicato y su contrato.

En este caso, se afectan los derechos internacionales con plena vigencia en México, como el derecho al trabajo, al empleo estable, la prohibición de despidos arbitrarios y sin causa, a la seguridad social, “el derecho humano a un proyecto de vida”, la integridad y dignidad de los trabajadores, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se vulneran los derechos consagrados en la OIT del empleo, la libertad sindical y la contratación colectiva.

Asimismo, sin el debido proceso ni previa resolución de una autoridad jurisdiccional, se despidió por decreto a los 44 mil trabajadores, del mismo modo en que se extingue una empresa pública protegida por la Constitución y sin la autorización obligada del Congreso de la Unión que es el único responsable de su creación, lo que ocurre en el país de la primera Constitución avanzada de América, donde surgió el artículo 123 con derechos laborales para todo el mundo.

En el conflicto del SME, pero también en el caso que viene de tiempo atrás del sindicato minero, así como en el de los maestros del DF y otros que conocimos, consideramos que claramente ha sido quebrantado el estado de derecho, agravando el descontento social producido por la crisis actual.

Llamamos al gobierno mexicano a restablecer el estado de derecho y demandamos:

• La abrogación del decreto y la reapertura de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, así como la salida inmediata de la Policía Federal y el ejército de sus instalaciones

• La reinstalación inmediata de los trabajadores del SME con respeto a su contrato colectivo vigente

• Establecer una mesa de diálogo social con alternativas apegadas a la Constitución y a las normas internacionales

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