Vigilar cierre total de Minera San Xavier, exige Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental

. Semarnat y Profepa deben exigir rendición de cuentas a los responsables del desacato al fallo judicial de cierre de la empresa. Además, el organismo exige remediar los daños ambientales producidos a la población potosina y al entorno de Cerro San Pedro

Por Desde Abajo

Poner los sellos de clausura a Minera San Xavier, es sólo el primer paso para cumplir con la ley ambiental; sin embargo, es necesario que se vigile el cierre de la empresa y que los funcionarios responsables del desacato al fallo judicial de revocación de permiso sean llamados a rendir cuentas, exigió el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA)

A través de un comunicado de prensa, el OCVA indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben aplicar la ley de manera efectiva, ya que después de que deje de operar la transnacional canadiense, hay que hacer un análisis de los impactos provocados por la explotación a cielo abierto y los niveles de contaminantes que están afectando a la población y al medio ambiente en la región.

“Si las autoridades realmente creen es su dicho nadie por encima de la ley, que lo demuestren en el caso de Minera San Xavier, en el que los integrantes de Pro San Luis Ecológico y del Frente Amplio Opositor (FAO) han presentado pruebas contundentes del impacto ambiental y de las irregularidades en la tramitación y obtención de los permisos desde hace casi 10 años. Los sellos de clausura a la minera son sólo el principio de aplicar la ley, es necesario llamar a cuentas a todos los responsables de permitir que esta empresa siguiera en operación durante tanto tiempo”, dijo Beatriz Bugeda, presidenta del OCVA

“En el caso de Minera San Xavier está claramente identificada la responsabilidad de los funcionarios públicos que otorgaron los permisos legalmente. Por tanto, es un caso idóneo para exigir la tan cacareada rendición de cuentas del que hablan tanto las autoridades federales”, dijo Luis Bustamante, presidente de la Unión de Grupos Ambientalistas (UGAM) y miembro del OCVA.

“Las alteraciones al medio ambiente, a la flora y a la fauna, y los impactos sociales están consumados, alguien tiene que hacerse responsable de ellos, por una parte la empresa, pero por otra las autoridades locales y federales que violaron la ley por tanto tiempo. Pedimos responsabilidad, de eso se trata la rendición de cuentas, no de discursos políticos electoreros”, agregó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.

Cabe recordar que de acuerdo con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa mediante sentencia de 24 de septiembre de 2009 (cumplimiento de ejecutoria número 170/00-05-02-9/634/01-PL-10-04-QC-DA, en cuya página 239 se establece con absoluta claridad jurídica, que “…toda vez que es fundada la queja que se resuelve, con fundamento en el artículo 239-B, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se deja sin efectos la resolución de autorización condicionada al proyecto minero, a favor de Minera San Xavier, S.A. de C.V., contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA. DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, emitida por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se otorga a éste, quien incurrió en incumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el 5 de octubre de 2005, el término de VEINTE DÍAS para que emita y notifique a la parte actora la resolución a través de la cual dé el debido cumplimiento a la sentencia…”, esto es, “…que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo…”.

“El OCVA, y otros grupos de la sociedad civil, estamos esperando a que las autoridades actúen, que apliquen la ley y que se rindan cuentas a la sociedad. Que nos demuestren su voluntad política de vivir en un estado de derecho. De no ser así, el caso de Minera San Xavier pasará a engrosar el ya tan abultado expediente de impunidad en materia ambiental en nuestro país”, concluyó Bugeda.

El Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA) está integrado por 120 organizaciones. Para mayor información visitar el sitio www.ocva.org.mx

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