LLama Insyde a la creación de políticas efectivas contra la violencia

. México está sitiado por una concepción policial de la violencia que no permite la apropiación oficial de paradigmas modernos y democráticos de prevención. Insyde llama a los actores políticos y a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a modificar la ruta con acciones que reconozcan la gravedad de la situación y centralicen en su agenda política y de gobierno la construcción de políticas públicas en materia de violencia integrales, democráticas, informadas, participativas y sujetas a mecanismos públicos de rendición de cuentas

1. La violencia que los medios de comunicación reportan crece y se diversifica de manera acelerada. Según El Universal, enero de 2010 fue el mes más violento de los últimos cinco años, con “933 ejecutados” (2 de febrero de 2010).

2. La “otra” violencia, la que no llega a los medios, también crece y se diversifica, según se desprende de las centenas de testimonios levantados por Insyde y otras organizaciones de la sociedad civil a lo largo del país, así como de estudios empíricos realizados desde el sector académico.

3. Este Instituto no tiene noticias de mediciones técnicas a cargo del Gobierno Federal o del Sistema Nacional de Seguridad Pública que arrojen una reconstrucción precisa y suficiente para saber de qué está hecha la violencia a lo largo del país. Un conocido teorema expresa que cuando un problema no se conoce bien, tampoco puede resolverse.

4. Tampoco tiene noticia de la diseminación de modelos de política pública entre los municipios y las entidades federativas, que impliquen marcos teóricos, plataformas metodológicas e información empírica suficiente para entender y abordar la violencia desde una perspectiva compleja y multidimensional. Una evidencia de la debilidad metodológica crónica y masiva es que no se escucha a las y los alcaldes y gobernadores mencionar el concepto de “factores de riesgo”, mismo que está en la base de la medición moderna de la violencia.

5. México está sitiado por una concepción policial de la violencia que no permite la apropiación oficial de paradigmas modernos y democráticos para su prevención. Las autoridades hablan de que la violencia debe ser enfrentada de manera integral, pero no existe ni un solo caso, evaluado por actor especializado independiente alguno, que certifique la implantación de una experiencia integral exitosa o al menos prometedora de prevención de la violencia.

6. Por su parte, los medios de comunicación en general no cuentan con las plataformas de profesionalización que les orienten hacia formatos de cobertura equilibrados y socialmente útiles, lo que les lleva al alarmismo y la sobreexposición de la violencia, tal como muestra el estudio dado a conocer por Ciudadanos en Medios, Democracia e Información, A.C., (El Universal, 1 de febrero de 2010).

7. El Instituto no tiene noticia de resultados prometedores o exitosos derivados de los esfuerzos desde la sociedad civil organizada y el sector académico, encaminados a informar la toma de decisiones en las instituciones públicas en materia de prevención de la violencia.

8. Tampoco cuenta con información que certifique la diseminación regular y amplia de esfuerzos comunitarios prometedores o exitosos en la prevención de la violencia.

9. En el sector oficial y en el independiente pueden apreciarse esfuerzos extraordinarios para prevenir la violencia y aplicar las consecuencias legales contra quienes la ejercen, pero esos esfuerzos son aislados y de corto plazo, por lo cual no echan raíces en diseños de política pública normativos e institucionales, y tampoco en modelos de participación social consistentes y duraderos.

10. La más dañina de todas las opciones en este momento es seguir por el mismo camino. Por eso, Insyde llama a los actores políticos y a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, a modificar la ruta con acciones que:

a) Reconozcan la gravedad de la situación y se pronuncien por la no violencia;

b) encabecen la indignación contra quienes ejercen la violencia ilegítima;

c) centralicen en su agenda política y de gobierno la construcción de políticas públicas en materia de violencia democráticas, informadas, participativas y sujetas a mecanismos públicos de rendición de cuentas;

d) diseñen e implementen programas de trabajo que articulen la conducción política e institucional con la participación de actores independientes especializados, acercando así el conocimiento de frontera a la toma de decisiones;

e) propicien, y no obstaculicen, el desarrollo de mecanismos autónomos de reconstrucción del tejido social hacia la no violencia;

f) se involucren con tareas específicas en la imperiosa construcción colectiva de un espacio público democrático, donde prevalezcan el interés público, la legalidad, el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y la resolución integral de conflictos.

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