Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
En pleno siglo XXI se está organizando una nueva “cruzada” conservadora, que es atentatoria a los derechos mas elementales de las mujeres. En el marco de la escalada de iniciativas que se dieron en 18 entidades federativas, que curiosamente le llamaron “Por la vida”. Esos estados han aprobado, sobre todo en gobiernos PRI y PAN, leyes que penalizan el aborto, en abierta confrontación contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
En pocos meses, se gestó una iniciativa ultra retrógrada y conservadora empujada por los sectores derechistas del país, y que los principales partidos (el “nuevo PRI” y el PAN), han apoyado para perseguir e incluso encarcelar a mujeres que han decidido la interrupción del embarazo. Los casos más patéticos son los de Guanajuato, Puebla y Veracruz en donde se envía a los centros psiquiátricos a las mujeres que pretenden alguna modalidad del aborto.
En los últimos días, algunos gobiernos locales han ido lejos. Han interpretado la ley de manera torcida y han generado una labor punitiva contra mujeres como si fueran criminales. En el estado de Puebla, que en años pasados se cuestionó al gobernador –“gober precioso”- por sus vínculos con redes de pederastia, hoy nuevamente se convierte en victimario. En 2009, según la procuraduría local se encarcelaron 30 mujeres, inclusive estando en condiciones graves de salud.
Veracruz no se queda atrás. A la fecha nueve mujeres fueron sometidas a proceso judicial en Veracruz por abortar, en algunos casos de forma no intencional, y ocho de ellas están en prisión, acusadas de homicidio calificado, según el Instituto Veracruzano de la Mujer. No ha importado que una mujer haya muerto ni tampoco importan las condiciones de salud en que se realizan los abortos (La Jornada, 28/01/10).
Alberto Brunori, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) ha señalado que “en el último año se han aprobado en el país reformas legislativas que pudieran constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres”. Puntualizó que se deben establecer estrategias que incluyan “el acceso efectivo al servicio de aborto seguro, en las circunstancias previstas por la ley y a dar a conocer la variedad de métodos anticonceptivos, como método de concientización sobre los riesgos de la interrupción del embarazo”.
A pesar de los notables avances jurídicos en igualdad y acceso a una vida libre de violencia de las mujeres como son: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aún queda mucho por hacer cuando vemos violencia, discriminación e injusticia reflejadas en los medios de comunicación, donde se ve a la mujer como objeto sexual, en las estadísticas y en la vida diaria de miles de mujeres son víctimas de algún tipo de violencia.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que a 10 años de su resolución es necesario reconocer la lucha de tantas y tantas mujeres que en el proceso histórico han demostrado con argumentos teóricos y jurídicos las limitaciones, obstáculos y violencia de que han sido objeto por una construcción sociocultural.
Por lo que ha sucedido en diversos estados, organizaciones civiles han convocado a la concentración nacional que se realizará el próximo jueves 4 de febrero para exigir el derecho a una maternidad libre y voluntaria. La manifestación se realizará frente a la Cámara de Diputados Federal, en la ciudad de México a las 11 horas. Se exige que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger “la vida desde el momento de la concepción”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
En diciembre del 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, firmaron el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, en respuesta a las reformas constitucionales en 18 estados. Está claramente en juego los derechos de las mujeres, el Estado Laico y el Estado de Derecho en México.
