No a la violencia

por Pablo Vargas González / Desde Abajo

Los acontecimientos del martes 20 de abril, en que un grupo numeroso de campesinos procedentes de Yolotepec, municipio de Santiago de Anaya irrumpieron en la sede del Congreso Local, en busca del diputado Reyes Vargas Paredes, desde luego es reprobable pero también requiere de una investigación minuciosa, lejos de politizar y partidizar el caso y que se deslinden responsabilidades en el conjunto de acciones violentas.

En una entidad inmersa en el proceso electoral como se encuentra Hidalgo, todo tipo de violencia, física, verbal, social o institucional enrarece el entorno social y político, y a la vez resulta intimidante para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en libertad.

Deslindar en la investigación, de forma necesaria, entre quienes encabezaron al grupo y planearon la sustracción del diputado y organizaron el “grupo de choque”, del resto de la gente que acudió a la defensa y restitución de un derecho, es todas luces pertinente. Hidalgo es una región donde la violencia social e institucional tiene fuerte arraigo. La percepción que tiene la población de la justicia contradice fuertemente los discursos formalistas.

Si bien se debe aplicar la ley -código penal- también es claro que debe de hacer una investigación a fondo de las causas y responsables de los hechos. En este caso en que un grupo social de campesinos llegó de manera agresiva al recinto oficial de sesiones de la cámara de diputados pero que, en la mayoría de los que protestaban no esperaban la magnitud de confrontación ni enfrentarse a la autoridad.

Según algunas fuentes, es cierto que el numeroso grupo, los que encabezaban llegaron armados con instrumentos contundentes y otros los adquirieron en la cercanía del lugar que está en obras, pero no todos, puesto que había ancianos, señoras y niños. Hace falta la versión de todos los protagonistas para poder hacer un juicio cercano a la verdad.

Por otra parte la causalidad de la acción es conocida por la opinión pública: la denuncia contra un legislador, no es nueva, salió desde hace meses en la prensa local, e inclusive grupos de campesinos llegaron a la misma Cámara y al Palacio de Gobierno, sin obtener una respuesta.

Definitivamente, las demandas sociales deben de presentarse ante los canales establecidos, y ejercer los derechos de expresión, petición y manifestación de manera pública y abierta eso es defendible por la ley. En lo que no está de acuerdo es la manifestación de la demanda social empuñando instrumentos contundentes, y sin mediar ninguna medida de dialogo.

En el acontecimiento global, es necesario que la objetividad de la comunicación de los acontecimientos sea un aspecto central en el esclarecimiento de los hechos. También son reprobables las distorsiones y prejuicios que se han lanzado, incluso con sesgos partidistas que no solo no ayudan sino que “echan gasolina al fuego”. Por ejemplo en su programa de la televisión local, Patricia del Villar sigue de modo faccioso distorsionando la información y etiquetando e imputando responsabilidades.

Evitar los prejuicios no es asunto menor. Porque en Hidalgo se ha discutido los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y este ha sido otro tema. Hay que deslindar y separar “los usos y costumbres” de los pueblos indígenas, que son resultado de prácticas de mayorías consuetudinarias y tienen mayor legitimidad que muchas otras decisiones, con estos acontecimientos de violencia.

Si bien son repudiables los actos de violencia contra el Congreso Local, no pueden quedar fuera de la investigación los excesos policíacos contra los campesinos y otras personas involucradas. Es un exceso denunciar a los campesinos y líderes como “terroristas”, no hay un fundamento ni evidencias para tipificar una protesta social, agravada de violencia, con un acto terrorista; poco ayudaría en contexto nacional de criminalizaron a la protesta social.

En una escalada creciente, y sin control de la violencia, que tiende a ser mas compleja y delicada cuando no existen metas y objetivos claros de una “guerra contra la delincuencia” resulta peligroso en Hidalgo en pleno proceso electoral que se den mensajes de autoritarismo, de guerra sucia, de “campañas negras” que pueden ser incontrolables. Los hidalguenses merecemos un entorno de libertad y apertura para tomar decisiones.

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