La Sosa Nostra: Ataque judicial contra la libertad de expresión

. Está en juego la libertad de escribir libros académicos que documenten la historia a través de sus actores y el escrutinio que se debe hacer a las figuras públicas en las sociedades democráticas.

Pachuca, Hgo., México (Agencia Desde Abajo).- Después de cinco años y siete meses de tramitación del Juicio de daño moral (que no debió pasar de 2 años) el Tribunal Colegiado negó los amparos de Sosa y Rivera en donde por un lado queda firme la absolución de Granados Chapa y los demás que intervinieron en el libro pero por otro condenan al pago de una cantidad en dinero indeterminada a Alfredo Rivera con una saña que se configura por tres cosas:

1) Lo castigan hasta por lo que no hizo.- utilizando teorías de hace más de 200 años, le sancionan no sólo por elaborar el libro sino por publicarlo y distribuirlo (estas dos últimas cuestiones que realizó la editorial sobre la cual es autor retiró la demanda), este elemento es determinante y que el Juez que cuantifique el daño debe tomar en cuenta el grado de participación de quien lo causa;

2) Le niegan la aplicación del principio de retroactividad en beneficio (en donde no debería pagar cantidades exorbitantes) acorde a la Ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, vigente desde el 2006 que ya no sanciona en dinero sino con la publicación de la sentencia; violentando el artículo 14 constitucional; y

3) Dejan de atender los últimos criterios de la Suprema Corte en donde queda claro que una figura pública en difusión de información de interés público tiene un grado de protección menor que las personas que no ejercen gasto público. Mismos que fueron invocados por la defensa y dejaron de razonarlos. (Caso Ley de imprenta Guanajuato y Martha Sahagún Vs Proceso y Olga Wornat)

Además de lo anterior destacan como irregularidades que el día que se aprobó el sentido del fallo se nos hizo esperar cuatro horas para conocerlo, que para ser atendidos por el Presidente del Tribunal hay que esperar cinco horas (no dan citas) tardaron más de 20 días para publicar la resolución cuando se debió hacer en máximo quince, negaron la entrega de copias (solicitadas y ordenadas en el expediente) por instrucciones del proyectista Federico Escutia por lo cual se tuvo que pagar para su fotocopiado retrasando la entrega de la resolución 3 días más.

•Datos del Juicio de Amparo: Expediente 82/2009, Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito que preside el Magistrado Gonzalo Jiménez Arredondo (ponente de la resolución) encargado del proyecto de resolución Federico Escutia Koba, resuelto por unanimidad por los Magistrados Gustavo Parrao Rodríguez, (secretario de triibunal en funciones, Julio Rogelio Coronado Medina, Secretario de Acuerdos Ernesto Ruíz Pérez

El 6 de agosto del 2004 se inició demanda por daño moral en contra de los que participaron en la elaboración del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo de Alfredo Rivera Flores, prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa, edición Miguel Ángel Porrúa, diseño de portada Enrique Garnica Ortega, formación tipográfica Libraria S. A. de C. V., fotografía del autor Héctor Rubio Traspeña.

Un juicio que debió tardar ocho meses en primera instancia se llevó más de cuatro años para obtener la primera sentencia, convirtiéndose en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas.

Al respecto hay que señalar que el actor del juicio, Gerardo Sosa Castelán, es una figura pública por los diferentes cargos Públicos que ha tenido, entre los que destacan: Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, precandidato al gobierno de Hidalgo, exPresidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional y ex Diputado Federal. Por otra parte las manifestaciones vertidas en el libro objeto de este litigio se refieren a hechos ciertos y conocidos, por lo que no se ataca su honor o vida privada.

Desde el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa, la Abogada Perla Gómez Gallardo lleva de manera gratuita este caso emblemático que documentará para realizar estudios especializados y proponer las adecuaciones legislativas correspondientes. La Fundación para la Libertad de Expresión FÚNDALEX cubre los gastos del juicio evitando la presión económica de los demandados.

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