Mujeres criminalizadas

por Pablo Vargas González / Desde Abajo

Es hartamente conocido el giro que tomó la aprobación de la interrupción libre del embarazo cuando la Asamblea Legislativa en 2007 tuvo la visión y los tamaños de reconocer a las mujeres la decisión en su salud reproductiva, es decir en el cumplimiento constitucional de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. A partir de entonces en 19 entidades federativas se formó una coalición entre políticos del PAN y del PRI, para evitar que en sus estados pudiera llegar esta medida digna para las mujeres.

Se trata de una embestida contra uno de los bastiones del conservadurismo: el aborto. En algunos de esos estados, las iniciativas derechizantes llegaron al colmo, como es el caso de Guanajuato, “la cuna de la Independencia nacional” y el recipiendario del Bicentenario. Empero en 200 años tal parece que sigue imperando las decisiones de la Iglesia novohispana y las instituciones coloniales.

De 2000 a lo que va del 2010, 166 averiguaciones previas han sido iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de las cuales la mayoría son contra mujeres, 11 mujeres estuvieron bajo un proceso penal por el delito de aborto, y 9 sentenciadas a septiembre de 2008, estas mujeres fueron denunciadas en su mayoría por las y los médicos de los hospitales públicos del estado; procesadas, sentenciadas y encarceladas por el delito de aborto.

El Centro Las Libres, de Información en Salud Sexual Región Centro A.C., tiene documentado los casos de 6 mujeres que están en la cárcel sentenciadas por el “delito de homicidio en razón de parentesco de un producto en gestación” . Estas mujeres no cometieron el delito de aborto, mucho menos el delito de homicidio en razón de parentesco, ya que tuvieron abortos espontáneos, accidentales o productos de una violación.

Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato les configuró el delito de homicidio en razón de parentesco sin tener los elementos necesarios para acreditar dicho delito, y las sentenciaron a la pena máxima que va de 25 a 35 años de prisión. Las mujeres procesadas son mujeres pobres, que no tuvieron acceso a una educación básica, a servicios de salud, mucho menos tuvieron acceso a educación sexual, además, los hombres que las embarazaron no se responsabilizaron de ese embarazo.

Es por ello que organizaciones de la sociedad civil de todo el país, integrantes del Pacto por la Vida, la Salud y los Derechos de las Mujeres, ante esta indignante criminalización de las mujeres que violenta nuestros derechos fundamentales, exigen a Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador del Estado, a las diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Guanajuato, al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Lic. María Raquel Barajas Monjarás, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato:

La derogación de los tipos penales Aborto, y Homicidio en razón de parentesco, establecidos en el Código Penal para el estado de Guanajuato, pues ambos contenidos son ambiguos, no son claros, ni precisos, lo cual da lugar a una interpretación contradictoria y subjetiva por parte de los las autoridades del órgano jurisdiccional, quienes se encargan de dictar las sentencias y resoluciones de los procesos.

Piden además el reconocimiento de inocencia de las mujeres encarceladas. Exigen que las autoridades reconozcan que las mujeres fueron ilícitamente y falsamente acusadas a través de una fabricación de pruebas, y que el Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato reconozca públicamente que no hay delito que perseguir y que las pruebas en las que se basaron para sentenciar a las mujeres no son pruebas fehacientes, por tanto son pruebas ilícitas y carecen de sustento legal.

A 200 años de Independencia México sigue cargando lastres del pasado, precisamente en la cuna de la independencia. Los próceres guanajuatenses (Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama), ahora mismo se levantarían para defender los derechos de las mujeres y contra los factores que siguen colonizando al país.

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