por Otilia G. Sánchez Castillo
El día de ayer se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En este año se cumplen 20 de que fue instaurada esta fecha durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado realizado en San Bernardo – Argentina, en 1990, la cual se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, y la recordamos como el día del «vientre libre» para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.
Dentro de las actividades conmemorativas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, ANDAR, la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe y la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir convocaron al Seminario Internacional “Mitos y Realidades sobre el aborto”, que inició ayer y hoy concluye, realizado en el edificio sede de la CDHDF en la ciudad de México. Además, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, convocó a una gran marcha convocada por que partió del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México. También en las diferentes ciudades del país y de la región, las feministas y mujeres del movimiento amplio, realizamos diversas actividades para reivindicar nuestro derecho por una maternidad libre y voluntaria, y favor de la despenalización del aborto.
A pesar de las reformas aprobadas en el Distrito Federal desde hace poco más de tres años, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de mujeres que deciden interrumpir su embarazo en nuestro país aún no tienen acceso a los servicios de aborto seguro, poniendo en riesgo su vida, sobre todo en los estados que modificaron sus Constituciones, como una estrategia de la jerarquía católica, principalmente, con sus aliadas y aliados de diferentes partidos políticos.
Es por ello que en el marco de este 28 de Septiembre de 2010, las organizaciones y personas que participamos en el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres queremos hacer visible que la situación del aborto y de los derechos reproductivos en nuestro país es grave y amenaza la vida de muchas mujeres, sobre todo la vida de las más pobres. De acuerdo con un estudio reciente que realizó el Colegio de México en colaboración con organismos académicos internacionales como el Population Council y el Instituto Guttmacher, y datos de IPAS México:
* Se estima que los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500,000 abortos en 1990 a 870,000 abortos en 2006.
* La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo.
* Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto busca u obtiene atención hospitalaria. Del 2000 a la fecha, en promedio en México, 500 mujeres son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.
El acceso al aborto y las condiciones en que se da implican un grave problema de salud pública y de justicia social. Las mujeres con recursos pueden acceder –aun clandestinamente- a un aborto seguro sin poner en peligro su vida, su salud y su libertad. En cambio las mujeres pobres se practican abortos también en la clandestinidad pero de manera insegura y con ello arriesgan su vida y, en muchos estados del país, su libertad. El caso más emblemático es el de Guanajuato, en que mujeres que abortaron de manera espontánea, fueron encarceladas bajo el cargo de homicidio en razón de parentesco y, ante la presión nacional e internacional, fueron recientemente liberadas. Aún en contextos de legislación restrictiva, el estado debe ofrecer tratamiento oportuno y libre de la amenaza de persecución judicial a las mujeres que acuden a los servicios de salud con abortos en curso.
Las organizaciones y personas que participamos Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigimos al Estado Mexicano que:
Ponga de inmediato en libertad a las mujeres presas por abortar.
Detenga y erradique el uso de procesos judiciales contra las mujeres que han decidido
interrumpir voluntariamente un embarazo.
Despenalice el aborto en todo el país.
Garantice el acceso al aborto legal para todas las mujeres.
Asegure educación sexual, información amplia y científica y acceso a anticonceptivos para toda la población, especialmente, para la población joven del país.
Respete el carácter laico del Estado Mexicano
Garantice el acceso a la justicia.
Garantice las condiciones para una maternidad libre y voluntaria.
¡Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el estado garantiza, las iglesias no intervienen!
