9 años sin Digna

por Tania Meza Escorza

Hace nueve años las mujeres y hombres que trabajamos en torno a los derechos humanos en México recibimos una noticia terrible: Luego de varios intentos, por fin los poderes oscuros contra los que luchaba la aguerrida abogada Digna Ochoa y Plácido, habían logrado asesinarla.

Varios años antes de su muerte, la abogada Digna Ochoa ya había sufrido intentos de asesinato, tentativamente por parte de los hombres poderosos a quienes ella afectaba con su trabajo.

De acuerdo con la Agencia Cimacnoticias, en octubre de 1999 tres sujetos entraron a la casa de Digna en la Ciudad de México, le vendaron los ojos, la interrogaron por varias horas, la ataron a una cama y la encerraron en un cuarto con un tanque de gas abierto, pero logró escapar.

Denunció sin éxito las agresiones y amenazas por lo que ante la falta de garantías para salvaguardar su integridad, en noviembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la CoIDH, le otorgaron medidas cautelares y provisionales, respectivamente.

Pese a ello, el 19 de octubre de 2001, fue encontrada sin vida en su despacho en la Ciudad de México. Tenía un disparo en el muslo izquierdo y otro en la cabeza, y una nota que decía “…si siguen así, a ustedes también les va a tocar”.

Otra gran mujer, la destacada periodista Rosa Rojas, escribió un texto muy ilustrativo sobre los motivos que tenían algunos poderosos para asesinar a Digna.

En “Biografía y asesinato de Digna Ochoa”, Rosa Rojas expone que Digna fue una valiente luchadora por los derechos humanos. Nació en Veracruz el 15 de mayo de 1964 y desde hace más de una década antes de su muerte litigaba los casos penales más delicados, en los que estaban involucrados el ejército y los servicios de seguridad pública.

Llegó a la Ciudad de México en los 90 y se incorporó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde colaboró siete años; a principios de 2001 se integró al despacho de abogados de Pilar Noriega, que defiende a los hermanos Cerezo Contreras, acusados de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.

En septiembre de 2000 se trasladó a vivir a EU ante las amenazas de que fue objeto, responsabilizando directamente al gobierno mexicano por no ofrecerle garantías para su seguridad personal. En Washington, fue una de las 50 defensoras/es de los derechos humanos homenajeadas/os por el entonces presidente de EU, William Clinton.

En agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por desconocidos. En octubre de ese año Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio. Entonces, los sujetos que la atacaron le hacían preguntas sobre las actividades del Pro, supuestos contactos en Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, casas de seguridad del EZLN y el EPR y de los comandantes Antonio y Aurora, del ERPI. Posteriormente en la sede del Pro recibió varios anónimos con amenazas de muerte.

Cuando empezó el hostigamiento, la abogada acababa de lograr, en los tribunales de Iguala, que se efectuara un careo entre los campesinos ecologistas de Guerrero, presos acusados de narcotráfico y portación de armas, y dos soldados acusados de que los habían torturado para obligarlos a que se autoinculparan.

Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución dirigida al gobierno mexicano en la que le pidió adoptar sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de Digna.

En el momento de ser asesinada, el 19 de octubre de 2001, el caso más importante que llevaba Ochoa era el de los dos ecologistas de Guerrero, presos y estaba viendo el caso de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de pertenecer a las FARP, acusados de los petardazos en sucursales de Banamex.

El 8 de julio de 2003, se determinó el no ejercicio de la acción penal luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), resolvió que Digna Ochoa se había suicidado.

A partir de la presión ciudadana, la PGJDF aceptó reabrir el caso en marzo de 2009, y se ha informado que el próximo noviembre se dará el resultado del análisis de las 90 mil hojas de expediente.

Así pues, dentro de unos días las y los mexicanos conoceremos el nuevo fallo de la procuraduría capitalina, sobre uno de los casos que más han lastimado a las y los activistas por los derechos humanos en el país. Estaremos pendientes.

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