por Pablo Vargas González
Dentro de los lastres que existen en México después de 200 años de Independencia y 100 de revolución social se encuentra la discriminación, el racismo y la exclusión social, tres problemas nacionales que no han podido ser erradicados, y que por el contrario no solo persisten sino que tienden agudizarse con dinámicas de la modernización y la modernidad.
Pues bien el día de ayer el Gobierno federal declaró el 19 de octubre como “Día Nacional contra la Discriminación”, cuyo objetivo es promover la igualdad y la no discriminación como una condición indispensable para alcanzar la justicia social. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor este martes, busca garantizar la vida, patrimonio, libertades y derechos de todas las personas mediante la prevención del crimen, el combate y sanción a la violencia de género, priorizando la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
En México tenemos grandes contradicciones al respecto que van desde la ausencia y omisión de políticas de atención y desarrollo de capacidades y derechos exigibles de poblaciones y sectores sociales discriminados hasta discursos intolerantes. Recientemente hemos visto expresiones de abierta intolerancia que ponen en duda el avance civilizatorio, lo malo es que provengan de actores políticos que en lugar de dar el ejempló simplemente “enseñan el cobre” de sus inclinaciones ideológicas.
Una declaración emblemática la dio Emilio González, gobernador de Jalisco durante la inauguración de la segunda Cumbre Iberoamericana de la Familia, organizada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), dijo que le da “asquito” el matrimonio entre personas del mismo sexo y se justificó estar hecho “a la antigüita”, además de reiterar que, para él, matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.
Los gobernantes deben de dar ejemplo de estar conscientes de dar una lucha real y no solo de discursos frente a estos grandes lastres.
La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que impida el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
Sin embargo en México varios sectores sociales sufren de discriminación y violencia social e institucional. Las mujeres, los niños, los jóvenes (Ninis), la comunidad gay (LGBTTI) las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores. También hay discriminación política e ideológica que se trata en otros ámbitos pero que no deja de ser preocupante.
Si consideramos estos sectores de la población veríamos que representan grupos “representativos” y hasta mayoritarios con los que se tiene una “deuda histórica” y que presentan rezagos, violaciones y vejaciones reiteradas. Es significativa esta iniciativa pero sabemos en México que el problema no se resuelve por decreto.
En una encuesta realizada este año 2010 se habla de un aumento de discriminación y racismo en 70{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}. Es necesario iniciar toda una serie de iniciativas complementarias para que esto no quede en mera retórica “engaña bobos”. Hay que dar poder y facultades a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que sea un canal de sanciones y genera procedimientos contra conductas discriminatorias, de lo contrario seguirá la impunidad.
Buscar un cambio cultural y una sociedad tolerante no será fácil mientras los actores políticos y religiosos y los medios de comunicación mantienen intereses de grupo, de carácter obsoleto, con prácticas y discursos abiertamente autoritarios que convocan a la violencia y el odio.
Para un país de evidentes contrastes y diferencias sociales la propuesta resulta de gran importancia, solo si se adecúan los códigos penales, las legislación locales en la materia y fundamentalmente las instituciones locales en consonancia tanto con normas internacionales como con las disposiciones nacionales, en particular con la modificación al artículo 1º de la Constitución Federal (2001) y la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación (2003).
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