Exponen OSC ante la CIDH casos de violaciones al derecho de consulta en México

. Se presentaron los casos de la carretera Lerma-Tres Marías en el Estado de México y Bolaños-Huejuquilla el Alto en Jalisco; esta última amenaza tierras ancestrales de los huicholes y la biodiversidad de región de la Sierra Madre Occidental. También el caso paradigmático de la presa hidroeléctrica La Parota, que la CFE y el gobierno deGuerrero pretenden imponer.

No a la Parota. Imagen: casadelmovimientocampeche.blogspot.com

Ciudad de México (Desde Abajo).– Este jueves se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia en la que organizaciones sociales expusieron la violación por parte del Estado mexicano al Derecho a la Consulta y Participación en asuntos de Interés Público, por la construcción de megaproyectos de infraestructura supuestamente diseñados para otorgar un servicio público de interés general, en casos como carreteras, presas hidroeléctricas, y desarrollos inmobiliarios y turísticos, lo cual ha desatado conflictos sociales en diversas regiones del país.

Las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Alianza Sierra Madre, Tlachinollan, Colectivo Coa, Comunidad Indígena Wixárika (Huichol )Tuapurie, AJAGI y Conservación Humana expusieron que las autoridades de distintos niveles de gobierno han incumplido la Constitución, en especial, el artículo 2 que los obliga a implementar y llevar a cabo procesos de consulta cuando se trata de medidas legislativas, programas de desarrollo e implementación de obras e infraestructura que inciden sobre territorios y recursos naturales de las comunidades.

Esto, además de contravenir también artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, como el acceso a la información pública y a la participación en asuntos de interés público, ha dado pie al desplazamiento forzado de miembros de la comunidad y al hostigamiento armado de líderes comunitarios.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que solicite información al Estado sobre los procesos de consulta llevados a cabo en proyectos de interés público en México; que realice una investigación in situ en los lugares señalados y presida una mesa de trabajo con el Estado mexicano y la sociedad civil sobre la iniciativa de Ley de Consulta Indígena; requirieron también que se inste al Estado mexicano a respetar los tratados internacionales que ha ratificado.

Se subrayaron algunos aspectos legales que son muy difusos en relación a los procesos de consultas:

a) Falta de aplicación del marco normativo constitucional y secundario sobre el derecho a la consulta, que se refiere a la falta de la legislación de unaley reglamentaria que regule el derecho de consulta.
b) Normativa sobre Derecho a la Consulta en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la cual no crea mecanismos eficaces para hacer ese derecho efectivo haciendo casi imposible para los potencialmente afectados ser consultados.
c) Prácticas estatales arbitrarias en el proceso de consulta, bajo las leyes agrarias.
d) Conflictos sociales debido a la falta de consulta, los cuales derivan en represalias y persecución contra líderes sociales.

Uno de los casos expuestos fue la batalla legal que sostiene la comunidad Wixárika de Tuapurie, la cual se opone a la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto en Jalisco, que amenaza la integridad de sus tierras ancestrales y de una región de la SierraMadre Occidental, prioritaria por su biodiversidad y servicios ambientales.

La carretera es promovida tanto por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que ha aportado 200 millones de pesos, como por el gobierno de Jalisco y las presidencias municipales de Bolaños, Huejuquilla y Mezquitic. La comunidad ha señalado que las autoridades promoventes participaron en la fabricación de un Acta de Asamblea de la Comunidad, avalando la construcción de la carretera en sus territorios, extorsionando a tres autoridades wixaritari (huicholas) y falsificando firmas.

Por otra parte, las delegaciones en Jalisco de SEMARNAT y PROFEPA han solapado delitos dictaminados al levantar las clausuras en varios tramos y permitir la construcción de tres puentes.

El proyecto ha afectado hasta el momento un territorio de gran valor ambiental y cultural como son los sitios sagrados huicholes «Paso del Oso» y «Cerro de las Guacamayas», así como la «Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta», inscrita en la Lista Indicativa mexicana de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO.

De igual forma, los manantiales comunitarios del pueblo wixárika se encuentran concesionados a favor de terceros extraños, se ha negado el derecho a la participación en asuntos de interés público a la población en general en el proyecto minero a realizarse dentro del sitio sagrado de Wirikuta (huiricuta), desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí, en donde ya se han otorgado 22 concesiones mineras.

Otro de los casos expuestos fue el de la presa hidroeléctrica La Parota que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en connivencia con el ejecutivo del estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, pretende imponer a campesinos de Acapulco rural. No se informó que inundarían 17,300 hectáreas, que desplazarían a 25 mil campesinos y afectarían a otros 75 mil más que viven rio abajo, ni se les consultó si estaban dispuestos a ser desplazados.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y el CDHM/Tlachinollan expusieron como el 12 de agosto de 2007 más de 5 mil comuneros emitieron su voluntad en la Asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec, convocada según los usos y costumbres y acorde al art. 169 de la OIT. A pesar de ello, el gobierno del estado continúa en su empecinamiento de construir la presa hidroeléctrica, prueba de ello son las asambleas realizadas el 18 y 28 de abril de 2010, en la comunidad de La Concepción y en Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Cabe destacar que estas Asambleas incurrieron en los mismos vicios que cuatro que se realizaron en 2005 – San Marcos, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma – y que fueron declaradas nulas por los Tribunales Agrarios por falta de tiempo en la convocatoria, presencia policiaca, cierre del acceso a los campesinos opositores a la presa o acarreamiento de personas favorables al proyecto.
Por estas razones, tras las Asambleas del 18 y del 28 de abril, el CECOP solicitó la nulidad de las Asambleas. Posteriormente el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Acapulco, emitió una medida cautelar que impide que existan convenios de ocupación previa, convenios de expropiación y la realización de trabajos en la zona mientras no se resuelva el Juicio agrario 360/2010 que versa sobre estas Asambleas.

El link en el que se puede escuchar el audio de la Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es:
http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=En&Session=120&page=2

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