Iglesias y diversidad sexual

por Alejandro Ávila Huerta

Por su labor de respeto a los derechos humanos –los cuales desestabilizan los fundamentos de la iglesia católica y su poderío-, la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano son las últimas instituciones atacadas por Juan Sandoval Íñiguez –que en su asociación religiosa ocupa el cargo de cardenal de la arquidiócesis de Guadalajara-, acusándolas de exigir a países endeudados aprobar leyes a favor de la diversidad sexual y las mujeres, y comparando la homo y la bisexualidad con la zoofilia.

Esto, después de que acusara de corrupción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno de la Ciudad de México, tras la ampliación del derecho de matrimonio a las parejas del mismo sexo en esta entidad. Todo, mientras la Secretaría de Gobernación –a pesar del exhorto unánime de la Cámara de Diputados del Distrito Federal- evita imponerle la pena correspondiente a sus actos inconstitucionales e ilegales, como lo han hecho tantas veces otras instituciones del Estado cuando ha sido investigado por lavado de dinero, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, malversación de limosnas, relación con el narcotráfico y protección de pederastas.

“Se obligó a los gobiernos a que aceptaran en sus leyes el aborto hasta las doce semanas, como dice el loco allá del DF», “Dios creó solamente los sexos, no los géneros, si decidiéramos, la bestialidad sería otro género”, “A lo mejor salen otra vez con su batea de babas y mañana aprueban la adopción», “¿A ustedes les gustaría que los adopten una pareja de maricones?”, “Yo creo que los jueces no llegan a esas conclusiones tan absurdas si no es por el dinero que les dan”, «Esas leyes son dictatoriales, no pueden legislar contra la ley natural, es una serie de leyes inmorales, se daña la sagrada escritura, la fe cristiana».

Viciado y confiado por la histórica permisibilidad al catolicismo de entrometerse en asuntos del Estado, ahora Íñiguez arremete incluso contra organismos internacionales, presume su ignorancia en la prensa de todo el mundo, exagera y rebasa cada vez más y muy a propósito el grado de sus ofensas, exhibe y grita su posición y sus privilegios con el gobierno federal, mete en problemas y pone a prueba a las instituciones mexicanas hasta la burla y éstas se dejan, se sabe impune –porque es seguro que no los desconoce- a los artículos constitucionales 1 (que prohíbe la discriminación) y 130 (sobre la separación del Estado y las iglesias), y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Ésta establece, entre otros puntos, la laicidad del Estado mexicano (artículo 2), la competencia exclusiva de autoridades administrativas en lo referente a los actos del estado civil de las personas (artículo 4), el respeto por parte de los ministros de cultos a la Constitución, las leyes e instituciones del país, y el aseguramiento del respeto integral a los derechos humanos de las personas por parte de las religiones (artículo 8). Las infracciones pueden ser una notificación, una multa (que puede superar el millón de pesos), la clausura de un local y hasta la suspensión de la asociación. Todos estos artículos han sido violados con cada frase. Ninguna acción ha sido sancionada.

La cruzada de la iglesia católica contra los derechos humanos no tiene nada de nuevo. Ni siquiera sus discursos. Si fue con los mismos que en la Edad Media volvió institucional la existente violencia homofóbica. Tampoco lo son sus intromisiones en asuntos que, al menos desde el siglo XIX en México, son del Estado nada más. Sí son más o menos recientes, en cambio, hechos como la considerable baja en el número de integrantes católicos (con su correspondiente afiliación a otras religiones) y, como contestación, un desesperado incremento en las declaraciones de odio, violencia y saña por parte de sus autoridades.

Lozano Barragán afirma que las personas LGBTTTI no entrarán al reino de los cielos, Norberto Rivera califica como una aberración a los matrimonios efectuados entre ellas, Onésimo Cepeda invalida la construcción de familias integradas por ellas y define como una jalada el Estado laico, Hugo Valdemar llama intolerante, represivo, escandaloso, incongruente y hasta generador de homofobia al gobierno del Distrito Federal por no consultar entre la población derechos que, contrario a su estrecha creencia, no necesitan de aprobación popular, pues son inalienables.

La angustia es comprensible (que no justificable la reacción), si el catolicismo mexicano prevé su futuro próximo comparándolo con el de sus filiales en otros países. Las afirmaciones de estos jerarcas responden, además de a una complicada homofobia reactiva, a un fundado temor por la pérdida de más seguidores y, por consiguiente, de dominio. Se ha dado a últimas fechas, incluso en países mayoritariamente católicos como España y Argentina, por ejemplo, que ante la postura institucional de la iglesia frente a la integración social y legal de la diversidad sexual, toma fuerza entre numerosos grupos LGBTTTI, feministas, aliados y otros un movimiento de deserción oficial del catolicismo.

Oficial, porque para fines estadísticos y políticos, la iglesia no retira de sus listas a las personas excomulgadas o apóstatas, a veces ni siquiera a exigencia de éstas, para no perder también poder simbólico y social; sin embargo, leyes aprobadas en diferentes fechas en varios países permiten obligarla a realizar el trámite. En México esto será posible a partir de enero de 2012 con la ya decretada Ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que establece, entre otros, el derecho de cancelación de datos personales; entre ellos, los entregados arbitrariamente a las parroquias por padres y madres al momento del bautismo de un menor, como por lo general ocurre en el país.

Aterrada, la iglesia católica se prepara para esto de la peor manera, la única que conoce: el temor de Dios, que ya no a muchos asusta. No es por nada que religiones como la anglicana o la episcopal, que avalan las uniones entre personas del mismo sexo o el acceso de las mujeres a cargos elevados en su organización, estén ganando adeptos en el Reino Unido o los Estados Unidos y así continúen extendiéndose en otras partes del mundo.

Pero no sólo los católicos, el Cuerpo Colegiado de Ministros de Culto Cristiano de Hidalgo ha amenazado con difundir propaganda homofóbica en escuelas para evitar la caída de los niños en la enfermedad de la homosexualidad, haciendo caso omiso de las determinaciones que hace dos y cuatro décadas hicieran la Organización Mundial para la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología; también de algunas leyes hidalguenses, por lo que el gobierno del estado estará obligado a actuar y demostrar –como no lo ha hecho- su apego a la justicia y no a la moralidad, en el momento en que este grupo lleve a cabo su proyecto.

Severa confusión el discutir cuestiones jurídicas desde enfoques espirituales. Se ha rodeado al matrimonio de un halo tan exageradamente sagrado que se olvida su función primordial de garantizar seguridad y protección en pareja a las personas que decidan legalizar su unión. Las bendiciones están de más y, para quienes las requieran -ya que el Estado no está facultado para intervenir en asuntos religiosos-, se deja su discusión y lucha a los grupos de la diversidad sexual que también se han formado al interior de las asociaciones religiosas más fundamentalistas.

Grave conflicto el imponer una doctrina que no todos comparten ni tienen por qué, con base en un libro con personajes y lugares de ficción –la Biblia-, si así se quiere ver, como lo pueden ser “El maravilloso Mago de Oz” o “Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas”, siendo tan injusto para quienes no gustan de la literatura fantástica decidir el estado del país y sus personas según las enseñanzas del Sombrerero Loco o el Leñador de Hojalata, o controlar a la gente prometiéndole su llegada a Ciudad Esmeralda o la misericordia de la Reina de Corazones.

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