Violencia contra las mujeres: un esfuerzo mayor

por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO

Este 25 de marzo se llega a un aniversario más del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” desde que se instituyó en 1999, los países suscriptores de la declaratoria han avanzado muy lentamente en incorporar las medidas necesarias para garantizar plenamente el respeto y los derechos humanos de las mujeres.

En México a pesar de que desde 2006 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permanece una dinámica de empantanamiento en los avances y las legislaciones y gobiernos locales se muestran reticentes y evaden las responsabilidades y compromisos para cumplir con los lineamientos internacionales.

Precisamente hace algunas semanas organizaciones civiles mexicanas se reunieron en el “II Encuentro nacional para intercambio de experiencias, fortalecimiento institucional y planteamiento de estrategias de incidencia. ¿Cumple México con la CEDAW?”, pusieron el “dedo en la llaga” sobre la situación actual de este tema.

El punto de partida es que el Estado Mexicano tiene la obligación de respetar, garantizar, prevenir, investigar, sancionar, restablecer y reparar cualquier manifestación de violencia y discriminación hacia las mujeres, mismas que debe cumplir a través de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Se pide el cumplimiento integral por parte del Estado Mexicano a las reiteradas recomendaciones del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en ingles). Asimismo, demandan un espacio o instancia pública para vincular una política de cumplimiento, monitoreo y evaluación de las recomendaciones. Se exigen espacios de revisión crítica del seguimiento a las mismas, con la participación concertada de la sociedad civil e instancias gubernamentales y academia, además de mecanismos eficientes para su difusión que favorezca su aplicación, implementación, evaluación y medición de incidencia e impacto.

Aun cuando 22 constituciones estatales reconocen el principio de igualdad y no discriminación, lo anterior no se ha traducido en el cumplimiento de las recomendaciones CEDAW, por ejemplo, cuando el Comité recomienda al Estado que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal, el Estado mexicano violenta el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos con las reformas realizadas en 18 entidades federativas contraviniendo al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Exigieron que se respete el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los códigos estatales que así lo contemplen hasta la fecha, el derecho de las personas transgénero y transexuales a su identidad y a la salud sin discriminación, así como y el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En conclusión las organizaciones civiles mexicanas demandaron respuestas efectivas, fin a la simulación e impunidad. Todas las propuestas deben estar enmarcadas en un real proceso de consolidación democrática, los derechos de las mujeres y la igualdad de género son indispensables en un marco del respeto a los derechos humanos.

En esta fecha representativa es necesario hacer patente que las autoridades en todos los niveles requieren hacer un esfuerzo mayúsculo para hacer realidad la declaratoria de la ONU en este aniversario: «que se necesita una clara y exhaustiva definición de la violencia contra la mujer, una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas y un compromiso de los Estados… y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer».

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