La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la diversidad sexual

por Alejandro Ávila Huerta / DESDE ABAJO

Durante muchos años la población LGBTTTI fue vulnerada por los Estados en sus derechos humanos con la común justificación de que la declaración que los decreta no estipula nada sobre la diversidad sexual. El pretexto –que no la violencia homofóbica- se agotó el 18 de diciembre de 2008, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, unos días después de cumplidos sesenta años de creación del documento –por iniciativa de Francia y ante la intervención de grupos de otros países desde 1994-, finalmente consideró la urgencia de emitir un tratado internacional sobre orientación sexual e identidad de género que reforzara e hiciera aplicable en todos sus pactos y declaraciones los principios de igualdad y no discriminación hacia este sector.

En éste se manifiesta la preocupación por las violaciones a las libertades fundamentales de las personas sexualmente diversas, la violencia, discriminación y estigmatización que socavan su dignidad, se condenan las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la denegación de derechos económicos, sociales y culturales, y se exhorta a los Estados a comprometerse con la protección y el desarrollo de dicha comunidad y quienes trabajan en su defensa, investigar y castigar las violaciones cometidas en su contra, y prohibir que las orientaciones e identidades sexogenéricas sean motivo de sanción penal.

La medida no fue bien recibida, apenas una tercera parte de los países miembros de la ONU la han firmado, únicamente sesenta y seis de los ciento noventa y dos que la integran (la mayoría, europeos y americanos). Esta situación no es nueva, ya en 1995 y 2005 se había intentado introducir resoluciones que garantizaran la libertad y seguridad de las personas homo y bisexuales y prohibieran la discriminación por esta causa, que fueron rechazadas por la oposición predominante de países católicos e islámicos por ir en contra de sus ordenamientos internos. Pero ni siquiera de aquellos que sí se suscribieron se puede decir que la hayan adoptado plena o al menos medianamente.

México es un ejemplo que sigue siendo lamentable referencia internacional de homofobia institucional; es el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, no prohíbe ni condena la discriminación por causa particular de la orientación sexual o la identidad de género, niega a las personas transgénero e intersexuales el reconocimiento de su sexo y a las parejas homosexuales la posibilidad de casarse (y, en consecuencia, de heredar, adoptar, asegurarse o afiliarse a diversos servicios en pareja), violando así los derechos a la vida, la seguridad, la igualdad de protección legal, la personalidad jurídica, el acceso al matrimonio, la seguridad social, la protección de la propiedad y otros derechos económicos.

También consiente la discriminación laboral (los casos de despido injustificado en Coca-Cola, Coppel y HSBC continúan impunes), el bullying homofóbico (se necesitó una huelga de hambre de doce días para que Carlos Gómez fuera restablecido en el plantel 39 del Colegio de Bachilleres de Tabasco tras haber sido expulsado por ser homosexual), las organizaciones vecinales para expulsar personas LGBTTTI de sus hogares, los ataques a la sociedad de la diversidad sexual organizada, las exclusiones familiares y sociales, lo que va en contra de los derecho a la libre elección de trabajo, de residencia, a la educación a favor de la tolerancia, a la asociación, al pensamiento, a la opinión y a la participación en la vida política y cultural y más derechos sociales.

Pero no se conoce en los años recientes, al menos públicamente, un caso que ilustre mejor una múltiple violación estatal a los derechos humanos de las personas diversas sexualmente que el del profesor Agustín Estrada, ex director del Centro de Atención Múltiple 33, perseguido por Enrique Peña Nieto y el Estado de México desde que se presentó vestido como mujer –para protestar por la matanza de personas trans en el municipio- en un evento que la Coordinación de Derechos Humanos de Ecatepec organizó por la Jornada Mundial de Lucha Contra la Homofobia de 2007.

Primero, echado de su trabajo, acusado de pederastia, ofendido por el gobernador en persona, reprimido en sus manifestaciones, encarcelado sin motivo, amenazado y violentado física y emocionalmente. Luego, ya en 2009, sobornado por el mismo gobierno, acusado de ataque a las vías de comunicación, de nuevo preso, amenazado y golpeado, torturado, violado por diecisiete hombres, víctima de intento de asesinato, imposibilitado para levantar denuncias. Actualmente, esperando un asilo político que no le dan, con más órdenes de aprehensión y acusaciones por tomar edificios públicos y hacer chantajes, acosado adonde va para ser, otra vez, amenazado y abusado sexualmente, y con problemas de ansiedad y esterilidad a causa de la persecución y las violaciones.

En tres años nada más, el gobierno mexiquense ha violado a una misma persona, ante la indiferencia del gobierno federal, más de la mitad de la declaración de derechos humanos: a la libertad, a la presunción de inocencia, al amparo contra la violación de derechos y a la atención por un tribunal imparcial, a la protección contra la tortura y penas crueles, a las detenciones arbitrarias y a los ataques a la reputación, por mencionar algunos; todo mientras el gobierno de Felipe Calderón ignora la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de brindarle a Estrada medidas cautelares; todo sólo por tener y expresar una orientación sexual y una identidad de género que al gobernador y al presidente no les parece que sean las adecuadas.

En el mundo, todavía setenta y seis regiones consideran ilegal la diversidad sexual y la castigan con destierro, tortura o muerte (en Irán, en los últimos años, al menos tres hombres homosexuales han sido legalmente asesinados por su orientación sexual y otros tres permanecen condenados a la misma pena; dos han sido azotados); en dieciocho naciones se considera una edad desigual de consentimiento para relaciones hetero y homosexuales en perjuicio de éstas; Canadá, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, antes reconocidas por su labor de asilo a personas LGBTTTI, han endurecido sus políticas al respecto, expulsando y exponiendo a éstas a situaciones de alta peligrosidad; España negó por años la nacionalidad a los hijos –producto de una concepción asistida en Estados Unidos- de un matrimonio legalmente conformado por hombres.

Es sabido que la pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas y la firma de convenciones internacionales otorga a los Estados adherentes numerosas conveniencias políticas y económicas en sus relaciones exteriores, pero es reprobable que sea ésta la intención primaria –única, más bien- de llevar a cabo dichas acciones; si en el colmo del cinismo, México no vacila en utilizar a la población de la diversidad sexual (como a tantas otras) para satisfacción de los intereses particulares de sus dirigentes, es al menos esperable que ésta se vea igualmente –mínimamente si quiera- beneficiada en consecuencia. Es más reprobable que la misma ONU, a sabiendas de los incumplimientos, continúe favoreciendo a líderes de países homofóbicos y transfóbicos.

Si los derechos humanos se adquieren por ese simple hecho -ser humano-, firmas y tratados están de sobra, pero entonces, aún más, cuando éstos existen, es indispensable tener presentes dos cosas: la primera, que los compromisos suscritos no están volando ni de adorno, si un país firma se obliga a cumplirlos (y esto es hasta los más aparentemente superfluos –que no lo son-, como el matrimonio o la reasignación sexogénerica); la segunda, que los acuerdos son para todo el Estado (gobierno y particulares, instituciones e individuos), no para quien guste seguirlos, y que deben resultar en leyes efectivas, acciones concretas y progresos palpables, no en las precarias leyes que apenas sirven para que después de violar derechos humanos, un agresor todavía pueda decidir si quiere, ya no digamos recibir una sanción penal por su acto discriminatorio, sino sencillamente ofrecer una disculpa y comprometerse a no hacerlo una vez más.

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