Solicitan ambientalistas a instancias internacionales constatar violaciones en México

Exponen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Relator Especial de Naciones Unidas las afectaciones a comunidades indígenas y campesinas en proyectos de supuesto interés público. Urgen a las autoridades mexicanas a iniciar las gestiones para concretar la visita

CEMDA urge audiencia

Cancún, Quintana Roo, México (DESDE ABAJO).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y 85 organizaciones de la sociedad civil mexicana, ambientalistas y de derechos humanos, solicitaron el pasado 2 de diciembre a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y al Relator sobre México, ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, realizar una visita a México con el objeto de conocer directamente la grave situación del derecho a la consulta y a la participación, en proyectos de interés público que afectan las comunidades indígenas y campesinas.

La solicitud es en seguimiento a la audiencia celebrada el 28 de octubre de este año, en el que diversas organizaciones presentaron en audiencia pública ante la CIDH, la vulneración constante de estos derechos en México. Es de resaltar que la CIDH expresó en su momento su preocupación por la inexistencia del derecho a la consulta en México y solicitó al Estado mexicano explicaciones al respecto. En virtud de lo grave de la situación, la Relatora aceptó la invitación de realizar una visita a México, por lo cual se urge a las autoridades mexicanas a iniciar las gestiones necesarias para concretar dicha visita en el marco de la invitación permanente que tiene México a los organismos internacionales de derechos humanos.

Proyectos de «desarrollo» como carreteras, presas hidroeléctricas, mineras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, entre otros, son los que diariamente se aprueban e implementan bajo la bandera del interés público, imponiéndolos a las comunidades indígenas sin informarles, sin consultarles previamente, sin justificar la trascendencia pública de las obras, sin respetar los derechos de libre determinación de los pueblos y sin que las obras los beneficien. Más aún, autoridades mexicanas en muchos casos han falsificado documentos de asambleas ejidales, no han reconocido a las autoridades de los pueblos indígenas y han utilizado la fuerza pública y criminalizado la protesta social para acallar a quien se oponga a estos proyectos. Estas prácticas se ven reflejadas claramente en el Proyecto Hidroeléctrico La Parota, que aún ante la oposición manifiesta de las comunidades, las graves consecuencias medioambientales y la falta de información por parte del gobierno a todos los pueblos afectados, el Estado mexicano insiste en su construcción.

«Por lo general, las comunidades indígenas nunca son involucradas en el diseño, desarrollo e implementación de estos proyectos, supuestamente concebidos para otorgar un servicio público de interés general. Diversos proyectos carreteros como el de Lerma Tres Marías o el Bolaños – Huejuquilla son ejemplo de ello», señaló Juan Carlos Arjona, coordinador del Programa de Defensa de Derechos Humanos y Recursos Naturales del CEMDA. Apuntó que en ambos casos las comunidades se enteraron una vez que se tenía diseñado el proyecto y el gobierno había otorgado la concesión.

«Más grave aún, los proyectos no consideran el impacto social y no contemplan formas de mitigación del impacto cultural. Es de resaltar que en ambos casos las comunidades indígenas han vertido otras opciones, mismas que no han sido tomadas en cuenta por la autoridad», indicó.

Al respecto, el Estado mexicano hizo mención a la consulta al pueblo wikarika, nombre original de la comunidad huichol, para la firma de acuerdos con la finalidad de proteger los sitios sagrados de su comunidad, pero olvidó señalar que está autorizando la construcción de carreteras que dañarán estos sitios sagrados de la comunidad huichola.

Durante la audiencia ante la CIDH, el Estado mexicano señaló que el derecho a la consulta y a la participación es un asunto estructural en sus políticas, sin embargo, sólo hizo referencia a la normatividad en San Luis Potosí aprobada en junio de 2010, en virtud de que ni a nivel federal ni a nivel estatal existe reglamentación que haga efectivo el derecho a la consulta. La normatividad en San Luis Potosí fue señalada por el Estado mexicano como un ejemplo de buena práctica, siendo que estos derechos deberían de ser aplicados en la planeación, diseño, y en su caso, ejecución de todos los proyectos que les afecten directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas.

El Estado mexicano afirmó ante la CIDH que si existe el derecho a la consulta y participación en México, pues se han realizado 15 consultas con los pueblos indígenas, sin reportar el indeterminado número de proyectos, realizados desde el 1990, año de ratificación del Convenio 169, en el territorio perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas.

La visita de la Relatora y los Relatores es fundamental en los primeros meses del siguiente año, ya que éstos son una oportunidad histórica, debido a que están en discusión ante el Congreso federal diferentes iniciativas de ley sobre el derecho a la consulta, que pudieran finalmente reconocer a nivel interno ese derecho, reparando una falla estructural que tantas violaciones de derechos humanos ha provocado. Es importante enfatizar que una ley de esta naturaleza requiere consultar a los beneficiarios de la misma, es decir los pueblos y comunidades indígenas.

Organizaciones firmantes: Alianza Sierra Madre A.C., Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C, Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), Colectivo Coa, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Conservación Humana A.C., Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente de Cuota y en defensa del Medio Ambiente, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C.,Otros Mundos, A.C./Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Reforestamos México A.C., Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapa, Red de organizaciones civiles de derechos humanos – Todos los Derechos para Todos y Todas (conformada por 70 organizaciones:

Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A..C. (Distrito Federal); Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A..C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos del Migrante (Zacatecas, Zac.), Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Don Sergio» (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdova». A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, «Juan Gerardi» , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd.. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas «Flor y Canto», A. C. (Oaxaca, Oax..); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios»,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tab.), Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolomé Carrasco», A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos «La Voz de los sin voz» (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos «Martín de Tours», A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos «Sierra Norte de Veracruz», AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA -León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (DF).

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