por Alejandro Ávila Huerta / DESDE ABAJO
Hace varios días se difundió en algunos periódicos hidalguenses la noticia de un “trasvesti asaltataxis”, como llamó un transfóbico –ignorante, tendencioso e ilegal- encabezado a una activista y trabajadora sexual de nombre Nikol, que fue detenida arbitrariamente por la policía municipal al ser acusada por un taxista del robo de siete mil pesos a mano armada unas noches antes.
La integranta de la organización Transgénero Hidalgo no es trasvesti y tampoco asaltataxis; es una mujer transgénero (que no sólo usa la ropa asociada a ese sexo sino que asume por completo una identidad de género relacionada con él) y en las notas informativas se habla del asalto a un solo taxi, no varios; pero además, ni siquiera de ese solo se le puede culpar, pues aunque la acusación fue aceptada por la detenida, se sabe que ésta fue aislada, golpeada y engañada para obligarla a admitir el delito, aun cuando hay pruebas testimoniales –que no se han tomado en cuenta- de que el día del presunto robo ella se encontraba en Tula, como madrina de una fiesta familiar.
La presidenta del grupo, Karen Quintero –que este lunes se manifestó a las afueras de la penitenciaría-, indicó que fue el miedo con el que vive una persona trans la causa principal que la orilló a aceptar la acusación, y comentó: “Sabemos que sí hubo una trabajadora sexual transgénero que asaltó a este taxista, que es cliente del servicio, pero no es Nikol ni pertenece a la organización; lo que pasa es que el señor ya no está viendo quién se la hizo sino quién se la paga y le pareció muy fácil señalar a cualquier mujer trans, así como a la gente de la Procuraduría detenerla sin averiguar para terminar su trabajo rápido”.
“Nosotras no somos delincuentes, como presidenta de Transgénero de Hidalgo estoy en contra de la delincuencia; más lo es la gente de la Procuraduría que cree que el ser mujer trans es motivo de encarcelamientos ilegales y otros abusos, que nos creen criminales, ignorantes e incapaces de defender nuestros derechos, pero no vamos a permitir este tipo de acoso, ya hay una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y tenemos el apoyo de la Presidencia Municipal; seguiremos nuestras protestas y esperamos una reunión con el procurador”.
Nikol, que no tuvo los recursos para pagar un amparo y por su condición jurídica de hombre –al no haber una ley que permita el reconocimiento de su identidad de género-, se encuentra recluida en una celda temporal del Centro de Rehabilitación Social de Pachuca, que comparte con tres o cuatro hombres, y en próximos días será trasladada a una definitiva, junto con el resto de los presos, con el riesgo que esto implica de abusos físicos, emocionales y hasta sexuales. Esto preocupa a Quintero, pues considera que el personal que labora en el centro no tiene los conocimientos ni la consciencia de lo que implica la protección de los derechos humanos de las personas trans en situación de cárcel.
La presidenta de Transgénero Hidalgo aclaró que, efectivamente, Nikol tiene abierto un proceso legal en este momento, pero relacionado con problemas familiares debido a la posesión de unos terrenos, por lo que exigió a la Procuraduría no mezclar las situaciones, además de cuestionar su eficiencia real, al recordar que tienen sin resolver dos casos de agresiones en contra de ellas: uno de intento de asesinato hace un año y siete meses (en el que su compañera Zuly resultó con las heridas de bala más graves) y uno de asesinato de la vicepresidenta Fernanda Lavalle hace ocho meses. Descartó que la detención pueda ser un acto de intimidación para que detengan las protestas por estos estancamientos.
Por último, denunció el hostigamiento del que son víctimas por parte de elementos uniformados de la policía municipal (particularmente de dos patrullas, una de las cuales se tiene identificada con el número 00035), que acuden a su centro de trabajo a aventarles cuetes y gritarles insultos y burlas. Además avisó que dará a conocer los números de placas de algunos taxistas que acosan a las trabajadoras para recibir el servicio gratis si estas situaciones no paran.
El caso de Nikol se suma a los 66 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registrados.
