por Soledad Jarquin Edgar / DESDE ABAJO
Uno de los asuntos más difíciles para quienes hacen política, es encontrar el cómo establecer mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos públicos que los gobiernos destinan a los medios de comunicación para pagar lo que llaman publicidad, pero que estrictamente sería propaganda política. Esta espinosa relación salió a la luz pública esta semana cuando el gobernador Gabino Cué Monteagudo fue cuestionado al respecto a propósito del relevo de Ernesto Reyes por Abelardo Martín Miranda en la Coordinación General de Comunicación Social.
El tema es tan delicado que se aprovechó el momento para “casualmente” filtrar, como humedad, a algunos correos electrónicos una larga lista de nombres, medios, así como números de cuentas bancarias y montos que, supuestamente, recibían las empresas periodísticas o periodistas de manera individual, como pago por la llamada “publicidad” gubernamental, conocida de forma correcta como subvención. Se trata de periódicos, reporteros, corresponsales y columnistas, radicados en la capital mexicana, en esta ciudad, en el Istmo y la cuenca. La lista filtrada, donde no están todos los que son y en algunos casos aparecen los medios pero no los montos, señala que durante 2009 se habrían gastado alrededor de 42 millones de pesos en la propaganda del ex mandatario, recursos que salieron de una misma institución bancaria, lo cual deja entrever que hubo otras cuentas destinadas al mismo fin. Sin duda comprobar si estos hechos son ciertos no será nada difícil.
Estos dos acontecimientos son motivo de reflexión. Primero, tendríamos que decir que las aguas cristalinas de la tarea informativa se fueron enrareciendo en México cuando se estableció la “subvención” a periódicos y periodistas, lo que ocurrió hace más de cien años, concretamente con don Porfirio Díaz en el segundo periodo de su gobierno.
La historia refleja con claridad cómo los gobiernos y un número importante de diarios consintieron este tipo de relaciones y condicionamientos durante todo este tiempo, los mismos que celebramos con bombos y platillos por aquello del Centenario de la Revolución. Un segundo momento que marca la relación entre el poder público y los medios se gesta en 1935, cuando por decreto del entonces presidente el general Lázaro Cárdenas, se crea la Productora e Importadora de Papel S.A.
De esta forma –cuenta la historia- el gobierno se volvió un “generoso” proveedor de papel a precios bajos para los periódicos, pero había entonces que ser cuidadosos con lo que se escribía sobre el papel producido por PIPSA, pues aunque se decía que habría un absoluto respeto a la libertad de prensa, Ruiz Cortines advirtió -en la inauguración de la papelera en 1954-:“ Tengo confianza en que los periodistas sabrán servir con eficacia y lealtad a la patria».
Sin duda fecha de nacimiento del periodismo de Estado y el presidencialismo institucionalizado, porque nadie podría salirse de lo que establecía el “gran gobernante”. Lo cierto es que a lo largo de estos poco más de cien años, ha imperado la censura y fue hasta hace poco tiempo, cuando finalmente, devino la debacle del imperio de los intocables compuesta por el presidente (del gobernador o del cacique político en turno), la iglesia católica y el ejército. Con Felipe Calderón al frente de la soldadesca mexicana tenemos hoy otros intocables: el narcotráfico y algunos delincuentes uniformados.
La relación prensa-gobierno ha ido cambiando, la analista política y catedrática Rossana Fuentes-Berain, señala que esto se debe a la cada vez mayor profesionalización de las y los periodistas; la exigencia ciudadana de que sus representantes políticos rindan cuentas, tarea en la que los medios han hecho eco, y finalmente porque es indiscutible e imposible de no ver el poder compartido que hay entre los medios y la ciudadanía, que por supuesto deben ser el contrapeso al poder de los gobiernos.
Así que para establecer una relación sana entre los medios y el gobierno se requiere de dos elementos fundamentales, los cuales ya han sido probados por sus resultados: uno se llama respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y libertad de información; el segundo, efectivamente es establecer una relación donde quién exhiba lo que gasta en su propia propaganda política sea el gobierno estatal, cuya figura principal es nada más ni nada menos que Gabino Cué, eso como ustedes saben se llama transparencia.
Es indispensable que quién gobierna no olvide el papel de los medios de información como enlace permanente entre ellos y la ciudadanía. Si el gobierno pretende que los medios sean sólo “cajas de resonancia” de lo que hacen o dicen, tendremos un periodismo obsoleto y un gobierno con la pretensión de control sobre la labor informativa, pero sobre todo estaremos frente a la violación permanente de los derechos fundamentales a las libertades de expresión y de información.
Lo que no puede ni debe hacer el gobierno de Cué es ahorcar a los medios por grandes, medianos o chiquitos, finalmente son fuentes de empleo, pero sobre todo tienen un papel fundamental, también educan, difunden conocimiento y son un mecanismo de aceptación entre la institución y la población, por decir lo menos.
Sin duda, los medios deben ser críticos de lo contrario estaríamos frente a la complacencia palaciega, algo que ya no puede permitirse la sociedad oaxaqueña, algo que ha hecho mucho daño al país; aquel, el presidencialismo institucional que dictaba las notas que debían publicarse y anulaba aquellas que lastimaban sus egos, tendría que estar en plena decadencia, ese es un deseo de la ciudadanía, un deseo de quienes hacemos periodismo. Por eso y sólo por eso sería fundamental transparentar la relación entre el poder público y los medios, la ganancia será una prensa libre y la independencia del gobierno, lo que no significa que existan preferidos como en las monarquías.
