por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
Lo que sucede en Hidalgo sobre la libertad de expresión es un punto crucial para el desarrollo de la democracia en la entidad, ya que se llevan registradas más de seis violaciones que afectan directamente los derechos integrales de trabajadores de la comunicación, principalmente periodistas críticos, tan solo en un año.
Es de llamar la atención que los casos más recientes identifican a instancias del gobierno local saliente como el origen de atentados contra los derechos de los periodistas.
Verónica Jiménez Monroy reportera del periódico Reforma ha vivido actos sistemáticos e intimidatorios, incluso para ARTICLE 19, las agresiones de las que ha sido objeto son una muestra de la violencia que enfrenta la prensa en México y la diferenciación que existe en los métodos de presión e intimidación de acuerdo al género de la víctima. Existe un efecto pluri-ofensivo de las agresiones de las que ha sido víctima Jiménez Ramírez, ya que además de violar su derecho a la libre expresión afecta los derechos propios de su condición de mujer. La Convención de Belem do Pará señala en su Artículo 3 que: «Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.»
A ello se suma la abrupta decisión de suprimir del trabajo periodístico de Luis Alberto Rodríguez Ángeles quién escribía la columna “Desde Abajo” en el diario Milenio, así como también crónicas y reportajes. Luis Alberto Rodríguez ha sido destacado por su activismo por la promoción y defensa de los derechos humanos, causa a la que ha vinculado su labor profesional como periodista y comunicador. En este plano ha sido cofundador de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. En ese vínculo ha sido reconocido por organismos nacionales e internacionales en los derechos humanos.
En 2009 Luis Alberto obtuvo el Premio Nacional de Periodismo “Gilberto Rincón Gallardo”, en materia de Derechos Humanos y No Discriminación, otorgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Fundación Manuel Buendía, motivo por el cual, fue nombrado Embajador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en el año 2010. Se le despide del periódico porque su trabajo periodístico afecta intereses personales de los directivos.
El tercer caso es el de Elsa Ángeles Vera, periodista profesional con larga trayectoria en medios de comunicación, profesora universitaria en la UAEH, precisamente el miércoles 9 de marzo celebró el primer aniversario como presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y escritoras (AMMPE) capítulo Hidalgo, en que planteaba la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo profesional y demandaba poner freno a las violaciones que sufrían los y las periodistas en la entidad.
Lo hizo con un tono argumentado, con sustento y razones. Pero eso no valió para los directivos del periódico Criterio, donde trabaja desde hace años en reportajes y proyectos especiales. Buscando subterfugios los directivos encontraron la “pecata minuta”. Y la despidieron sin contar su antigüedad, su vínculo con el proyecto (antes era milenio), simplemente se alinearon a las presiones del poder, alejadas de la libertad de expresión.
Se trata de un clásico caso de atentado contra la libertad de expresión en el que el periódico se subordina a las presiones del poder. Es el Estado Mexicano (en sus diferentes instancias, ejecutivas, legislativas y judiciales) las que deben de garantizar los derechos fundamentales. En Hidalgo es necesario que se impongan las normas y se cubra el vacío de autoridad para impedir que grupos de poder o funcionarios atenten contra la libertad de prensa.
En todos estos casos se olvida que la libertad de expresión es un bien colectivo y, por lo tanto, es la sociedad en su conjunto quien debe apreciarla y protegerla. En su caso, los periodistas son, por la calidad de su trabajo, tributarios de su manifestación más pública, por lo que su responsabilidad es mayor y su nivel de exposición más grave y sensible. La defensa de la libertad de expresión es la defensa de los periodistas y medios en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, en lo que no puede haber retrocesos, ni bajar la guardia.
