IVE, la experiencia española

El año pasado en España entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que permite que cualquier mujer pueda exigir la interrupción legal de su embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, sin argumentar motivo ninguno. El plazo se alarga hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada (que tendrá que determinar un único médico, distinto del que practique el aborto); e indefinidamente en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida (diagnosticadas por un médico) o cuando se detecte en el feto «una enfermedad extremadamente grave e incurable», y así lo «confirme un comité clínico».

Para llegar a esta ley, hubo que transitar por diversos obstáculos. En España el aborto había sido un delito castigado en el Código Penal sin excepciones hasta 1985, en que una reforma de dicho Código, estableció tres supuestos por los que el aborto no sería punible: violación, malformación del feto o peligro para la salud de la embarazada.

En el año de 1998, el Congreso de los Diputados de España rechazó por un voto una ampliación al Código Penal que permitía añadir a las tres causales legales para la interrupción del embarazo una cuarta: por razones socioeconómicas. La oposición a esta modificación la encabezó la iglesia católica que se movilizó en diversos frentes para impedir su aprobación. Esto no es nada raro, en México lo hemos vivido en diversos momentos, siendo lo más notable, la reciente estrategia que la jerarquía católica impulsó en los estados de nuestro país a raíz de la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas de gestación en el Distrito Federal.

Como dijera el escritor peruano Mario Vargas Llosa, con relación al rechazo de la reforma de 1998, “… está dentro de los usos de la democracia que los ciudadanos se alisten en acciones cívicas en defensa de sus convicciones, y es natural que los católicos españoles lo hayan hecho con tanta beligerancia, en un tema que afecta sus creencias de manera tan íntima. En cambio, quienes estaban a favor del cuarto supuesto -en teoría, la mitad de la ciudadanía- permanecieron callados o se manifestaron con extraordinaria timidez en el debate, trasluciendo de este modo una inconsciente incomodidad.

También es natural que sea así. Ocurre que el aborto no es una acción que entusiasme ni satisfaga a nadie, empezando por las mujeres que se ven obligadas a recurrir a él. Para ellas, y para todos quienes creemos que su despenalización es justa, y que han hecho bien las democracias occidentales -del Reino Unido a Italia, de Francia a Suecia, de Alemania a Holanda, de Estados Unidos a Suiza- en reconocerlo así, se trata de un recurso extremo e ingrato, al que hay que resignarse como a un mal menor.

La falacia mayor de los argumentos antiabortistas, es que se esgrimen como si el aborto no existiera y sólo fuera a existir a partir del momento en que la ley lo apruebe. Confunden despenalización con incitación o promoción del aborto y, por eso, lucen esa excelente buena conciencia de ‘defensores del derecho a la vida’.”

Estoy de acuerdo con Vargas Llosa, y sólo puntualizo que el respeto que debe existir a todas las ideas y convicciones, debe darse en el marco del estado laico, ya que de lo contrario, cualquier democracia estaría amenazada, o simplemente no existiría.

Quiero resaltar que ninguna persona está a favor del aborto, y quienes estamos de acuerdo con su despenalización defendemos la vida y la salud de las mujeres, así como su derecho a decidir si continúan o no con su embarazo, con la certeza de que esta decisión no las llevará a la muerte o a la cárcel.

Es conveniente enfatizar que una ley que penaliza el aborto obliga a todas las mujeres a la maternidad, y una ley que lo despenaliza no obliga a ninguna a abortar. Ninguna mujer debe enfrentar una maternidad forzada, ninguna mujer puede ser obligada a abortar.

Esto lo deben recordar las y los legisladores hidalguenses cuando vayan a dictaminar la iniciativa que actualmente se encuentra en el Congreso local, sobre la interrupción legal del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

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