Aprueba Hidalgo Ley de Derechos Humanos

Con el voto unánime de cada una de los legisladores, se dio cumplimento a la disposición contenida en la Reforma Constitucional que en materia de Derechos Humanos, entró en vigor el pasado mes de junio, con lo cual la entidad se coloca a la vanguardia en este tema.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) reconoció el trabajos de los diputados del congreso local, esto luego de que fuera aprobada la nueva Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Con el voto unánime de cada una de los legisladores, se dio cumplimento a la disposición contenida en la Reforma Constitucional que en materia de Derechos Humanos, entró en vigor el pasado mes de junio, con lo cual la entidad se coloca a la vanguardia en este tema.

La iniciativa fue enviada al Congreso el 10 de diciembre de 2010 por el Ejecutivo. El Ombudsman, igualmente reconoció la voluntad política del Gobernador Francisco Olvera para alcanzar su aprobación.

Una vez que sean vigentes las disposiciones aprobadas, iniciará una nueva etapa en la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos de las y los hidalguenses, lo que será posible a partir del fortalecimiento a la autonomía de la CDHEH que la ley establece.

El Ombudsman Raúl Arroyo, expresó que en cada uno de los votos emitidos en el Pleno del Congreso de Hidalgo, se reflejó el respaldo de las fuerzas políticas ahí representadas, lo que sin duda, se traducirá en una fortaleza que dará seguridad a la aplicación de la nueva ley.

De esta forma, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo iniciará DIJO, un ciclo, con su capacidad notablemente ampliada para cumplir con los objetivos para los que fue creada, pero sobre todo, actualizada conforme a las necesidades que hoy demanda la población hidalguense.

Entre otros aspectos, la ley aprobada incorpora el principio de interpretación pro homine, lo cual implica que siempre se esté en lo más favorable a la protección de los derechos humanos; la educación que deberá impartirse con la enseñanza de estos, y la obligación de los servidores públicos locales y municipales, de los tres poderes y órganos autónomos, a trabajar con una perspectiva de derechos humanos.

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