México: restricciones al aborto

Las restricciones legales al aborto ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres en todo el planeta. Las llevan a practicarse abortos inducidos muy peligrosos.

Raffaela Schiavon, de la organización Ipas México, sostiene que anualmente 45 millones de embarazos no deseados son interrumpidos voluntariamente en el mundo, 27 millones en condiciones legales y seguras y 19 millones en condiciones inseguras y con frecuencia mortales.

El resultado, reflexiona, es que unas 68.000 mujeres en el mundo mueren cada año por abortos ilegales y clandestinos. «Muertes que son evitables», opina.

Consultada acerca de la confusión jurídica que ha suscitado en México la definición de la Suprema Corte de Justicia sobre los cambios constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí, estima que se profundizará en la idea de que todo lo relacionado con los derechos sexuales, reproductivos y humanos de las mujeres debe ser acotado o desechado.

En pleno aniversario del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, la Suprema Corte de Justicia desechó el recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones hechas en Baja California y San Luis Potosí. Pese a que la mayoría (7 de 11 ministros) argumentó a favor de la demanda, no se alcanzó el mínimo de 8 para aprobar el recurso.

Estos cambios legislativos, ahora en 17 entidades del país, sostienen que la defensa de la vida debe establecerse desde la concepción, y derivan en posturas más políticas y restrictivas que jurídicas.

El haber llevado a la Constitución estatal de algunas entidades el reconocimiento del cigoto como persona con derechos civiles y administrativos, ha conducido a otras políticas no estrictamente legisladas, como negar la anticoncepción de emergencia o la inseminación artificial, o desestimar las excepciones al delito de aborto, como la violación, el peligro para la vida de la madre o malformaciones congénitas.

Contra todo criterio racional, se niega la interrupción legal del embarazo a las mujeres, que tienen que recurrir al aborto inducido.

«Ipas ha identificado que las razones esgrimidas por las mujeres para interrumpir un embarazo son totalmente comprobables y si su dignidad importara a quienes deciden por ellas, tendrían que tomarlas en cuenta», sostuvo Schiavon.

No se puede obviar que existen relaciones sexuales forzadas (violación), no protegidas (sin anticonceptivos), fallas en los métodos anticonceptivos y razones económicas, sociales y de salud física y mental, mencionó.

Adicionalmente, la experta dijo que las restricciones legales no reducen el número de abortos inducidos que se realizan en un determinado país.

Según el instituto Alan Güttmacher, en América Latina la tasa de abortos inseguros por 1.000 mujeres entre los 15 y 44 años es de 29, mientras en regiones con amplio acceso a procedimientos legales, como Europa, sólo tres de cada 1,000 se realizan en condiciones inseguras.

La especialista agregó que, en naciones donde el aborto está legalmente restringido, suceden en promedio 30 veces más muertes maternas que en los países donde este procedimiento es legal, a solicitud de la mujer.

En México por ejemplo, la muerte materna se lleva anualmente a más de 3.000 mujeres, y la tercera causa de esa estadística es el aborto inducido.

En todo el mundo se estima que, de cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, 35 buscan interrumpir un embarazo cada año. Las tasas más bajas se observan en países con leyes liberales, como Holanda, Bélgica y Suiza, con menos de 10 abortos inducidos por mil mujeres.

En cambio en Chile y Perú, con legislaciones muy restrictivas, se registran más de 50 abortos inducidos. Las tasas alcanzan aproximadamente 80 de cada 1.000 mujeres en Rumania, Cuba y Vietnam, donde las leyes son muy liberales, pero el acceso a la anticoncepción es muy limitado, entre otros motivos.

Dar una respuesta al problema de los embarazos no deseados y al aborto inducido supone impulsar con urgencia políticas públicas de prevención e información integrales para evitar la muerte de mujeres productivas, generalmente pobres o muy jóvenes, señalan los expertos.

Algunos grupos exigen abstinencia y «regulación» natural de la sexualidad, otros reclaman justamente más educación y mayor acceso a servicios de anticoncepción y planificación familiar. Sin embargo, en la vida real, el aborto nunca podrá eliminarse por completo debido a la violencia contra las mujeres y la impunidad.

Pero también «porque la falta de educación lleva a las relaciones sexuales no protegidas y, científicamente, se puede probar que un alto porcentaje de embarazos no deseados tiene relación con fallas en el uso de anticonceptivos», agregó Schivon a SEMlac.

En México, entre cuatro y seis de cada 100 mujeres declararon haber sido víctimas de violación alguna vez en la vida; 65 por ciento entre los 10 y 20 años, en pleno comienzo de su etapa reproductiva, según las encuestas más recientes de IPAS, que se realizan cada tres años.

Estimaciones de organizaciones especializadas y del Instituto Nacional de las Mujeres indican que en el país suceden al año 120.000 violaciones y se calcula que la probabilidad de embarazo es del ocho al 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.

En el supuesto de que la cobertura anticonceptiva de estas mujeres sea nula, se esperarían aproximadamente entre 9.600 y 12.000 embarazos como resultado de violaciones, cada año, en todo el país.

Por otro lado, las Procuradurías de Justicia estiman que sólo 10 por ciento de las mujeres violadas llegan a presentar una denuncia y, de ellas, apenas una minoría lo hace dentro de las primeras horas, lo que permitiría la administración de la anticoncepción de emergencia para prevenir un posible embarazo, práctica que es legal en México.

También se ha comprobado que, pese a que los programas de planificación familiar comenzaron a aplicarse desde 1974 en México, todavía menos de 40 de cada 100 adolescentes en unión usa anticonceptivos; al igual que 57 de cada 100 mujeres sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.

La tendencia en los últimos años no ha mostrado un aumento significativo en la cobertura anticonceptiva de México, dijo la especialista y, en algunos grupos específicos como adolescentes, se evidencia incluso una reducción, sobre todo en los últimos 11 años, bajo el gobierno de un partido conservador.

La necesidad no satisfecha de anticonceptivos, es decir, el porcentaje de mujeres que no usan un método anticonceptivo aunque no desean quedar embarazadas, se ha mantenido entre el 10 y el 12 por ciento en las últimas décadas, sin lograr disminuciones significativas.

Fallas anticonceptivas

Ningún método anticonceptivo es totalmente efectivo para prevenir los embarazos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año alrededor del mundo suceden 26,5 millones de embarazos como consecuencia de fallas anticonceptivas.

En la actualidad, los hospitales consumen considerables recursos económicos y humanos en la atención de las complicaciones de los abortos inseguros que las mujeres realizan clandestinamente, con médicos no capacitados y en clínicas sin infraestructura.

Entre las complicaciones están las hemorragias, infecciones severas y lesiones traumáticas, como desgarros en el cuello del útero y perforaciones de la matriz. Se sabe que, en promedio, 10 por ciento de las atenciones ligadas al embarazo en el sector salud son por aborto inducido.

Solo en la Ciudad de México, una investigación en tres hospitales y clínicas ha estimado que la atención a las complicaciones del aborto, en un contexto legalmente restringido y con técnicas consideradas obsoletas -como el Legrado Uterino Instrumental (LUI) – cuesta alrededor de 2.500 millones de dólares (29 millones de pesos mexicanos).

En un contexto legal y utilizando tecnología moderna y segura, como es la Aspiración Manual Endouterina o la interrupción del embarazo con medicamentos, este costo podría reducirse a la tercera parte, equivalente a 720.000 dólares. Esta fue una de las razones por las cuales la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México decretó en 2007 que la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación estaba permitida.

RECUADRONUMERALIA

. En México, de 1990 a 2005, 21.464 mujeres murieron por causas maternas; de ellas, 1.537 fueron debido al aborto y sus complicaciones, lo cual representa el 7,2 por ciento de todas las muertes maternas durante este periodo. El aborto representa así la tercera causa de muerte materna a nivel nacional.

De 1.537 muertes por aborto, casi 60 por ciento se concentró en seis entidades: Distrito Federal (14{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Estado de México (13{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Veracruz (10{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Chiapas (8{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Puebla (7{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}) y Guerrero (6{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}).

Casi la mitad de las muertes (45{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}) ocurrieron a mujeres entre 20 a 29 años; una de cada ocho (13{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}) era adolescente.

La mayoría (64{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}) de las muertes por complicaciones del aborto ocurrieron a mujeres sin derecho a seguro social.

El 77 por ciento de 281 muertes maternas por aborto ocurridas en el hogar de la fallecida fueron mujeres residentes en áreas rurales del país, entre 1990 a 2005.

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