Manos arriba / I de II

El Congreso Local aprobó, sin quitar punto o coma, la Ley de Egresos y el paquete económico. Existían numerosas razones para que diputados de todas las fracciones votaran en contra. La primera es, a confesión de los diputados del PRD, que no habían tenido más que unos pocos días antes la documentación y esta se presentó incompleta.

Luego ¿Qué votaron? ¿Entendieron algo? ¿Cuánto tiempo estudiaron estos asuntos? ¿Por qué permitieron se les mantuviera al margen de todo el proceso?

En esta relación el ejecutivo le falta al respeto al legislativo y este último muestra la incapacidad de sus integrantes para lucir una independencia comparable con la de los diputados en el Congreso Federal.

No sólo debemos cuidar los datos oficiales, nos enteramos, por el titular de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), José Alejandro Villarreal Gasca, que los estados esconden sus pasivos, los cuales contabiliza en más de 50,000 millones de pesos de los reportados a Hacienda, deuda que además es de corto plazo.

En todo caso la deuda de los estados, según la propia SHCP se duplicó del 2007 a este año, y otro presidente, el de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, reveló que la deuda del estado de Hidalgo creció en estos últimos 10 años a números cerrados 1200 por ciento.

Este fenómeno se repitió sin atención por parte de la opinión pública en varios estados hasta que el caso Coahuila, cualquiera que sean los fines de quienes lo dieron a conocer, lo pone en primera plana y causa la renuncia del presidente nacional del PRI y exgobernador del estado norteño.

La contratación de deuda es un instrumento a disposición de los gobiernos y como tal no puede ser calificada hasta que se analiza los términos en que se contrato y sus fines. A pesar de las carreras, en este caso, existen a disposición del ciudadano común un gran número de elementos que le permiten formar su opinión:

1.- Hoy, la deuda de todos los estados y municipios representa el 2.7 por ciento del PIB y se señala no sólo el tamaño y el ritmo del crecimiento respecto a los ingresos fiscales ordinarios (que en el caso del estado de Hidalgo es del 8 contra el 5 por ciento) sino el destino que se le da a esos recursos como uno de los motivos de preocupación de las autoridades federales.

2.- El problema de la deuda de la refinería de Tula comenzó mal cuando el gobierno federal propuso una suerte competencia para que los estados buscaran ganar la construcción de una instalación aún cuando en numerosas ocasiones no había querido tomar nota de su importancia. En lugar de decidir y financiar el total de la inversión, incluyendo el costo de los terrenos en los cuales se instalará PEMEX, se sentó a ver cual era la oferta de los estados, los cuales mordieron y se comprometieron a ofrecer el terreno. Desde sus inicios varios señalaron que ese era un compromiso que el gobierno Federal debía asumir, sin embargo, el gobierno estatal y los diputados aceptaron este arreglo y hoy se pretende lo que debió ser desde el inició: que el gobierno federal asuma la deuda.

3.- En el caso del estado de Hidalgo se hizo esto realidad a través del contrato de un crédito a un 2 por ciento mayor que la tasa de interés de referencia (TIIE), mientras que otro crédito contratado por el propio gobierno del estado de Hidalgo lo fue sólo a un 0.14 por ciento mayor que la TIIE.

4.- Que mejor ocasión que la discusión del paquete económico para limitar el uso partidario que se le da al gasto público en nuestro estado, sin embargo, las Coordinaciones Regionales, que violan el principio del Municipio Libre, contenido en el artículo 115 constitucional, permanecen intocadas.

5.- Los diputados de oposición, como el común del ciudadano hidalguense, conoce este último problema, sin que nadie tenga que convencerlos de ello: Para llegar a su curul se enfrentaron a la compra del voto.

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