El pasado domingo, durante la misa realizada en la Catedral de la Ciudad de México Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, defendió el “derecho natural a la libertad religiosa que tiene todo ser humano”, en el marco de las modificaciones al art. 24 constitucional aprobadas en la Cámara de Diputados y que están pendientes de dictaminación en el Senado de la República y, en su caso, en la mayoría de los Congresos estatales.
Si de libertades se trata, estoy plenamente convencida de que hay que defenderlas y, en ese sentido, estoy de acuerdo con la libertad de religión, lamentablemente quienes más han violado esta libertad es la jerarquía católica, para quien la libertad de religión significa la imposición de la religión católica por encima de otras religiones y por encima de nuestras leyes, es decir el avasallamiento total de la religión católica.
Me ha tocado escuchar en diversas misas católicas como los sacerdotes no sólo critican sino también se expresan mal de lo que denominan “sectas” es decir, de las religiones no católicas aunque la mayoría también sean cristianas, tal y como en su momento los romanos denominaban “bárbaros” a quienes no eran romanos.
El asunto de fondo es que durante los 300 años de la dominación española la iglesia católica tuvo la hegemonía religiosa de nuestro país, y hasta la fecha no se resigna a perder el poder político, económico e ideológico que tenía hasta antes de las Leyes de Reforma, leyes que no sólo separaron la iglesia y el estado, sino que además, a través de la Ley sobre Libertad de Cultos decretada por el Presidente Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860, permitió la libertad religiosa, lo que significó la entrada a nuestro país de otras religiones diferentes a la religión católica, y el respeto por parte del estado a todas y cada una de ellas.
Esta Ley dejó muy en claro la independencia entre el Estado y las creencias y prácticas religiosas, tal y como lo establece su artículo 1° que a continuación transcribo:
“Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del órden [sic] público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios de observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina”.
En su artículo 5 establece que: “En el orden civil no hay obligación, penas, ni coacción de ninguna especie con respecto á los asuntos, faltas y delitos simplemente religiosos: en consecuencia, no podrá tener lugar, aun precediendo excitativa de alguna iglesia o de sus directores, ningún procedimiento judicial ó administrativo por causa de apostasía, cisma, heregía [sic], simonía ó cualesquiera delitos eclesiásticos. Pero si á ellos se juntare alguna falta ó delito de los comprendidos es las leyes que ahora tienen fuerza y vigor y que no son por ésta derogadas, conocerá el caso la autoridad pública competente, y lo resolverá sin tomar en consideración su calidad y trascendencia en el orden religioso…”
Sin embargo, la jerarquía católica ha presionado en diferentes momentos, a lo largo de la historia de nuestro país, para castigar como delitos algunos pecados, como es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo que hasta la fecha continúa en disputa, y para ello ha contado con supuestos representantes populares que legislan desde su moral particular y la imponen a la ciudadanía, olvidando su obligación y respeto al estado laico.
La reforma al artículo 24 si vulnera la laicidad del estado, que no quiera confundirnos el arzobispo Rivera, y lo que él quiere no es la libertad religiosa, sino continuar con la hegemonía católica. “Al pan pan y al vino vino”.
