Hidalgo: Buen gobierno municipal

Una vez instalados los gobiernos municipales en el estado de Hidalgo, el pasado 16 de enero, se inicia la ardua labor de gobernar. La mayoría de alcaldes no cuentan con la experiencia política o de gobierno que les permita avizorar los grandes retos que enfrentarán pero pueden disponer de muchas herramientas e información para realizar sus tareas.

Ahora si tendrán mucho tiempo las nuevas autoridades para planear el desarrollo municipal, puesto que los gobiernos tendrán un periodo de cuatro años, siete meses y quince días, lo que resulta inédito y en si marca un precedente en la historia política local. Y algunos se han de preguntar y ahora qué hago con tanto tiempo?

Primero que nada es hacer una evaluación de cómo dejaron las arcas y el estado de la administración, necesarias auditorias para fijar límites y responsabilidades. El paso dos es ajustar y definir el equipo de trabajo que se encargará de las funciones; el paso tres, conocer la legislación y reglamentos que involucran el quehacer de gobierno, y paso cuatro, preparar el Plan de Desarrollo Municipal donde se plasmen las promesas y propuestas que se recibieron a lo largo de la campaña.

Aprovechando el inicio, los ciudadanos deben de estar atentos a que se formen centros y observatorios ciudadanos para intervenir y coadyuvar en las tareas de gobierno de su municipio. Es tan importante los asuntos públicos, como para dejárselos a un pequeño grupo de gente, muchas veces, inexpertas.

También es importante que los ciudadanos se sumen a la participación ciudadanía con la idea de construir gobiernos que tiendan al bien común y al buen gobierno. Ello requiere de un esfuerzo mutuo para abrir los canales de participación e insertarse de modo responsable y consciente en las tareas.

Es la oportunidad para elevar las propuestas de la sociedad a que se integren en los programas, ya que la reforma municipal aumentó de forma significativa las atribuciones de los Municipios y repercuten en el ámbito de gobierno en su vida institucional: 1) el reconocimiento de las comunidades e instituciones y derechos indígenas en el ámbito municipal 2) incorpora aunque de forma escueta la transparencia municipal y deja de lado el vínculo con la rendición de cuentas 3) incorpora la “participación ciudadana en políticas públicas” pero los mecanismos los deja volando a juicio de los ayuntamientos, y elimina las figuras anteriores de iniciativa popular y el plebiscito 4) hay nuevo procedimiento de “entrega-recepción” pero está ausente la rendición de cuentas.

Habría que pensar en gobiernos innovadores y abiertos al cambio e interacción entre gobernantes y gobernados. Se me antoja la posibilidad de incorporar los derechos de los ciudadanos, según el gran investigador catalán Jordi Borja, que incluye una gran cantidad de derechos y libertades. Entre ellos están los siguientes:

El Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador.

El Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, o participar o confrontarse. Para los “excluidos” la integración grupal conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.

El Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas públicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapte a las características de poblaciones especialmente vulnerables.

Todo lo anterior y más se enfoca en el Derecho a innovación política. Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión. Ello requiere no solo apertura, revisión de las leyes y reglamentos sino una sensibilidad genuina para llevar lejos y en alto el buen gobierno. Quién toma la propuesta?.

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