Las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, son una de las formas más comunes de ataque a las defensoras. La mayoría de los casos de asesinato y amenazas de muerte ocurrieron en lugares donde la violencia y la impunidad se han convertido en un problema alarmante.
por Otilia Sánchez Castillo / DESDE ABAJO
En los últimos años, el riesgo y los ataques contra las defensoras de derechos humanos han aumentado en todo el país. Particularmente preocupante es su situación en estados como Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como los crecientes y reiterados ataques de que son objeto aquellas que denuncian casos de feminicidio, dirigen y/o trabajan en los centros de refugio para mujeres que sufren violencia, denuncian violaciones a derechos humanos por parte del ejército, empresas trasnacionales y en ámbitos laborales, defienden la autonomía reproductiva de las mujeres o apoyan a las familiares de personas detenidas, perseguidas y desaparecidas por motivos políticos; sin olvidar las agresiones a periodistas, a defensoras indígenas y a activistas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero.
En nuestro país contamos con pocos procesos sistemáticos de documentación que permitan brindar un panorama completo de la situación de violencia que enfrentan las defensoras, sobre todo desde una perspectiva de género que permita visibilizar las formas de agresión específicas y los riesgos que las defensoras enfrentan.
Por ello es de particular relevancia la publicación “Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011” que sistematiza, desde la perspectiva de género, las respuestas de cincuenta defensoras mexicanas al cuestionario realizado durante el 1er Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las memorias de los dos Encuentros Nacionales de defensoras realizados en 2011 y 2012.
De acuerdo con esta publicación las defensoras de derechos humanos enfrentan, junto con sus pares defensores, diversas violaciones relacionadas con su derecho a defender derechos, las cuales se pueden clasificar en cuatro grupos de violaciones:
• Aquellas que refieren a la vida, a la libertad y a la integridad personal.
• Las relacionadas con al uso indebido de los recursos del Estado, ya sean jurídicos o e uso legal de la fuerza.
• Actos de violencia que difaman y desprestigian su trabajo y persona.
• Actos que lesionan los bienes inmuebles donde trabajan, su propiedad, sus recursos, así como su privacidad y relaciones personales.
La violencia que atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de quienes defienden derechos humanos es la que más se registra (60{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}). En el periodo de 2010-2011 al menos 8 casos de asesinatos de defensoras de derechos humanos en México, aunado a 5 casos de asesinatos de mujeres periodistas en ese mismo periodo. Asesinatos que han quedado impunes.
Las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, son una de las formas más comunes de ataque a las defensoras. La mayoría de los casos de asesinato y amenazas de muerte ocurrieron en lugares donde la violencia y la impunidad se han convertido en un problema alarmante.
En el diagnóstico se señala que el 76{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de las defensoras participantes reconocen especificidades de género en el tipo de violencia que viven por realizar su trabajo y de éstas 40{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} señala la violencia sexual como la principal forma de violencia específica. 12{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} identifican, como principal violencia, las amenazas contra la familia, hijos e hijas. Si bien esta modalidad de violencia puede darse también contra los defensores, en el caso de las defensoras genera una mayor inhibición de su trabajo.
Una parte muy importante de este diagnóstico es el análisis sobre las medidas institucionales, civiles, sociales y personales para la protección de las defensoras, subrayando la necesidad de que los procesos de protección no sostengan el clásico prejuicio sobre la indefensión de las mujeres y que, en vez de ello, se diseñen de manera integral y estructural, sobre la base de construir su empoderamiento. Contar con medidas de seguridad adecuadas es una prioridad que las defensoras coinciden en definir como una necesidad para garantizar un entorno favorable.
No hay que olvidar que es el Estado el principal responsable de garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas para que las defensoras puedan realizar su trabajo y para que los derechos humanos sean una realidad para toda la población.
