Exigen a la SCJN elabore Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos y discapacidad, las cuales han expresado su preocupación por los argumentos vertidos durante la discusión del Pleno respecto de la Acción de Inconstitucionalidad 3/2010, planteada por la CNDH en contra del artículo 24, fracción II, de la Ley General del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Entre esas preocupaciones, planteadas en el encuentro, destacan la no invocación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad durante las sesiones del Pleno de los días 17 y 19 de enero pasado, así como el que se recurra a un modelo de interpretación médico asistencialista y no a un modelo actual y socialmente incluyente.

Asimismo, solicitaron que en futuros casos en los que se analice algún tema de discapacidad, previo conocimiento de los mismos, se puedan generar acercamientos de intercambio de conocimientos especializados sobre la materia.

Pidieron que la Suprema Corte elabore un Protocolo de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, a fin de que este documento sea un instrumento de apoyo para todos los jueces del país, en el marco del control de convencionalidad.

Reconocieron la apertura que en tiempos recientes ha experimentado la Suprema Corte, lo que ha permitido a la sociedad civil acercarse al Tribunal Constitucional para expresar sus opiniones sobre la forma en que se imparte justicia.

Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expresó el compromiso de la SCJN por hacer efectiva la protección de los derechos humanos en los casos que resuelve, para ir avanzando en la construcción de un sistema de justicia más garantista.

Indicó que la Suprema Corte construye, a partir de la entrada en vigor de la Décima Época – octubre de 2011-, un nuevo modelo de impartición de justicia basado en la más alta protección de los derechos humanos.

Ofreció que cuando el Máximo Tribunal conozca de casos en los que se analice algún tema relacionado con discapacidad, se puedan realizar reuniones de retroalimentación entre esta institución y las organizaciones especializadas en la materia.

Les pidió solicitar a la Suprema Corte la atracción de casos de relevancia en materia de derechos humanos y discapacidad que tengan detectados, con el fin de generar nuevos criterios sustentados en la Constitución y los Tratados Internacionales.

Propuso realizar talleres entre las organizaciones especializadas en estas materias y los secretarios de estudio y cuenta, a fin de acercarles los instrumentos jurídicos internacionales aplicables y puedan conocer el lenguaje y las características que definen a las personas con algún tipo de discapacidad, a efecto de que sean tomadas en cuenta en el análisis de eventuales casos.

Las organizaciones participantes en el encuentro fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el Centro Internacional de Investigación Pro Derechos Humanos y Desarrollo Inclusivo A.C., Disability Rights International, Asociación Libre Acceso A.C., Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dicapacidad.com, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., así como líderes de opinión y periodistas especializados.

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