Cunde al modelo Peña Nieto en Zacatecas: todo contra las mujeres

por Sara Lovera

Increíble pero cierto. Un modelo peligroso fue el desarrollado en el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México al desaparecer el Instituto de las Mujeres. De este modo desapareció el presupuesto y la autonomía de la política de género y sus funciones fueron incorporadas a la política social en general. ¿Qué podría significar esto? El atraso, al considerar a más de la mitad de la población como «grupo» y no como lo es: mayoría.

Pero además esta situación contraviene lo que ahora es constitucional o sea los acuerdos internacionales firmados por el Estado de México para el adelanto de las mujeres. Y se ha convertido en una forma directa e indirecta de menospreciar a la mitad de la población.

Esta acción se sumó a la negativa para implantar en el Estado de México el mecanismo preventivo para una zona de alto riesgo para las mujeres. Peña nieto, arropado por las directoras de los Institutos de las Mujeres, en su mayoría, evitó poner en práctica lo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia le mandataba. La instalación de una Alerta de Género para fijar e investigar 922 homicidios femeninos, el más grande en el país. La postura fue emulada meses después por el gobierno de Nuevo León.

La resistencia a reconocer la condición de las mujeres implantada por Peña Nieto cunde en el país y puede revertir una política que se ha ido construyendo lentamente, desde que en 1975 los gobiernos reconocieron que era indispensable implantar políticas inductivas par promover la igualdad entre hombres y mujeres. En México la creación de un órgano específico tardó 20 años, hasta que en 1995 se creó la Comisión Nacional de la Mujer, que entonces presidió Dulce Ma. Sauri, ex gobernadora de Yucatán.

Luego vinieron los golpes a la política que parecía tener adelantos, la de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Festejamos con bombos y platillos la creación de una instancia en la Secretaría de Salud que buscaba implantar en la cultura mexicana los derechos de las mujeres a su vida sexual y reproductiva plena. En 2008, se recordará se inició una andanada profunda para cercenar la interrupción legal del embarazo (ILE) lo que hasta la fechan han significado 18 modificaciones constitucionales que restringen este derecho, con consecuencias lamentables.

¿Qué puede significar la desaparición de los Institutos de las Mujeres? El asunto no fue analizado ni se protestó contra lo que sucedió en el Estado de México porque parecía algo definido por ese gobierno recubierto de compromisos del ejecutivo estatal con el Opus Dai y con la Iglesia Católica que en pleno siglo XXI funciona ideológicamente como si viviéramos en el siglo XVI. El colmo. Ahí se dejó.

Pero ahora resulta que la andanada quiere profundizarse. El 15 de mayo una estela de iniciativas y propuestas el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes de origen priista, envió al Poder Legislativo una iniciativa que propone crear una Secretaría de Desarrollo Social, a la cual se integraría el Instituto de las Mujeres Zacatecanas (INMUZA), que le hará perder su nivel jerárquico, autonomía, presupuesto, infraestructura y pone claramente en peligro toda acción de políticas públicas en favor de las mujeres.

Ello contraviene los Tratados Internacionales firmados por México en materia de derechos humanos de las mujeres y está en contra de la Constitución General de la República.

De este modo, yo diría que es una provocación y se trata de un nuevo distractor, habida cuenta de que estamos en pleno proceso electoral, que arrecia la confusión y la violencia -en 10 días asesinaron a 8 periodistas en el país- y menudean las ejecuciones crueles contra ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Abrir un nuevo frente contra la ciudadanía ha puesto en alerta a las disminuidas fuerzas feministas del país.

Por lo pronto está la voz de alerta. Se han sumado para protestar primero las Organizaciones de Mujeres, de Académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, periodistas organizadas y Sociedad civil, para impedir que se aprueben las iniciativas, según todos los comunicados , por considerar que ello irá en detrimento del ejercicio de los derechos de las mujeres en Zacatecas, de las personas con capacidades diferentes, de las y los migrantes, y de la juventud.

O sea la iniciativa pretende poner todo en un mismo saco. Lo grave es que las mujeres, de cualquier categoría, clase, etnia, situación económica o social, somos más de la mitad de la población. Se insiste en una cuestión cultural, de que somos un pequeño grupo «vulnerable». Este pensamiento reforzado por discursos que transitan el contenido de los medios de comunicación y la creencia, en vastos sectores de la población. Es, como se dice, un golpe calculado.

La llamada desde Zacatecas para mirar con hondura lo que ello significa, ha producido una alerta entre grupos civiles y activos del feminismo mexicano y de las buenas conciencias que no se han tomado a la ligera la política pública a favor de las mujeres, contra su discriminación, contra la violencia que se ejerce contra ellas, por su desarrollo integral, así sea lento, pactado, institucional.

Las mujeres de Zacatecas urgen a poner el acento en esta cuestión. Señalan en un comunicado que se ha difundido en el país que se perderán 12 millones de pesos anuales (un millón de dólares) de recursos federales específicos para la política pública en Zacatecas.

Y señalan que Organizaciones Civiles y el sector académico rechazan contundentemente la propuesta que integra la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, en la que se contempla la desaparición del Instituto para las Mujeres Zacatecanas (INMUZA), la cual lo transforma sólo en un programa gubernamental para las zacatecanas, a las que considera únicamente como sector vulnerable.

Esta iniciativa Propone crear una Secretaría de Desarrollo Social, a la cual se integraría el INMUZA, perdiendo con ello nivel jerárquico, autonomía, presupuesto, infraestructura y desaparecería toda acción de políticas públicas en favor de las mujeres.

Agregan que simplificar políticas públicas, a través de “extinguir” a instituciones como el INMUZA y la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CEISD), traería consigo retrocesos significativos en ámbitos donde Zacatecas desde hace años ha destacado, ganándose posicionamiento en los niveles nacional e internacional.

¿Quién protesta? Bueno por lo que ha estado sucediendo en Zacatecas, donde hubo recientemente una gobernadora mujer y feminista, la perredista Amalia García Medina, revela que en la protesta se integra por ex diputadas y ex directoras del INMUZA, periodistas organizadas, académicas, integrantes de las ONG y otras personas, quienes respaldan la permanencia del Instituto para las Mujeres Zacatecanas para que cumpla con la obligación del Estado Mexicano de darle certeza y respaldo las zacatecanas, a fin de que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

Es necesario plantear que no se trató de un capricho, sino que la igualdad de la mujer debe ser un componente central de las políticas de Estado, y Zacatecas no puede estar exento de cumplir esas normatividades que no son moda, sino que buscan la potencialización y adelanto de las mujeres.

La creación y permanencia del INMUZA y sus homólogos municipales se sustentan en orden jurídico nacional e internacional, los cuales están por encima de la normatividad local. Pues éste, debe estar acorde a las disposiciones que en materia de derechos humanos existen.

Es de recordar que por sus políticas públicas, sus acciones y sus buenos resultados el INMUZA, como única entidad invitada a nivel mundial, ha participado en reuniones internacionales para exponer sus experiencias en favor de las zacatecanas en Ecuador, España, Brasil y Argentina.

Los institutos locales de las mujeres encuentran su fundamento en: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) suscrita y ratificada por el Estado Mexicano en 1981; en la Recomendación General No. 25, emitida por el Comité de expertas de la CEDAW al Estado Mexicano, en donde lo instó a “establecer mecanismos a nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficiente para asesorar acerca de las repercusiones que tienen sobre la mujer todas las Políticas Gubernamentales, supervisar la situación general de las mujeres, y ayudar a formular nuevas políticas y aplicar estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación”.

También en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Belém Do Pará; en los acuerdos de la Conferencia Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos en Viena (1997); en la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo, Egipto en 1994; en La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer o de Beijing ( 1995) que obliga a “Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales para el mejoramiento de la condición de la mujer.

Esos mecanismos son los institutos. La Ley nacional narra como éstos serán de diversa construcción jurídica, pero la mayoría son autónomos con patrimonio propio. Y se trata de que funcionen como organismos de coordinación de políticas de género de los gobiernos.

Mucho hemos escuchado los discursos de políticas y políticos, durante años, se nos ha prometido a incorporar la perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno. Y aunque lo cierto es que todo el tiempo se regatean recursos, calidades jerárquicas – sólo hay tres secretarías incorporadas al gabinete en Guerrero, Michoacán y Chiapas-, lo cierto que a paso de cangrejo se han ido institucionalizando políticas convenientes y exigibles por la población.

Una de las tareas centrales de estos «mecanismos» es precisamente promover y difundir los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres. Las constituciones locales han incorporado la igualdad, tal y como está planteada en al artículo cuarto de la Constitución general del país.

Es verdad que mucho de los establecido en leyes y reglamentos, no ha servido cabalmente para cambiar la condición de las mujeres, pero es verdad también que el referente legal ayuda en las exigencias, promueve recursos, da lugar a demandar que se cumpla la ley y es vigilado, esto es importante, por órganos internacionales, habida cuenta que al firmar las convenciones en México se convierten en ley aplicable y exigible.

Y las recomendaciones han sido muy claras. Esos institutos deben establecerse; ser instancias de jerarquía, deben trabajar como un medio que agilice, la planificación descentralizada, la aplicación y la vigilancia con miras a lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, empezando por las de base y finalmente deben disponer de suficientes recursos presupuestarios y capacidad profesional;

La propuesta del gobernador de Zacatecas, además, está en contra del compromiso mexicano para cumplir con lo que se llama Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros acuerdos.

Yo agregaría que en el caso de las Metas del Milenio el objetivo tres señala: Igualdad entre los géneros.

Las mujeres de Zacatecas reconocen que los avances han sido pocos y han requerido gran esfuerzo , pero ello no significa que hay que desaparecer el mecanismo y los compromisos, así de facto, porque al gobernador se le ocurre que hay que recortar gastos, seguramente y entonces decidió que para esta política, porque todavía no entiende de que se trata, porque lo desprecia, porque las mujeres son desechables, porque se siente mal de haber sustituido a una mujer, porque cree que las mujeres deben permanecer en su condición de adicionales, analfabetas, sin derechos, porque tal vez piensa, como otros muchos gobernantes, que todavía las mujeres no son personas integrales, ciudadanas, capaces, con los mismos derechos.

Este gobernador de Zacatecas, seguro que no entiende la Constitución, y es como todos los del poder, autoritarios, ciego y sordo ¿qué mas? No encuentro más razones que lo pueden estar movilizando, más que aquellas que son de índole de asesoría. Es decir los gobernadores priistas, como hace años, creen que deben seguir las reglas de su nuevo líder. Enrique Peña Nieto, que puso la política a favor de las mujeres en el nivel de vulnerables, como se hace pensando sólo en las madres solteras, las viudas, las pobres muy pobres, las demás no existen, las ciudadanas.

En fin que se trata de algo peligroso. El anuncio de una nueva andanada, que es imperativo explicar, difundir, señalar y entender. Es ahí, y no en el de la propaganda de las iniciativas, donde debe trabajarse con quienes forman parte y arman los contenidos de los medios de comunicación.

ANTECEDENTES/ NECESARIOS

El 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y “es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines”.

Mencionemos que antes de la creación nacional el INMUJERES, en Zacatecas, por la movilización social y concertación política, ya existía el Instituto de la Mujer Zacatecana, desde 1999.

La Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 22 establece el principio de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, derivando con ello una serie de derechos exigibles al Estado; que muy a pesar de ello, la realidad zacatecana muestra condiciones adversas que impiden el cabal cumplimiento: el famoso machismo y la ignorancia, pero ello no exime al gobierno de sus obligaciones con la sociedad.

A partir de 199 los Planes estatales de desarrollo ( estatal y municipales) incorporaron la reivindicación de los derechos de la mujer como lineamiento para lograr un Estado con justicia social; poniendo en práctica políticas promotoras a favor del desarrollo de las mujeres, las políticas de igualdad de oportunidades y plena equidad en el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y civiles; en armonía con la política social del Estado.

INMUZA, es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal tiene como finalidad la” incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas debe partir de un proceso de planeación que toma en cuenta los diferentes papeles, expectativas y responsabilidades de hombres y mujeres, y que evalúa su impacto en ambos. Su meta es hacer que las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres sean un elemento central de la elaboración, puesta en práctica, supervisión y evaluación de políticas y programas, con el fin de que ambos se beneficien y se impida que la desigualdad se reproduzca”.

La desaparición del INMUZA equivale a implementar un programa de igualdad pero sin recursos propios y consider todas las políticas a favor de las mujeres dentro de un ley dependiente. O sea volver al pasado pasado, al tiempo de los generales y los dictadores, al tiempo donde a las mujeres se nos consideraba menos que a los hombres ¿o sigue siendo así? Me temo que otros gobiernos podrían seguir este ejemplo.

saralovera@yahoo.com.mx

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