Hidalgo: Muchos pendientes y más promesas en DDHH entre aspirantes al Congreso

 

Pablo Vargas González

A menos de dos semanas que se realicen las elecciones de diputados locales, se empieza a configurar un proceso electoral definido por la hegemonía partidaria que habrá renovar el Congreso Local en Hidalgo, sin embargo entre la legislatura que termina y la que iniciará hay tareas que les compete o competerá, algunas que son de bajo perfil y calado, que se han quedado para “mejor momento”.

En la campaña electoral se escuchan y leen “promesas” y mas “promesas”, en estos momentos candidatas y candidatos ofrecen las “perlas de la virgen” y se exceden inclusive en lo que será su función meramente legislativa. Hay quiénes se van muy lejos. “Erradicarán” la pobreza y el hambre. Combatirán el desempleo. Dudo que en tres años puedan acometer tareas y compromisos que en más de setenta años no se ha podido lograr.

He leído con atención, pero sin mucha expectativa, de que varios abanderados, hombres y mujeres, de diversos partidos se han lanzado por “la defensa y protección de derecho humanos” y de derechos de grupos específicos, como son las mujeres y los indígenas. Desde luego que ya es un discurso que llegó, aunque muy tarde a la clase política, aun cuando todavía pueden aprender mucho de ello.

Sin embargo, con la conclusión en unos meses de la LXI Legislatura local, del periodo 2010-2013 es necesario empezar una evaluación de sus labores, y extender la discusión de sus trabajo hacía un público más amplio, puesto que como ya se sabe, los diputados, y congresos locales, son las figuras e instituciones más distanciadas de los ciudadanos, según las encuestas.

Podemos encontrar en el folleto reciente “Leyes con sentido humano. Resultados legislativos” una muestra representativa de la labor de los representantes partidarios en el Congreso Local. En donde se dice que hubo 103 iniciativas legislativas, en ningún momento se señala cuántas de ellas propuso el poder ejecutivo, puesto que las principales críticas de los ciudadanos son que el Congreso Local solo es apéndice del gobernador. No obstante se dice que hubo 77 dictámenes, 22 nuevas leyes, 35 reformas y 485 decretos aprobados.

Aunque hay diputados que no están del todo de acuerdo con la labor del Congreso o de algunas comisiones. Recientemente el diputado Prisco Manuel Gutiérrez puntualizó que en la Comisión Integral para el Desarrollo de Pueblos Indígenas existió un rezago con la firma de convenios y otras actividades. Aclaró que las iniciativas presentadas en esta comisión registran un avance del 75 por ciento.

También se habla de “transparencia” en que se alude su apego “de cara a la ciudadanía”, no obstante el vínculo e interlocución con ciertos sectores sociales fue bajo, por no decir nulo. Y esto puede ser la constante en la Legislatura que está concluyendo que fue poco abierta a los grupos ciudadanos y las propuestas de la sociedad civil.

Dentro de los puntos fundamentales se vanagloria de haber aprobado y tener la “primera Ley Especializada en derechos Humanos”, aunque hay que aclarar que está incompleta y aun no se encuentra del todo armonizada con la reforma constitucional en derechos humanos, deja pasajes ambiguos, y los procedimientos de renovación de la CEDH y su consejo, no alcanzan la precisión para convertirla en un organismo realmente autónomo. Lo mismo sucedió con la propuesta sobre “Desaparición forzada” solamente quedo en una reforma al Código Penal cuando a nivel nacional ya se habla de una ley federal, y ya se han realizado leyes locales.

Habría que discutir el alcance de la reformas e iniciativas de género y protección de derechos de las mujeres, sobre todo las que se lograron por las presiones de INMUJERES, de las OSC en relación a la tipificación del feminicidio y por el número de mujeres asesinadas en la región de Tula de Allende. Quedan muchas temas pendientes que esta Legislatura dejará a su predecesora, ojalá no se hagan “ojo de hormiga” y cumplan las promesas de campaña.

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