Dos casillas electorales y derechos humanos

 

Pablo Vargas González

De un total de 3, 507 casillas electorales que se instalarán el 7 de julio en la renovación del congreso local, dos de ellas ubicadas en la huasteca hidalguense que representan menos del 1{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, han puesto en tensión la comprensión de los derechos humanos y en particular los derechos ciudadanos, por lo que no se justifica la arremetida en contra de los pueblos indígenas, puesto que sus demandas y planteamientos están protegidos por la Constitución y la ley.

Mediante un comunicado del 8 de junio de 2013, dos comunidades indígenas de la Huasteca Hidalguense, pertenecientes al Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) dieron a conocer que por incumplimiento de compromisos de campaña de las autoridades municipales, no votarían ni apoyarían la instalación de casillas en dos comunidades en el Distrito XIII Huejutla.

Pero en lugar de comprender, escuchar y dialogar con las comunidades indígenas, las diferentes tipos de autoridades electorales, municipales y estatales lanzaron una embestida mediática señalizando que solo en estas dos casillas no podrían evitar una fiesta electoral cuyos resultados se encuentran completamente predeterminados.

Lo anterior fue generando una “cortina de humo” para desviar la atención de los principales problemas que se encuentran en el proceso electoral: clientelismo, corporativismo, la coacción del voto y el patrimonialismo, pero sobre todo la falta de interés y de atractivo para la asistencia a las urnas.

El planteamiento de las dos comunidades: Oxale, ubicada en el municipio de Huejutla, y Lindero en el municipio Huautla tiene un fondo más amplio, que el del linchamiento mediático. Permite observar como se tratan las diferencias políticas en el estado de Hidalgo. Si alguien o un grupo de personas discrepan, inmediatamente son descalificadas por las autoridades y por consiguiente por los medios de comunicación que reproducen los intereses del Estado, sin un mínimo de análisis.

En 2011 fueron las elecciones municipales, y como siempre los candidatos ofrecen un cúmulo de promesas, de apertura, de proposiciones que a la larga resultan huecas y sin sustento, muchas de ellas, resultan verdaderas mentiras, que son emitidas para ganar a toda costa el voto de los electores. Este fue el caso de Huejutla y Huautla. En el primero ganó el Partido Movimiento ciudadano con Alfredo San Román, un saltimbanqui de la política, que ya había ganado con el PAN, el mismo municipio, y en Huautla Felipe Juárez Ramírez.

Resulta que como medida de diálogo, después de varias solicitudes, el alcalde Alfredo San Román accedió a darles una audiencia. De manera sorprendente les dijo: Voy a cumplirles sus demandas de: construcción de una galera para usos múltiples y concluir las obras de la iglesia de la comunidad y aparte les dijo que les iba a poner el drenaje. “Pero que si no votaban por el PRI, el mismo iría con maquinaria pesada a destruir las obras”. Este es solo un botón de muestra de lo que están expuestos los ciudadanos con autoridades de esta naturaleza. Desde luego, que solo fue amenazas e intimidación.

Pero aparte de presentar demandas de solicitudes atrasadas, y exigir cumplimiento de promesas realizadas en campaña, las comunidades indígenas esgrimen derechos humanos plenamente respaldados por la Constitución y la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. En el sentido de buscar la integralidad, universalidad y exigibilidad real de los derechos de las personas y de los grupos sociales.

Valdría la pena que las autoridades que orquestaron un linchamiento mediático pudieran comprender los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas plenamente consagrados en el artículo 2° constitucional, y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en donde señalan la autonomía para decidir sus destinos. Dijeron que no votarían, mas no que boicotearían las elecciones, es una decisión reflexionada y acordada en colectivo, que no impide los derechos individuales y ciudadanos.

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