SARA LOVERA
No se puede callar. No es posible obviar la situación. Ya nada puede alentarnos. La violencia es irrefrenable, tenemos años gritando. Tal vez mal. Probablemente no hemos podido crear una verdadera masa crítica. Tal vez nos hemos acostumbrado a protestar sin accionar.
Tenemos decenas de denuncias internacionales en trámite; nos enfrentamos a un sistema que no hace justicia a nadie y trata de ocultar lo que sucede. No es posible entenderlo y es posible que nuestros gritos un día se escuchen. Sólo en 2013 tres periodistas asesinados, tres desaparecidos, más de 90 agresiones. Al menos tres casos emblemáticos en Sonora, Guanajuato y Morelos de feminicidio; violaciones y hostigamiento sexual que se acumulan en los archivos de las procuradurías.
Lo peor es que en estos días los gobiernos, apoyados por sociedad civil, crean nuevas disposiciones legales. Como en los últimos 14 años, para luego ser desatendidas, violadas y de sólo papel mojado. ¿Para qué? Y tampoco sirven de nada las fiscalías o los mecanismos de protección, porque cínicamente, las autoridades dicen no hay dinero para hacerlas eficaces. Igual ineficaz ha resultado la Alerta de Género.
La violencia y la violación a los derechos humanos está documentada claramente, los datos y las declaraciones serán motivo que en noviembre da mucho que decir y habrá muchos nuevos y mentirosos discursos. Hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 20 recomendaciones para atender la violencia feminicida ¿Y qué?
El Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, reprobó a México. La información señala que el país tiene 176 recomendaciones que lo condenan y es claro que en materia de derechos humanos, somos un país imposible. Todo ello cae en la indiferencia.
Según el abogado Rodolfo Domínguez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los casos de violencia feminicida, del hostigamiento al asesinato están argumentadas, hay volúmenes inmensos de pruebas y contundencia en los testimonios, pero ello sólo ha conseguido que el gobierno busque salidas inaceptables, de la impunidad cotidiana a una respuesta sistemática que busca ocultar y minimizar el problema.
De los datos disponibles y publicados, de 2007 a junio de 2012, se perpetraron cuatro mil 112 homicidios contra las mujeres, sólo en 13 entidades. Amnistía Internacional asegura que en 10 entidades la situación es muy preocupante. En los últimos años se ha pedido que se active la Alerta de Género en 11 estados, pero en todos los casos se desechó.
Los relatos de los asesinatos no se pueden expresar, por su carácter inadmisible y sus características monstruosas. Los detalles hablan de tortura y acciones indescriptibles. En Guanajuato, las cosas han llegado al colmo, tanto que el Instituto Nacional de las Mujeres pidió al gobierno panista de esa entidad que resolviera y dejar de afirmar que no se trata de homicidios, sino de accidentes o enfermedades incurables. Nadie parece oír nada.
Informes de la Cámara de Diputados señalan: en 2010, se registraron en México dos mil 335 muertes femeninas con presunción de homicidio, es decir, 6.4 al día. Esta cifra muestra que respecto de los últimos 25 años, 2010 fue el más violento para las mujeres.
Las entidades que para 2010 concentraron el mayor número de asesinatos violentos contra las mujeres son Chihuahua (567), Estado de México (270), Distrito Federal (142), Guerrero (115), Baja California (112) y Sinaloa (107).
Entre 1985 y 2010 el acumulado de muertes femeninas con presunción de homicidio fue de 36 mil 606. Un tribunal feminista que en Jalisco analizó un feminicidio, una desaparición forzada, condenó al Estado, pero muy pocos medios lo publicaron.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación sostiene que entre 2001 y 2010 ocurrieron 14 mil 991 muertes por homicidio en mujeres: el 39.38 por ciento de estos decesos (5 mil 900) datan del periodo 2008- 2010; la tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010 fue de 4.5 por cada 100 mil mujeres. Esta cantidad superó el promedio global reportado para el Continente Americano, que fue de cuatro e implicó un retroceso de 14 años para el país que desde 1996 no reportaba tasas similares.
Imposible continuar con datos y más datos.
Podemos poner algunos rostros a esta maldición: El asesinato de Priscila Carolina Hernández Guerra, de 21 años, ocurrido el 1 de julio pasado en un hotel de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora, será estudiado el próximo martes por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de Sonora. La joven fue asesinada por Singh Siddhart, un hindú de 26 años, quien la torturó con una espátula, con sierra, un tenedor y un abrelatas por más de una hora, después la estranguló y a pesar de que confesó su crimen, un juez no encontró los elementos necesarios para consignarlo por homicidio calificado con brutal ferocidad, alevosía y ventaja. Se trata del Juez IV penal, Mario Alberto Granados.
Como si fuera una burla en Sonora el pasado 23 de octubre las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos de Equidad y Género del Congreso local aprobaron el proyecto de dictamen para reformar el Código Penal de esa entidad a fin de incluir el asesinato por causas de género. Y en Chiapas se anuncia algo similar ¿Y para qué?, si la Constitución es muy clara, pero nadie parece leerla.
Los relatos indican que tipificar el feminicidio ha servido para minimizar el problema. Un caso emblemático es el de Oaxaca, donde el relato de la sociedad civil grita y grita. Hay casos inadmisibles en todo el país. Y no hay respuestas, los gobiernos desestiman las peticiones de la Alerta de Género, que está en la ley, pero que nadie la respeta. Todo comenzó en 2010 en el Estado de México que gobernaba entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Sólo el informativo Sin Embargo hace investigación buscando la verdad.
En Morelos donde la contabilidad de 2000 a 2013 indica 533 asesinatos, el gobierno perredista, encabezado por Graco Ramírez, considera que no hay tal. Por eso la Comisión Independiente de los Derechos Humanos llevó el caso a la CIDH y ha usado miles de recursos mediáticos, sin que obtenga respuesta.
A estas alturas se ha olvidado las violaciones de elementos del Ejército en Chiapas, de tres indias Tzeltales en 1994. Y está pendiente la justicia en la región Loxicha en Oaxaca. En Chiapas el gobierno verde reconoce 97 asesinatos recientes, 38 solo en 2013; en Jalisco la cuenta va en 98, sólo en este gobierno, que en el caso es del PRI.
En el Noveno Encuentro Nacional Feminista, celebrado en Guadalajara, Jalisco, la abogada María Guadalupe Ramos dijo que ante la negativa de las autoridades estatales a tipificar como feminicidio el crimen de una catedrática, llevarían el caso ante el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Jalisco, para que este lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes.
Hay audiencia de esa corte. Se darán nuevas recomendaciones, otra vez todo dios se lamentará. Mientras en noviembre, puesto que el 25 se conmemora el Día de la No Violencia Contra las Mujeres, servirá para nuevas lamentaciones. Pero de resultados nada.
Es posible que sea necesario reactivar la masa crítica, como nos dijo a periodistas Carmen Aristegui, que pidió ética y no olvidar. Tal vez un día, movilizarse realmente contra estos crímenes de lesa humanidad hará la diferencia. No podemos callarnos, está bien, lo grave es que no actuamos.
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