«Pérdida de 1,500 hectáreas de bosque por cambio de uso de suelo»: Julio Valera


Las Diputadas María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza, Diputados Julio Manuel Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) del Congreso del estado presentaron ante el pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo.

El objeto de la iniciativa, señaló en tribuna Julio Valera Piedras, “es homologar lo establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sobre la creación de salvaguardas como figuras de protección de la población, los propietarios y los poseedores legales de los recursos forestales en escenarios de riesgo ambiental y social”.

“La figura de salvaguarda surgió en 2008 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) dentro del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), cuyo objetivo es implementar estrategias a nivel nacional y local para asegurar la protección de las áreas forestales. En ella se integran diversos actores sociales, incluyendo los pueblos indígenas y otras comunidades que dependen del bosque”, explicó Valera Piedras.

De acuerdo con datos de Global Forest Watch (GFW), una plataforma interactiva de monitoreo forestal  a través de imágenes satelitales, “México es el decimoséptimo país que más cobertura forestal perdió en 2018, con 267 mil 731 hectáreas, el tercer registro más alto de la década y el cuarto desde 2001.3 Esta pérdida representa el 0.5% de la cobertura forestal del país en el año 2000”, señaló el diputado del GLPRI.

Por otro lado, añadió Valera Piedras, “en nuestra entidad se registra una pérdida anual de alrededor de 1,500 hectáreas de bosque a causa del cambio de uso de suelo y la presión que ejercen sobre este terreno más de 2,500 comunidades que sobreviven de las actividades agrícolas y la tala, las regiones más afectadas son la Sierra y la Huasteca, según lo denunció Jesús Iturbe Castillo, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Desde 2011, la CONAFOR trabaja en programas de reforestación, sin embargo, apenas se tiene una cobertura de 20 mil hectáreas”.

Por lo tanto, informó, “se propone incluir, como un objeto de la ley, el garantizar la aplicación de las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional y derechos humanos, bajo el principio de protección más amplia a las personas, para reducir al mínimo los riesgos sociales y ambientales”.

Asimismo, “se propone definir a esta figura como las defensas precautorias de los derechos de la población y de los propietarios y poseedores legales de los recursos forestales en escenarios de riesgo ambiental, y finalmente, incluir, como uno de los principios rectores que deberá observar la política en materia forestal sustentable que desarrolle el ejecutivo, el impulsar la formación de salvaguardas para regular y fomentar la conservación, mejora y desarrollo de los recursos forestales; así como para asegurar la protección a la población en casos de riesgos ambientales”, finalizó Valera Piedras.

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