Pide GLPRI No criminalizar las acciones de la Ley de Voluntad Anticipada


Las Diputadas María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza y los Diputados Julio Manuel Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) del Congreso del estado presentaron ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona el artículo 153 Bis, al Código Penal del estado de Hidalgo,

En la iniciativa, explicó José Luis Espinosa Silva, “se propone que no constituyan delito de instigación o ayuda al suicidio, las conductas realizadas por el personal de las instituciones de salud facultados, para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Hidalgo”.

Espinosa Silva expuso que “tampoco serán punibles las conductas suscritas y realizadas por el solicitante o representante, conforme a las formalidades y requisitos del Documento de Voluntad Anticipada para efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Hidalgo”.

“La entrada en vigor de la Ley de Voluntad Anticipada para el estado de Hidalgo, en el año 2011, trajo consigo diversas modificaciones, mismas que no han sido consideradas o modificadas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo”, precisó Espinosa Silva.

 Conviene recordar que esta ley, añadió el diputado del GLPRI, “que no cometen el delito de instigación o ayuda al suicidio, las conductas realizadas por el personal de Salud para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada”.

“Esta ley de orden público e interés social regula, entre otras cuestiones, a la eutanasia, y tiene por objeto establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural”, destacó Espinosa Silva.

Espinosa Silva enfatizó que “el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad”.

“Si un enfermo terminal considera que su vida debe concluir, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción”, finalizó.

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