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El Servicio Mundial de Iglesias (CWS) llamó hoy al levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra países como Cuba, Venezuela e Irán, en medio del impacto del coronavirus SARS-Cov2.

A través de un comunicado, la institución con sede en la ciudad norteamericana de Nueva York manifestó que une su voz al creciente número de organizaciones humanitarias y religiosas de Estados Unidos que llaman a un levantamiento inmediato de los castigos impuestos a esas naciones.

Tales sanciones ‘aumentan la dificultad de esos países para proteger a sus poblaciones de la pandemia de la Covid-19 y evitar futuras transmisiones globales’, expresó la agencia humanitaria dedicada a labores como ayuda en casos de desastre y asistencia a refugiados.

Los países castigados por Washington, recordó el texto, incluyen a Irán, Venezuela, Cuba y otros territorios afectados por el coronavirus y que actualmente responden a la pandemia en coordinación y comunicación con la Organización Mundial de la Salud.

‘El tiempo es crítico. La urgencia de actuar se intensifica cada día, y cada vida que se puede salvar, debe salvarse. Todas las personas son igualmente importantes para Dios, ya sean estadounidenses, iraníes o venezolanos’, añadió el comunicado.

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Si bien el gobierno de Estados Unidos tiene serias diferencias con los de los países sancionados, sus pueblos no son nuestros enemigos, apuntó el documento, firmado por el vicepresidente ejecutivo del CWS, Maurice Bloem.

Tanto el imperativo moral como el interés propio de Estados Unidos instan a una acción inmediata para levantar, al menos temporalmente, estas sanciones, reiteró la organización.

Diversas voces dentro y fuera de la nación norteamericana han demandado en las últimas semanas el fin de los castigos de Washington contra Cuba, país que enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero de casi 60 años, Venezuela e Irán.

Este mes un grupo de economistas estadounidenses pidió a la administración de Donald Trump el fin de esas medidas coercitivas, entre ellos Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia.

Sachs consideró ‘imperativo que Estados Unidos levante las sanciones inmorales e ilegales’ para permitir que los países enfrenten la enfermedad de la manera más efectiva y rápida posible.

Asimismo, cubanos residentes en la Unión Europea pidieron ayer a los líderes del bloque interceder ante el gobierno norteamericano para que levante su cerco unilateral contra la isla caribeña.

En las condiciones actuales, es doblemente genocida mantener esa política de bloqueo contra nuestro país, denunciaron en una carta abierta divulgada en Londres, en la cual resaltaron que, al igual que el resto del mundo, Cuba tiene que movilizar recursos para enfrentar la pandemia de la Covid-19. (Prensa Latina)

ener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte, subraya una relatora de derchos humanos, quien también llama a evitar prácticas predatorias por parte de los actores financieros internacionales en vista de las medidas económicas implementadas en diversos países. 

A medida que avanza la pandemia del COVID-19 son más y más los Gobiernos de todo el mundo que ordenan que la gente se quede en la casa para evitar la propagación del coronavirus, una medida necesaria pero que requiere implementarse junto con una serie de disposiciones urgentes para evitar que nadie caiga en situación de indigencia y para garantizar el acceso a una vivienda a adecuada a quienes no la tengan, apuntó este miércoles una experta de la ONU en derechos humanos. 

La relatora especial sobre el derecho a la vivienda expresó especial preocupación por dos grupos de población: los indigentes, los habitantes de albergues o asentamientos informales y quienes han perdido su empleo como consecuencia del cierre de negocios debido a la pandemia y podrían ser desalojados por no pagar sus hipotecas y alquileres. 

“La vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus. Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o muerte”, afirmó Leilani Farha. 

La vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus.

Consideró que para las personas que han perdido su empleo y encaran dificultades económicas, los Estados deben proveer asistencia financiera directa o aplazamiento de pagos de alquileres e hipotecas, implementar una moratoria a los desalojos debidos al atraso de pagos, implementar medidas para reducir o estabilizar los alquileres, y suspender los pagos por servicios públicos, al menos mientras dure la emergencia. 

Evitar prácticas predatorias 

Al referirse a la reducción de las tasas de interés y a los paquetes económicos anunciados para mitigar el impacto económico del COVID-19, advirtió que existe el riesgo de que los actores financieros globales se aprovechen de dichas medidas y usen la pandemia y el sufrimiento de mucha gente para dominar los mercados de vivienda sin respetar los estándares de derechos humanos como lo hicieron después de la crisis financiera mundial de 2008.  

“Los Estados deben evitar las prácticas predatorias de los inversionistas institucionales en el área de los bienes raíces residenciales”, puntualizó Farha.  

Casi dos millones de indigentes 

Actualmente hay cerca de 1800 personas en situación de indigencia o con una vivienda inadecuada en el mundo, de acuerdo con los datos de la experta. 

Esas personas a menudo viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua y saneamiento, lo que las hace particularmente vulnerables a contraer el virus porque, además, suelen padecer múltiples problemas de salud. 

Si bien unos pocos países han tomado provisiones importantes que incluyen moratorias a los desalojos por atraso de pagos de hipotecas o alquiler, aplazamientos de pagos hipotecarios para los afectados por el virus, extensiones de las moratorias de invierno sobre desalojos forzosos de asentamientos informales y mayor acceso a saneamiento y espacios de refugio de emergencia para personas sin hogar; esas medidas no son suficientes y se requieren más esfuerzos para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, indicó Farha. 

“Urjo a los Estados a tomar medidas extraordinarias para garantizar el derecho a la vivienda y así proteger a toda la población de la pandemia”, enfatizó. 

Medidas mínimas 

Poner fin a los desahucios, proveer vivienda de emergencia a los afectados con el virus que deben aislarse, garantizar que la entrada en vigor de prohibiciones no castigue a nadie por su situación de vivienda, proveer acceso igualitario a las pruebas de diagnóstico y a los cuidados de salud, se cuentan entre lo menos que los Gobiernos deben hacer para sortear esta crisis. 

Para dar una vivienda adecuada a quienes más la necesitan, puede precisar de medidas extraordinarias en un estado de emergencia, lo que puede significar la ocupación de unidades vacantes o abandonadas. También se debe ofrecer la posibilidad de alquileres de corto plazo, dijo la relatora. 

“Al asegurar una vivienda segura con saneamiento adecuado, los Estados no sólo protegerán las vidas de quienes ahora no tienen un hogar o viven en asentamientos informales, sino que ayudarán a proteger a la población de todo el mundo a detener la propagación del COVID-19”, concluyó la relatora especial.  

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

La crisis expondrá la medida en que los beneficios de décadas de progreso social y económico han llegado a los más vulnerables, han asegurado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia de Refugiados, Filippo Grandi, en un mensaje conjunto a la humanidad, en el que señalan que cómo respondamos a esta crisis ahora sin duda dará forma a esos esfuerzos en las próximas décadas.

“Si alguna vez necesitábamos recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho evidente. Ningún país puede abordar esto solo, y ninguna parte de nuestras sociedades puede ser ignorada si queremos enfrentar efectivamente este desafío global”, aseguran en una declaración conjunta Michelle Bachelet y Filippo Grandi, los dos Altos Comisionados de la ONU para los Derechos Humanos y Refugiados, respectivamente.

En un artículo publicado en The Guardian, los líderes de la ONU afirman que el Covid-19 es una prueba no solo de nuestros sistemas y mecanismos de atención de salud para responder a enfermedades infecciosas, sino también de nuestra capacidad de trabajar juntos como una comunidad de naciones ante un desafío común.

Las próximas semanas y meses desafiarán la planificación nacional para crisis y los sistemas de protección civil.

“Es una prueba de la medida en que los beneficios de décadas de progreso social y económico han llegado a quienes viven al margen de nuestras sociedades, más lejos de las palancas del poder”.

Según Grandi y Bachelet, las próximas semanas y meses desafiarán la planificación nacional para crisis y los sistemas de protección civil, y ciertamente expondrán las deficiencias en saneamiento, vivienda y otros factores que dan forma a los resultados de salud.

Las barreras para la atención médica

“Nuestra respuesta a esta epidemia debe abarcar, y, de hecho, centrarse en aquellos a quienes la sociedad a menudo descuida o relega a un estado menor. De lo contrario, fallará. La salud de cada persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la comunidad. La prevención de la propagación de este virus debe garantizar un acceso equitativo al tratamiento”.

Eso significa superar las barreras existentes para una atención médica accesible y asequible, y abordar el tratamiento diferencial arraigado en función de los ingresos, el género, la geografía, la raza y el origen étnico, la religión o el estatus social.

Además, según los Altos Comisionados, superar los prejuicios sistémicos que pasan por alto los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas, o, por ejemplo, limitar el acceso y la participación de los grupos minoritarios, será crucial para la prevención y el tratamiento eficaces del Covid-19.

“Es probable que las personas que viven en instituciones, los ancianos o los detenidos, sean más vulnerables a la infección y deben abordarse específicamente en la planificación y respuesta a las crisis”.

Hay que proteger a los migrantes y refugiados

Los migrantes y los refugiados, independientemente de su estatus formal, deben ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales para combatir el virus.

“Muchas de estas mujeres, hombres y niños se encuentran en lugares donde los servicios de salud están sobrecargados o inaccesibles. Pueden estar confinados en campamentos y asentamientos, o vivir en barrios marginales urbanos, donde el hacinamiento y el saneamiento con pocos recursos aumentan el riesgo de exposición”, afirman Bachelet y Grandi.

Los expertos aseguran que se necesita con urgencia apoyo internacional para ayudar a los países de acogida a intensificar los servicios, tanto para los migrantes como para las comunidades locales, e incluirlos en los acuerdos nacionales de vigilancia, prevención y respuesta. De lo contrario, se pondrá en peligro la salud de todos y se arriesgará a aumentar la hostilidad y el estigma.

También es vital que cualquier ajuste de los controles fronterizos, restricciones de viaje o limitaciones a la libertad de movimiento no impidan que las personas que huyan de la guerra o la persecución y puedan acceder a la seguridad y la protección.

Hay que luchar contra el estigma

“Más allá de estos desafíos muy inmediatos, el camino del coronavirus también pondrá a prueba nuestros principios, valores y humanidad compartida”, advierten los Altos Comisionados.

Al extenderse rápidamente por todo el mundo, con la incertidumbre en torno al número de infecciones y con una vacuna todavía a muchos meses de distancia, el virus está generando profundos temores y ansiedades en individuos y sociedades, agregan.

“Indudablemente, algunas personas sin escrúpulos buscarán aprovechar esto, manipulando temores genuinos y aumentando las preocupaciones. Cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción, los chivos expiatorios nunca están lejos. Ya hemos visto ira y hostilidad dirigidas a algunas personas de origen del este asiático”.

Según Grandi y Bachelet, si esto no se controla, el impulso de culpar y excluir puede extenderse pronto a otros grupos: minorías, marginados o cualquier persona etiquetada como «extranjero».

Cuando el miedo y la incertidumbre entran en acción, los chivos expiatorios nunca están lejos (...) Sin embargo, el coronavirus en sí no discrimina.

Además, las personas en movimiento, incluidos los refugiados, pueden ser particularmente atacadas. Sin embargo, el coronavirus en sí no discrimina: las personas infectadas hasta la fecha incluyen turistas, empresarios internacionales e incluso ministros nacionales, y se encuentran en decenas de países, que abarcan todos los continentes.

“El pánico y la discriminación nunca resolvieron una crisis”, afirman, resaltando que los líderes políticos deben tomar la iniciativa, ganarse la confianza a través de información transparente y oportuna, trabajar juntos por el bien común y capacitar a las personas para que participen en la protección de la salud.

“Ceder espacio para los rumores, la propaganda del miedo y la histeria no solo obstaculizará la respuesta, sino que puede tener implicaciones más amplias para los derechos humanos, el funcionamiento de instituciones responsables y democráticas. Ningún país en la actualidad puede protegerse del impacto del coronavirus, tanto en sentido literal como demuestran la caída de los mercados bursátiles y las escuelas cerradas, como económica y socialmente”.

Una respuesta de salud

Los altos comisionados aseguran que se necesita una respuesta internacional al virus que garantice que los países en desarrollo estén equipados para diagnosticar, tratar y prevenir esta enfermedad será crucial para salvaguardar la salud de miles de millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud está proporcionando su experiencia, vigilancia, sistemas, investigación de casos, rastreo de contactos e investigación y desarrollo de vacunas.

Es una lección que la solidaridad internacional y los sistemas multilaterales son más vitales que nunca, dicen Bachelet y Grandi.

“A largo plazo, debemos acelerar el trabajo de construcción de servicios de salud pública equitativos y accesibles. Y cómo respondamos a esta crisis ahora sin duda dará forma a esos esfuerzos en las próximas décadas. Si nuestra respuesta al coronavirus se basa en los principios de confianza pública, transparencia, respeto y empatía por los más vulnerables, no solo defenderemos los derechos intrínsecos de cada ser humano. Utilizaremos y construiremos las herramientas más efectivas para asegurarnos de superar esta crisis y aprender lecciones para el futuro”, concluyen.

El golpe de Estado en Bolivia le sirvió a Estados Unidos para intensificar su estrategia política en la región. Este asalto militar derribó a un gobierno incómodo a Washington y, de paso, avanzó en la destrucción de las colaboraciones la administración de Evo Morales con otros gobiernos progresistas de América Latina, siendo esto también, una agresión sobre esas naciones. Sin duda la más afectada de estas es Cuba.

Para nadie es un secreto que uno de los más cercanos aliados de Evo Morales fue la República cubana. Desde que el indígena Aymara ascendió al poder, convenió con el gobierno de la isla una amplia agenda de colaboración médica. De tal modo, los famosos médicos cubanos arribaron al país sudamericano para brindar atención a poblaciones apartadas, ahí donde la infraestructura boliviana no podía llegar.

Desde el 2008 la embajada de EE.UU. en Bolivia ha utilizado a ciudadanos estadounidenses para espíar las colaboraciones médicas cubanas.

Tras el Golpe, el gobierno de facto colocó una diana sobre estas brigadas y disparó una violenta campaña en su contra. Esta ha incluido propaganda sucia en medios de comunicación, hostigamiento y allanamiento ilegal de las viviendas donde han residido los especialistas cubanos.

¿Dónde entra Estados Unidos en todo esto?

Al revisar un reporte del diario digital estadounidense The Real News.com podemos encontrar que desde el año 2008 la embajada de Estados Unidos en Bolivia ha utilizado a ciudadanos estadounidenses para recopilar información sobre las colaboraciones médicas cubanas en ese país.

Según los testimonios, la maniobra fue dirigida por el asesor en seguridad de la sede de Washington en La Paz, Vincent Cooper, quien reclutaba a estadounidenses en el país andino para tareas de espionaje sobre cualquier persona de origen cubano o venezolano en Bolivia.

De tal modo, El Golpe de noviembre de 2019 desató el antiguo deseo estadounidense de ahorcar la presencia cubana en Bolivia.

El bombero Freddy Medinacelli

Para esto, Washington se ha valido de un coronel del Ejército boliviano de nombre Freddy Medinacelli quien, hasta el año 2018, era subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la policía boliviana, la misma que inició el Golpe contra Evo Morales.

Medinacelli ya no tiene cargo en la policía, pero, de algún modo, se convirtió en subdirector de la Unidad de Bomberos en La Paz (o al menos así es presentado por la prensa local).

Todo el mundo sabe a qué se dedica un bombero, ¿cierto? y que su labor es voluntaria. Pero el bombero Medinacelli es un caso especial en el mundo, pues es el único en su oficio que goza de la protección de la policía y el régimen para dirigir cateos y allanamientos armados; en este caso, a los hospedajes de las brigadas médicas cubanas.

Así, a principios de noviembre de 2019, el bombero Medinacelli allanó una casa donde residía un grupo de médicos. Ni la policía, ni nadie metió las manos. Al parecer, bajo el nuevo régimen boliviano es normal que un bombero realice tareas judiciales.

«Tenemos que decir fuera cubanos, mueran cubanos»

Por supuesto, Medinacelli se dio el lujo de hacer declaraciones a la prensa, a la cual, por alguna razón, no le cayó extrañó que un bombero cateara la vivienda de unos extranjeros, pues no hicieron ninguna pregunta relacionada a esto. Ahí, esta especie de súper-bombero, calificó la residencia como un “búnker de cemento” donde había “yacuzzis” y “documentos sospechosos” los cuales sustrajo y entregó a régimen golpista, según reportó el medio Página 7.

¿Cómo se llega a ser un súper-bombero como Medinacelli?

Si revisamos los antecedentes, encontraremos que las acciones de Medinacelli son un eco de lo dicho por el ex coronel boliviano Julio César Maldonado Leoni, presidente del golpista Comité Militar Nacional, quien propuso acciones contra la Embajada de Cuba y sus funcionarios, e instruyó “infundir miedo y odio hacia los cubanos para que abandonen el país”, según audios revelados por varios medios de prensa como Telesur, en los cuales se exhiben los presuntos planes para el Golpe contra Evo Morales.

En esos audios también se escucha a los golpistas planear la difusión de una campaña xenofóbica contra Cuba: “Tenemos que decir fuera cubanos, mueran cubanos. (…) Quien gobierna el país son los cubanos”, dijo un militar no identificado.

El reconocido líder golpista, Luis Fernando Camacho, “recibe indicaciones” de Rolf A. Olson, jefe político de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Pero, sin duda lo más interesante de estos audios es que en ellos se informa que el reconocido líder golpista, Luis Fernando Camacho, “recibe indicaciones” de Rolf A. Olson, jefe político de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Y como en política nada es coincidencia –mucho menos en política exterior estadounidense–: Olson fue visto merodeando la casa de los médicos cubanos allanada por Medinacelli.

Así, con al menos la anuencia del gobierno de Estados Unidos, el régimen golpista puso fin a la colaboración de  17 mil 684 profesionales de la salud cubanos que han laborado en Bolivia, quienes realizaron más de 73 mil 330 consultas médicas y 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas.

¿Quién verá ahora por esas familias enfermas? Sin duda no será Rolf Olson, ni Medinacelli o la presidenta de facto, Jeanine Añez.

Cruzada anti-cubana

El asedio de Estados Unidos sobre las brigadas médicas cubanas en Bolivia es parte de una cacería global.

El imitador de Donald Trump en Brasil, Jair Bolsonaro, ya se había dado a la tarea de hostigar a más de ocho mil quinientos médicos cubanos, de los más de veinte mil que laboraban en el gigante sudamericano desde el 2013. Les acusó de guerrilleros y, para no echarlos, les prometió que podían quedarse en el país si renunciaban a su misión. Por supuesto, La Habana retiró a sus especialistas. Y más de 113 millones de pacientes –sobre todo indígenas del Amazonas–, se quedaron sin atención sanitaria.

¿Por qué Estados Unidos se interesa en asediar así a las misiones médicas que Cuba tiene por el mundo?

La USAID puso a Cuba en su “lista negra” de “traficantes de personas” y “trabajo forzoso”.

Porque estos convenios le representan a la isla ingresos económicos hasta por 6 mil millones de dólares, según datos oficiales de la isla. Los países pagan por la expertise cubana, cuyas misiones van a donde los médicos locales no quieren o no pueden ir.  Y a veces –sobre todo en países pobres de África y el Caribe–, suele La Habana no cobran ni un peso. Son más de 500 mil médicos repartidos en 67 países. Son más de 36 mil médicos formados por Cuba provenientes de 180 naciones, sobre todo, del tercer mundo.

El asedio de Estados Unidos contra las misiones médicas cubanas comenzó cuando a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, dependiente del Departamento de Estado de EE.UU., puso a Cuba en su “lista negra” de “traficantes de personas” y “trabajo forzoso”. El régimen de Trumo cree que la labor de los médicos cubanos en el mundo es un delito, según reveló el periodista Tracey Easton para el portal Cuban Money Project.

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Además de Bolivia, se han hostigado a estas misiones en El Salvador, Ecuador, Brasil y Kenia. Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, denunció a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos paga hasta tres millones de dólares para perseguir a los médicos de la isla.

«EEUU ofrece hasta tres millones de dólares para perseguir a Cuba por ayudar a salvar vidas en el mundo. Falacias, mentiras, villanía y prepotencia imperial que no entiende de humanos valores. Nuestras misiones médicas son Cuba», dijo.

No obstante, las brigadas médicas cubanas se han vuelto famosas por combatir el ébola en Africa, el cólera en Haití y la ceguera en Latinoamérica. La Brigada Médica “Henry Reeve” salvó a Ecuador del dengue y atendió a miles de personas en desastres naturales en Pakistán, México, Venezuela, Chile, Perú e Indonesia.

Pero Trump y sus seguidores no entienden de humanismo; lo único que saben es hacer la guerra, absurda y criminal.

Un texto para DESDEABAJO.MX de LUIS VEGA GONZÁLEZ, Internacionalista chileno que acompañó por años el proceso político en Bolivia. Ex combatiente contra la dictadura de Pinochet.

Hoy la derecha Boliviana y sus aliados, la clase media, son la fuerza material principal de la contra-revolución. Y como en todo formato golpista, definieron la situación a favor del golpismo apelando a la policía y las Fuerzas Armadas. Pero para entender lo que paso con la consumación del golpe de Estado y la renuncia del hermano Evo Morales, hay que mirar un poco hacia atrás.

Uno de los objetivos que se puso el Estado plurinacional después de la Asamblea Constituyente era sacar a Bolivia de la pobreza. Trece años de esfuerzos dio resultados: bonos sociales, el mayor crecimiento económico de América en los últimos años y, la guinda de la torta: los dos millones de bolivianos y bolivianas que salieron de la pobreza y hoy son —o se sienten— “clase media”, sector social permeado por la despolitización, el individualismo y desprecio a todo a lo que parezca indio o campesino originario. Son los nuevos elegidos, junto a sus hijos, la juventud democrática (entre comillas), que dice que Evo tiene que renunciar, aunque haya ganado. Para ellos ya no es tiempo de indios.

¿Pero donde esta la “clase media”? En ministerios, viceministerios e instituciones estales, en empresas del estado y universidades.

La asamblea constituyente rompió con la República colonial y puso como horizonte el Estado plurinacional; pero lo real es que no hubo un cambio real en la estructura interna del Estado. Hasta el día de hoy en las instituciones se convive con el Estado colonial, una falta de compromiso brutal con el proceso de cambio y el presidente; no había unidad de acción en las políticas públicas.

Desde antes de iniciada la campaña electoral, no se entendió que estaba en juego el destino de Bolivia, el cual comenzó con los primeros ataques a la autoridades del tribunal electoral. Se siguió funcionando como si fuera una simple elección; asistir a unas cuantas concentraciones y salir a pintar algunas noches. Nada de política, nada de contenidos. Un lugar como el ministerio de Culturas y Turismo se dedicó a promover los platos y banderas como si se estuviera en una fiesta. Viceministros sin peso político, el viceministerio de descolonización que surgió de las luchas de nuestros pueblos indígenas originarios, anulado políticamente.

El trabajo de tres años con jóvenes formados en reforzamiento de la identidad, en los saberes y conocimientos ancestrales, a través de la entrega y lectura del libro la “Revolución India” de Fausto Reinaga, desvalorizado, perseguido, reducido a un pequeño grupo de compañeros que, hasta el último, pudo mantener el proyecto de formación de valores a los jóvenes.

La mirada durante la campaña fueron las comidas Curmis (comidas del arcoíris), los talleres con ONG de la alimentación. La unidad de despatriarcalización se transformó en el encuentro de sectores medios con “mirada feminista” y qué decir de la Unidad de lucha contra el racismo y toda forma de Discriminación; una unidad burocrática, sin iniciativa política, no entendiendo el momento que se vivía desde antes de iniciada la campaña electoral.

Los actos de racismo fueron permanentes y nada se dijo, se dejo hacer. ¿Cómo seria en otros ministerios?

Estos son los comportamientos de la clase media pendular, vacilante, despolitizada, la que pedía “paz social” y vio dos bandos, la derecha y el pueblo que respondía a las agresiones muy tímidamente.

Este sector que se creía los nuevos dioses, la intelectualidad del proceso, le pidieron al indio y a sus organizaciones originarias campesinas que se queden en sus comunidades y que esperen la orden, porque ellos los llamarían cuando fuese necesario, algo que nunca hicieron. Prefieren a la OEA, a los organismos internacionales, a sus amigos en el extranjero, que con declaraciones de apoyo a la democracia los ayudarían, que los harán ver como no violentos, actuando en forma “políticamente correcto”. Haber seguido este camino, definió la situación a favor del golpe de Estado.

La oposición de la derecha fascista tenia una agenda clara; comprendió el momento político, no vaciló en ningún momento y actúo en consecuencia. Del lado de los revolucionarios se vaciló y se dejó el proceso en manos de las instituciones internacionales, las policías y Fuerzas Armadas.

Se pidió hasta el cansancio que las comunidades no actuaran, en nombre de la “paz social”. El pueblo que fue actor principal desde antes de inicio del proceso de cambio fue relegado a “masa subordinada a la elite del proceso”. El inmovilismo social durante los últimos días fue la tumba del proceso de cambio y permitió consumar la agenda golpista y la perdida total de la iniciativa política por parte del gobierno y sus autoridades.

En estos momentos, Bolivia iniciará la larga noche del fascismo. Sólo queda luchar y resistir, acompañar a nuestros hermanos Bolivianos es la tarea de todos revolucionarios.