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Es del mundo conocido la supeditación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a los designios exteriores de la administración Trump. En específico, a la cabeza formal de la Organización de los Estados Americanos lo persigue obsesivamente la intención de derrocar al gobierno de Venezuela, obedeciendo para ello la estrategia de la Casa Blanca en Latinoamérica.

Pero las cosas no le han salido del todo bien a Luis Almagro. Para empezar, Nicolás Maduro continúa despachando en el Palacio de Miraflores y los amarres hechos por el secretario general con el objetivo de golpear a Caracas, ya le vienen cobrando factura, ganándose el descrédito de otrora países aliados como Canadá, Costa Rica y Panamá.

La precariedad de su gestión lo está obligando –en concordancia con Estados Unidos–, a intentar adelantar las elecciones a la secretaría general de la OEA, buscando reelegirse. Pero si  dichos comicios son en el próximo año 2020, ¿cual es la prisa de Almagro?

La respuesta a esa pregunta se haya en el tiempo mismo, ya que, de aquí al 2020, el liderazgo de Almagro se vería debilitado de tal manera que los países bien podrían materializar esos comentarios que poco a poco han ido creciendo al tono de: ¿Y si ponemos a alguien más a cargo?

Para empezar, Almagro tiene una fuerte oposición en el bloque de la comunidad de países del Caribe, la CARICOM. Las naciones insulares opinan que el actual secretario general de la OEA ha hecho poco, sino es que nada, por ellos, por lo cual estarían bien dispuestos a apoyar un golpe de timón.

A estos se suman los países progresistas de la región. Hablo de México, Uruguay, Bolivia y hasta Nicaragua, quienes claramente echan vistas negativas a la gestión de Almagro, principalmente por su escandalosa actuación en el caso Venezuela, coronada por la integración forzada del opositor Gustavo Tarré como «representante» por Venezuela, lo cual friccionó las de por sí desgastadas relaciones en la organización.

Tan nefasta fue la inclusión no pedida de Tarré, que países como Canadá, Panamá y Perú se atrevieron a cuestionar su legalidad, por lo cual ven que con Almagro no es será posible un resurgimiento de la OEA y estarían en disposición de votar una mejor propuesta.

A esto se suma que el clima interno en la OEA está erosionado, debido a las acusaciones que pesan sobre Almagro de corrupción, falta de ética, malos procedimientos y sometimiento político.

Dos casos yacen sobre los hombros del secretario general, los cuales tienen a las naciones al punto de echarlo de la silla de la OEA:

Uno, la negociación de Almagro con el gobierno hondureño para el debilitamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, a cambio de su apoyo contra Venezuela. Y dos, haber acordado con el ex presidente brasileño Michel Temer, ocupar el dinero que Brasil le adeuda a la OEA (Brasil es país que más dinero le debe a la organización), para financiar operaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos contra el gobierno de Nicolás Maduro; a cambio, Luis Almagro haría silencio cómplice sobre los casos de corrupción que se asestan sobre  Brasilia. 

Estos dos escándalos, sumados a la imposición de un opositor venezolano en la mesa de la OEA, tienen a los países considerando que, llegadas las elecciones, votarán contra Almagro. El problema es que no tendrían por ahora con quien sustituirlo; por esto, tanto al uruguayo como a los Estados Unidos, les urge adelantar las elecciones.

Reelección echada a andar

Por supuesto, las consideraciones contrarias a Almagro ya son tomadas en cuenta por Estados Unidos que, desde la Casa Blanca, opera para debilitar la oposición regional a su alfil.

El pasado 22 de marzo, el presidente Donald Trump se reunió en su residencia lujosa de Mar-a-Lago, Florida, con representantes de los países que integran la CARICOM con el objetivo de «explicarles la transición democrática en Venezuela».

Al encuentro acudieron los representantes de República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Haití y Santa Lucía, a quienes Trump les prometió que su gobierno les daría «estatus prioritario» para la llegada de dinero a sus territorio y otras ayudas en materia de inversión, desastres naturales y seguridad.

Por su parte, el secretario general estadounidense, Mike Pompeo, ha sostenido reuniones fuera de agenda con el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura, para «compartir visiones» sobre Venezuela. Tales encuentros paranada han sido fortuitos, toda vez que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha mantenido posiciones progresistas que incomodan a Estados Unidos.

De tal modo, Washington no ha dudado en provechar su posición al frente del consejo permanente de la OEA para intentar adelantar las elecciones y colocar a Almagro en un nuevo periodo, coincidente con una posible reelección de Donald Trump en la Casa Blanca.

Sin duda están haciendo sus esfuerzos, pero nadie sabe si lo logrará o no. Los países reclaman que la obsesión de Almagro con Venezuela ha desgastado a la OEA y le ha distraído de temas urgentes como la contención del cambio climático en el continente, el reajuste del presupuesto de la organización –lo que incluye la redistribución de las cuotas de los países miembros para cortar la dependencia de Estados Unidos–, corrupción y la apremiante situación migratoria.

Qué tan forzada parece una reelección de Almagro y un posible adelanto de las elecciones, que sería el primer candidato no propuesto por su país de origen, ya que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo a todas luces que su gobierno no apoyará la reelección de su paisano. Tal desaseo tiene al vilo del ridículo a la OEA, por lo que parece convenir que, para su bien y el del continente, lo mejor es que Luis Almagro se vaya de una buena vez.

Frente a las amenazas comerciales de Donald Trump al gobierno de México por el tema migratorio, la República de Cuba expresó su solidaridad con la nación y subrayó que esto es parte de la Doctrina Monroe estadounidense, la cual indica que «América es para los americanos (estadounidenses)».

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermudez, calificó en Twitter como «medidas coercitivas, discriminatorias y arbitrarias» las impuestas por Donald Trump contra México, en las cuales amenaza con cobrar un cinco por ciento de impuestos arancelarios escalonados al paso de los meses , con el pretexto de que el país no detiene la migración hacia Estados Unidos.

«De América somos», dijo el presidente cubano en sendos tweets en español y en inglés, siendo, hasta ahora, el único Estado en el mundo que se expresa en esos términos ante la andanada de la Casa Blanca.

Del mismo modo, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrila envió un mensaje de solidaridad con México respaldado la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que, para frenar la migración, se requiere «cooperación para el desarrollo».

El canciller cubano fue más allá y calificó de «coercitivas, discriminatorias, imperialistas y arbitrarias» las medidas de Trump y encasilló a estas como parte de la llamada Doctrina Monroe basada en la política de «América para los americanos (estadounidenses)».

México y Cuba gozan de una «relación cercana», según lo calificaron los cancilleres de ambos países, Marcelo Ebrard y Bruno Rodríguez, quienes se reunieron en la Ciudad de México el pasado catorce de mayo. De tal modo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha expresado su solidaridad con la República cubana ante la aplicación del asedio comercial y económico contra la Isla basado en la Ley Helms-Burton.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, está de gira en México y se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, en un encuentro en el cual ambos países acordaron seguir estrechando relaciones y declarar que Latinoamérica y el Caribe es una zona de paz.

La Cancillería cubana calificó el evento un cordial encuentro donde ambos cancilleres ratificaron la voluntad de aprovechar las oportunidades que ofrece el positivo estado de las relaciones bilaterales y se comprometieron en trabajar para consolidarlas, en especial en materia económico-comercial y migratoria.

Ebrard y Rodríguez Parrilla intercambiaron sobre temas de mutuo interés en los ámbitos regional e internacional y coincidieron en preservar los principios refrendados en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Canciller mexicano estuvo acompañado por Miguel Ignacio Díaz Reynoso, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores y embajador designado en Cuba.

Por la parte cubana, además, estuvieron presentes el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, y el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenio Martínez Enríquez.

El gobierno mexicano reiteró este miércoles su rechazo a la aplicación de título III de la ley Helms-Burton, que ejerce Estados Unidos sobre Cuba, y dijo que protegerá jurídicamente a las empresas de la nación azteca que puedan verse afectadas.

“Al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior”, dijo la cancillería en un comunicado oficial.

El texto explica que la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Helms-Burton, es una norma estadounidense en vigor desde marzo de 1996, y que contempla distintas acciones para fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido sobre Cuba.

Agrega que, desde su entrada en vigor, el gobierno estadounidense mantuvo suspendido el Título III de esta Ley, el cual permite a ciudadanos de ese país entablar acciones legales en tribunales norteamericanos por la explotación comercial de los bienes que les fueron nacionalizados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959.

Sin embargo, el pasado 2 de mayo dicho Título fue activado por decisión de Washington.

Lo anterior, agrega, significa que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad nacionalizada a un ciudadano estadounidense, corre el riesgo de ser demandada ante tribunales norteamericanos.

Aclara la nota que para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la Helms-Burton, México cuenta con la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, en vigor desde octubre de 1996.

Entre otros puntos, señala la obligación de los tribunales nacionales de denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con base en la Ley Helms-Burton, así como la prohibición a todas las personas (físicas, morales, públicas o privadas) de proporcionar cualquier información requerida por tribunales o autoridades extranjeras con base en dicha ley.

Además, señala la existencia de una reclamación “espejo” a través de la cual las personas afectadas por la aplicación de la Helms-Burton podrán demandar ante tribunales nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes estadounidenses y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que fueron condenados en Estados Unidos.

(Con información de Cubadebate)

El fracasado intento de golpe de Estado en Venezuela, ocurrido entre la madrugada y la mañana del martes treinta de marzo, confirma mi sospecha sobre de la capacidad real de la oposición venezolana y el poder (mermado ya) de convocatoria del diputado Juan Guaidó. Los pequeños grupos de soldados que acompañaron la aventura del autoproclamado “presidente interino” fueron disminuidos sólo con gases lacrimógenos y ninguna figura anti-chavista asomó la cabeza durante esas horas.

¡Caracoles! ¿Y ahora qué hacemos, Juan Guaido?, reclamarán sus seguidores.

No obstante el golpe desinflado, debe recordarse que esta es una continuada travesía por parte de Estados Unidos y sus aliados en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile para intentar derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La experiencia nos dicta que el fracaso de la llamada “Operación Libertad” no será más que otro capítulo en la empecinada campaña golpista y pronto tendremos más noticias de acciones beligerantes.



Desde Colombia han sido infiltradas en Venezuela varias organizaciones violentas con el objetivo de continuar el Golpe.

A la sazón: Yacen en Venezuela bandas paramilitares entrenadas en Colombia y otros grupos criminales que participan en las movilizaciones convocadas por la oposición para generar inestabilidad en el país. Su ilusión final es tomar el palacio presidencial de Miraflores y, ¿por qué no?, intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Principalmente la agrupación paramilitar denominada “Comités de Ayuda y Libertad” continuará con los intentos de tomar la sede del gobierno venezolano. Se trata de la agrupación juramentada por el diputado Juan Guaidó, encargada de la “Operacion Libertad”; es decir, de la ejecutora del intento de Golpe. Se proponen concentrar mucho más gente de la que podría convocar el chavismo, para tomar Miraflores por la fuerza.

En tanto, desde Colombia han sido infiltradas en Venezuela varias organizaciones violentas integradas por paramilitares colombianos, narcotraficantes, ex militares venezolanos, pandillas centroamericanas y organizaciones delincuenciales locales, agrupándose en comandos de fuerzas especiales conjuntas con el objetivo de continuar el Golpe de Estado.

Se pretende replicar el escenario de las llamadas “Guarimbas” del año 2017 –escenarios de guerra civil alentadas por la oposición que dejaron al menos ochenta muertos y más de mil quinientos heridos, la mayoría partidarios chavistas–. La escalada de violencia pretenderá justificar una intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela.

No es casualidad entonces la presencia en sudamérica del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, quien entre el veintidós y el veinticuatro de abril se reunió en Bogotá con los altos jefes militares de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil en la llamada Conferencia Multilateral Fronteras 2019.

La gira de Faller coincide con la instigación paramilitar alentada por Colombia hacia el gobierno de Venezuela y con las declaraciones de Elliot Abrams, el halcón encargado por Trump para la crisis venezolana, sobre un posible derrocamiento violento del presidente Maduro.


No es casualidad la presencia en sudamérica del jefe del Comando Sur de los EEUU, Craig Faller, quien se reunió con altos jefes militares de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

Pero fracasado el intento de Golpe de Guaidó –cuyo saldo se reduce a la huída de su co-golpista Leopoldo López hacia la Embajada de Chile, primero, y a la España, después; así como la de los soldados desertores venezolanos hacia la representación de Brasil (por cierto, ¿hacia dónde huyó Guaidó?)–, ¿qué queda en la estrategia de la disminuida “Operación Libertad”?

Un escenario similar al de Siria se vislumbra en el horizonte, donde las bandas paramilitares se atrincheren en algún Estado de la frontera colombo-venezolana como Zulia o Táchira, donde tienen lugar los más fuertes estragos del cerco económico de la oposición hacia el gobierno de Maduro y el descontento persiste. Entonces, agrupar energía hasta crear un bastión independiente como lo fue Alepo y, desde ahí, lanzar una ofensiva armada contra Miraflores.

Claro que en Siria este plan resulto por un tiempo, gracias al apoyo táctico y financiero de Estados Unidos. Tiempo después del cual, el terrorismo fue derrotado estrepitósamente. ¿Quién podría apostar que en Venezuela no pasará lo mismo?